El IVM se salva creando prosperidad formal

La discusión sobre la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no puede reducirse a una fórmula de recortes. La propuesta divulgada recientemente plantea bajar la tasa de reemplazo de las pensiones del IVM del rango actual de 52,5%-57,5% a un rango de 40%-43%, elevar de 300 a 360 las cotizaciones necesarias para pensionarse y valorar que los jubilados aporten un 5% para el Seguro de Salud. La misma información señala que la reserva del régimen podría reducirse de ¢2,64 billones en 2025 a ¢1,89 billones en 2029, es decir, una caída cercana al 30% en cinco años. Estos datos obligan a una reforma; pero no justifican que el país adopte como primera respuesta empobrecer la vejez.

El IVM depende de un modelo simple, aunque políticamente incómodo: ingresos y egresos. Los ingresos dependen de cuántas personas trabajan formalmente, cuánto salario reportan, cuánto aportan trabajadores, patronos y Estado, y cómo se administran las reservas. Los egresos dependen de cuántas personas se pensionan, cuánto tiempo viven, cuál es el monto de su pensión y qué obligaciones adicionales se cargan al régimen. Si el diagnóstico se concentra solo en los egresos, la solución siempre será recortar. Si el diagnóstico incluye los ingresos, la solución verdadera es crear más empleo formal, más empresas, más productividad y más cotizantes.

Costa Rica tiene un éxito social que ahora debe aprender a financiar. Es un hecho que ahora vivimos más años. El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) estima para 2025 una esperanza de vida al nacer de 81,05 años, con 78,57 años para hombres y 83,53 para mujeres. Además, proyecta que la población de 65 años y más se duplicará en los próximos 20 años, que la esperanza de vida alcanzará 84,27 años en 2050 y 89,57 años en 2100, y que la tasa global de fecundidad continuará disminuyendo hasta un mínimo proyectado de 1,14 hijos por mujer en 2031.

Esa realidad demográfica debe atenderse en alerta inmediata con una clara y estratégica planificación. Que los costarricenses vivan más es un triunfo de la salud pública, de décadas de inversión social, de la CCSS, de la vacunación, de la educación, etc. Lo irresponsable sería responder a ese triunfo como si fuera una carga insoportable. La vejez no es el problema; el problema es pretender financiar una sociedad longeva con una economía que tolera demasiada informalidad, demasiada tramitología y una débil conexión entre educación, productividad y mercado laboral.

El dato más importante para entender el futuro del IVM quizá no está en las tablas actuariales, sino en el mercado laboral. En el trimestre diciembre 2025-enero-febrero 2026, el INEC estimó que el 38,2% de las personas ocupadas tenía empleo informal; esto representa 826.000 personas. Entre los trabajadores independientes, la informalidad alcanzó 84,9%. Cada trabajador informal es una persona que queda parcialmente fuera de la protección social y, al mismo tiempo, es un ingreso que el sistema de pensiones no recibe.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado el mismo punto con claridad, cerca del 40% de los trabajadores en Costa Rica se ubican en la informalidad, lo que afecta el bienestar, la productividad y los ingresos públicos. También identifica causas concretas: altos costos no salariales, complejidad regulatoria y desajustes entre las habilidades disponibles y las demandas del mercado laboral. Por eso recomienda una estrategia integral que reduzca el costo de crear empleo formal, disminuya trabas administrativas, fortalezca habilidades, mejore el cumplimiento normativo y simplifique el pago de impuestos.

Ahí debe estar el centro de la reforma. No en castigar al trabajador que cotizó toda su vida, ni en trasladar mecánicamente el costo de la crisis al pensionado, ni en convertir la longevidad en argumento contra la dignidad. El camino responsable es un Plan País de Formalización y Prosperidad Productiva, con metas verificables: más empresas, más empleo formal, más cotizantes, más productividad y más ingresos sostenibles para la CCSS.

Ese plan debe empezar por la creación de empresa. Para muchos costarricenses, formalizarse es una carrera de obstáculos. Patentes, permisos, cargas, plataformas inconexas, requisitos repetidos, tiempos inciertos y miedo a que el primer paso hacia la formalidad se convierta en una sanción. Un Estado moderno debe decirle al emprendedor: entre al sistema, facture, cotice, crezca y acceda a crédito. No debe recibirlo con laberintos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su recomendación 204 sobre la transición de la economía informal a la formal, plantea precisamente que la formalización requiere preservar y mejorar los medios de vida existentes, ampliar progresivamente la protección social y construir incentivos, cumplimiento y diálogo social. Formalizar no es perseguir al pequeño trabajador; es abrirle una puerta realista hacia derechos, financiamiento, capacitación y seguridad social.

