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El invierno demográfico al que se aproxima nuestro país ha dejado de ser un debate estadístico para convertirse en una amenaza real sobre la estabilidad fiscal de Costa Rica. Cuando la tasa de fecundidad se desploma por debajo del nivel de reemplazo poblacional, como en el caso nuestro, la base de contribuyentes que sostiene la hacienda pública se contrae inevitablemente, para un futuro no muy lejano lo anterior significará menos personas en edad laboral, que estén en capacidad de contribuir activamente mediante impuestos indirectos de consumo y directos de generación de riqueza.
Mucho se habla sobre este tema, y el estrés que puede producir la baja natalidad sobre el sistema de pensiones y la captación de recursos a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social, no obstante, dentro de la discusión se obvia una realidad igualmente inquietante, ante una menor cantidad de población, la inversión directa interna se verá inevitablemente afectada, en la medida en que la fuerza laboral activa será igualmente menor en proporción a la caída de nacimientos en el país. Un ejemplo a mediano plazo tangible será la sustitución en el comportamiento en la recaudación indirecta del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), el cual en Costa Rica funciona prácticamente a la par en términos de recaudación que el Impuesto sobre la Renta. Las poblaciones envejecidas demandan menos bienes masivos gravados y consumen más servicios médicos o fármacos, sectores que gozan de tasas diferenciadas o exenciones estatales.
Ante este mismo abismo financiero, las economías avanzadas del este de Asia que lideran el colapso demográfico mundial han tenido que rediseñar sus políticas fiscales para evitar la quiebra técnica de sus sistemas. Japón, con casi un tercio de su población mayor de sesenta y cinco años, ha respondido trasladando la presión del financiamiento de su seguridad social directamente a un incremento de los impuestos al consumo corporativo y general. Esta medida se complementa con reformas laborales agresivas para postergar la jubilación e integrar la robótica y la inteligencia artificial para compensar la escasez de mano de obra tributable.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha emitido advertencias contundentes sobre el impacto fiscal del invierno demográfico. A nivel global, señala que el envejecimiento reducirá los ingresos por renta laboral cerca de un 9% e incrementará la presión fiscal promedio en 6.25 puntos porcentuales del PIB hacia el año 2060. Si bien esta organización visualiza a Costa Rica como una economía con un crecimiento sólido a corto plazo, si ha indicado que, si el país no corrige la informalidad laboral y el esquema de recaudación actual, la contracción de la población joven limitará la capacidad de recaudación antes de que el Estado pueda estabilizar su deuda pública.
Para el sistema costarricense, el espejo internacional es una advertencia urgente. El invierno demográfico impone una verdad ineludible para la gestión pública: ningún estímulo fiscal logrará sostener un Estado de bienestar si la base humana que genera la riqueza se ve limitada. La viabilidad de las finanzas nacionales requerirá avanzar hacia la diversificación de ingresos tributarios, la mejora absoluta en la recaudación y fiscalización, la formalidad, la flexibilización laboral de poblaciones maduras y políticas estructurales reales. La crisis fiscal del mañana costarricense se mueve en silencio hoy con este declive en el tamaño de las familias.
Daniel Pelecano, Gerente Senior de Impuestos y legal de Grant Thornton
