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"El sistema nos educa para prever, ahorrar y protegernos… hasta que cumplimos 75 años. Ahí, el sistema se protege de nosotros."
Octubre es el Mes de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica. Un mes para honrar, agradecer y visibilizar la sabiduría, la entrega y el legado de quienes han construido este país con trabajo y dignidad.
Pero también es un mes para denunciar lo que, en silencio, ocurre en los escritorios fríos de las aseguradoras: una forma institucionalizada de abandono financiero y exclusión hacia las personas mayores.
Una historia que no debería repetirse
Esta es la historia real de una mujer costarricense que, a los 59 años, decidió actuar con responsabilidad: contrató un seguro médico privado con el Instituto Nacional de Seguros (INS), pensando en no ser una carga para nadie el día que su salud le pasara la factura.
Por 15 años pagó rigurosamente su póliza, nunca falló, nunca abusó del sistema, y tampoco presentó enfermedades que justificaran aumentos extraordinarios.
De premio a castigo
El contrato era claro: una cobertura de $200,000 dólares y una prima trimestral de $1,100 dólares. Hasta que cumplió 75 años.
Fue entonces cuando el sistema le cambió las reglas. De pronto, el INS le comunicó que debía elegir entre dos escenarios, ambos punitivos:
- Escenario 1: Reducir su cobertura a $60,000 dólares, pero seguir pagando $1,874 trimestrales, es decir $774 más por menos cobertura.
- Escenario 2: Mantener su cobertura de $200,000 dólares, pero pagar $3,258 trimestrales, un aumento de $2,158 cada tres meses. Un total de $13,032 anuales.
Todo esto, además, a pesar de que los exámenes médicos actualizados —requeridos por el mismo INS— confirmaron que su salud es óptima.
La afectada ya ha tenido que pagar dos cuotas bajo este nuevo esquema, por un total de $4,918.80 en seis meses. A sus 75 años, y después de haber hecho todo bien, el sistema le responde:
“Usted ahora nos cuesta demasiado.”
¿Dónde está la solidaridad que pregonan?
El INS se ha consolidado históricamente como una institución sólida, patriótica y comprometida con la seguridad del país. Pero este caso abre una grieta alarmante:
¿Qué tipo de mensaje se le envía a los adultos mayores que cumplieron con su parte del contrato, cuando el sistema les da la espalda justo cuando más lo necesitan?
Si esta póliza fuera de vida, el esquema sería distinto: se premia la permanencia, se estabiliza la prima. Pero en salud privada, el sistema parece diseñado para recaudar mientras el asegurado está sano y expulsarlo cuando entra en la etapa vulnerable.
¿Y la regulación?
La Superintendencia General de Seguros (SUGESE) no ha establecido lineamientos que obliguen a las aseguradoras a mantener condiciones estables y justas para las personas de edad avanzada, aunque hayan sido aseguradas fieles por más de una década.
No existen normas que protejan la antigüedad ni la permanencia.
Esto nos diferencia de países como:
- Alemania o Japón, donde las primas se ajustan pero se protege a los adultos mayores como parte del compromiso social.
- Chile, donde se promueve el respeto a asegurados con larga permanencia y baja siniestralidad.
- Países nórdicos, que aseguran cobertura digna y básica para todos, sin convertir la longevidad en una condena financiera.
Esto no es un favor. Es justicia.
Hoy la afectada es una mujer adulta mayor. Pero mañana puede ser su madre, su padre, usted mismo.
El envejecimiento no puede seguir siendo tratado como una carga o un error actuarial.
Si de verdad queremos honrar a nuestros adultos mayores en octubre, no lo hagamos solo con flores ni discursos. Exijamos reformas. Exijamos que se legisle.
Exijamos que la vida digna no sea un lujo inalcanzable después de los 75.
Porque vivir más no debería costar más.
Por Francella Morera Bogantes
Empresaria, columnista invitada.