Costa Rica puede aprender de experiencias internacionales. Estonia, por ejemplo, construyó un ecosistema de gobierno digital que facilita la creación de empresas, la identidad digital, la banca electrónica y la declaración de impuestos. La OCDE reporta que su registro empresarial electrónico permite iniciar una empresa en menos de tres horas, y que su combinación de infraestructura digital, alfabetización digital y servicios empresariales ha atraído más de 21.000 compañías y generado más de €35 millones en ingresos tributarios.

La comparación no es antojadiza. Costa Rica obtuvo en el Índice de Gobierno Digital de la OCDE un puntaje de 0,22 frente a un promedio OCDE de 0,61; Estonia alcanzó 0,74. Esa brecha no es tecnológica: es institucional. Gobierno digital no significa tener páginas web; significa que el ciudadano y el empresario no tengan que peregrinar por instituciones que no se hablan entre sí. Significa identidad digital, expediente único, silencio positivo bien regulado, trazabilidad de trámites, datos abiertos, interoperabilidad y rendición de cuentas.

También debemos alinear la educación con la prosperidad. La universidad y la formación técnica no pueden funcionar de espaldas al mercado laboral. Necesitamos una simbiosis entre academia, empresa, ciencia, salud, tecnología, manufactura avanzada, turismo, economía verde, inteligencia artificial, energías renovables, cuido y economía plateada. La OCDE ha advertido que Costa Rica enfrenta desajustes entre las vacantes y las habilidades de los trabajadores, y ha recomendado aumentar técnicos y graduados en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), fortalecer la educación técnica y alinear mejor la educación universitaria con la demanda laboral.

El modelo alemán de formación vocacional dual ofrece una lección útil: empresas, centros educativos y Estado comparten gobernanza, currículo, evaluación y certificación. La formación no es solo aula; es aprendizaje en el trabajo, competencias reconocidas y empleabilidad. La OCDE describe ese sistema como una combinación de aprendizajes, programas escolares, rutas flexibles y certificaciones reconocidas que apoyan el empleo y la continuidad educativa.

Esto significa entender que la educación debe conversar con la productividad real del país. Si Costa Rica forma profesionales que el mercado no absorbe, aumenta la frustración. Si las empresas no encuentran talento, frenan inversión. Si el empleo formal no crece, el IVM pierde ingresos. Y si el IVM pierde ingresos, terminamos discutiendo recortes como si fueran inevitables.

La CCSS es el mayor catalizador de bienestar social en Costa Rica. No solo cura enfermedades; sostiene movilidad social, paz social, productividad laboral, seguridad familiar y libertad individual. La libertad no se fortalece debilitando la seguridad social; se fortalece creando las condiciones para que más personas puedan contribuir, emprender, trabajar formalmente y construir patrimonio.

Por supuesto, el IVM requiere ajustes técnicos. Sería irresponsable negar la presión demográfica y actuarial. Pero esos ajustes deben respetar principios: gradualidad, no retroactividad abusiva, protección de quienes están cerca de pensionarse, reconocimiento del trabajo de cuido, trato diferenciado para ingresos bajos, transparencia actuarial, pago ordenado de las obligaciones del Estado y evaluación pública de escenarios. La matemática es indispensable, pero la justicia social también lo es.

La reforma correcta no debe preguntar únicamente cuánto se puede recortar. Debe preguntar cuánta prosperidad formal podemos crear. Cuántas empresas nuevas podemos abrir. Cuántos trabajadores independientes podemos integrar. Cuántos jóvenes podemos formar para sectores de alta demanda. Cuántos trámites podemos eliminar. Cuánto crédito productivo podemos movilizar. Cuánta confianza podemos reconstruir entre ciudadano, empresa, Estado y CCSS.

Costa Rica no debe escoger entre pensiones sostenibles y justicia social. Debe construir ambas. La sostenibilidad del IVM no se logrará empobreciendo a los pensionados ni castigando la expectativa de vida. Se logrará con una economía formal más grande, un Estado digital más eficiente, una academia alineada con el mercado, una CCSS protegida por todos y un pacto nacional que entienda que la seguridad social no es gasto: es la infraestructura moral y económica de la República.