El soberano sube al bus

El plan de gobierno de la Presidenta electa Laura Fernández, en materia de transporte público, tiene un rasgo que conviene subrayar: no parte de inventar el sistema, sino de ordenarlo y modernizarlo. Y eso es exactamente lo que el país necesita. El transporte público hoy es, para demasiadas personas, sinónimo de desorden: tiempos inciertos, trámites lentos, inversión contenida y una experiencia de viaje que no compite con el vehículo privado. Si el nuevo gobierno quiere resultados tangibles para los costarricenses, la pregunta decisiva no es quéhacer —eso ya está diagnosticado— sino cómo hacerlo y en cuánto tiempo.

La primera condición para “mover el bus” es acelerar la capacidad de gestión del Estado sobre el sistema: regulación que opere, trámites que fluyan y reglas que den confianza. Las empresas requieren estudios operativos actualizados y procesos tarifarios oportunos; cuando esos insumos se atrasan, se frena lo esencial: la inversión. Si una empresa no sabe cuándo podrá ajustar su estructura operativa o cuándo obtendrá una tarifa de equilibrio ante un ajuste ordinario, el resultado es predecible: pospone flota, pospone tecnología y pospone mejoras al usuario. Modernizar empieza por desbloquear el día a día.

La segunda decisión es reconocer que el recambio de flota requiere de vehículos financieros modernos. La flota de buses del país tiene una antigüedad promedio reportada alrededor de los 12 años lo cual hace urgente la necesidad de renovación. Si queremos buses más confiables, más accesibles y más limpios, debemos superar el esquema tradicional de financiamiento “unidad por unidad”, “por empresa” y avanzar hacia estructuras sistémicas: incentivos que canalicen inversión privada, mecanismos que aprovechen rentas urbanas asociadas al uso del espacio, instrumentos para internalizar externalidades, y —sobre todo— estructuras que bajen riesgo y permitan movilizar capital privado y recursos públicos con visión de industria.

Tercero: profundizar el pago electrónico. Aquí Costa Rica ya tiene una plataforma país que, bien utilizada, cambia las reglas del juego. SINPE-TP no es solo un medio de cobro: es infraestructura de datos. Bien implementado, permite conocer demanda real, horarios efectivos, patrones de uso y desempeño por ruta; es decir, habilita una rectoría moderna. Además, el Banco Central mantiene información pública del sistema y sus componentes, lo cual refuerza transparencia y trazabilidad.

Cuarto: la transición tecnológica de la flota —incluida la electromovilidad— exige seriedad. Electrificar no es solo comprar buses eléctricos: es infraestructura de carga, adecuación de patios, continuidad operativa y un esquema financiero viable. Lo que acelera la electromovilidad no es la prisa, sino la secuencia correcta: seleccionar rutas compatibles, construir pilotos que demuestren desempeño y costo total, y luego escalar con reglas estables. Lo que hoy existe en el mercado sobre electromovilidad de autobuses no es todavía un modelo escalable.

Quinto: evitar dar reversa. Estamos hablando de un sistema que moviliza diariamente a cerca de 900 mil personas. Cada mejora impacta en la productividad, acceso a empleo, educación y calidad de vida. El país no necesita más rondas de diagnósticos; necesita ejecución. Y ejecución significa pensar el transporte público como parte de un ecosistema: buses coordinados con tren, taxis y plataformas, bajo un marco institucional capaz de liderar y una legislación que premie inversión, cumplimiento y servicio.

Si el soberano quiere un país más competitivo, el transporte público es un atajo inevitable. Desde aquí al cierre de década se presenta como un escenario insuperable para mostrar avances concretos en esta actividad.

Bernal Rodríguez, Economista