Educación y la aritmética del autoengaño

En Costa Rica se repite con entusiasmo la promesa de un “gobierno basado en datos”. Suena moderno, eficiente y hasta inevitable en tiempos de transformación tecnológica. El problema es que, cuando uno se asoma a la educación —la fábrica real de productividad, independencia económica y juicio crítico— los datos hacen algo imperdonable para la retórica: contradicen el discurso.

Y no se trata de percepciones, ni de “pesimismo”, ni de discusiones ideológicas. Son cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la Contraloría General de la República, de la auditoría interna del propio Ministerio de Educación Pública (MEP) y de reportes país ampliamente reconocidos. Si de verdad gobiernan los datos, empecemos por aceptarlos.

Primera realidad: el “progreso evidente” no aparece en el termómetro internacional de aprendizajes básicos.

En las pruebas PISA 2022, Costa Rica promedia 385 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 411 en ciencias, por debajo de los promedios OCDE (472, 476 y 485, respectivamente). Solo 28% del estudiantado alcanza al menos el nivel 2 en matemáticas, que es el umbral mínimo de competencia para enfrentar situaciones relativamente simples. Y prácticamente no hay estudiantes en los niveles más altos de desempeño.

En buen español: si queremos crear valor en la economía digital, necesitamos una base sólida en lectura y matemática. Sin eso, la “transformación tecnológica” se convierte en un acelerador de desigualdad.

Segunda realidad: cuando el Estado dice “evidencia”, muchas veces se refiere a un power point, no a un sistema de evaluación y mejora.

La auditoría interna del MEP señaló deficiencias relevantes en el proceso alrededor de PISA: entre otros hallazgos, que la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad de este Ministerio “no emite un informe de los resultados” y que no cuenta con “un mecanismo de seguimiento y evaluación” para aprovechar PISA como herramienta de decisión y política pública.

A eso se suma lo que el Estado de la Educación ha descrito con claridad: las medidas de nivelación de aprendizajes se aplicaron de forma parcial y sin seguimiento a resultados; el Plan Integral de Nivelación Académica no partió de una evaluación nacional en todos los ciclos y no contó con mecanismos de seguimiento ni evaluación de efectividad, y terminó afectado por la transición y decisiones administrativas.

Una frase incómoda pero necesaria: si no medimos bien, no podemos mejorar bien. Y si no hacemos seguimiento, la política educativa se parece más a improvisación que a gestión.

Tercera realidad: el presupuesto real cuenta otra historia, y además choca con el mandato constitucional.

El artículo 78 reformado es explícito: en educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al 8% anual del PIB. También obliga al Estado a facilitar el acceso tecnológico en todos los niveles.

Sin embargo, la propia Contraloría (según reportes y monitoreos difundidos) ha ubicado el presupuesto educativo 2024 alrededor de 5,2% del PIB. Y para 2025, el presupuesto del MEP se ubica en 4,9% del PIB, la cifra más baja desde 2015 en la serie que presenta el monitoreo de esta Institución.

Aún más: la Sala Constitucional, en una consulta legislativa, declaró inconstitucional por omisión el proyecto de presupuesto 2025 por no establecer el 8% del PIB para educación (aunque el propio reporte periodístico advierte que, al ser consulta, su efecto vinculante es limitado frente a una acción).

En síntesis: hablamos de “datos”, pero recortamos el principal motor de movilidad social y productividad en el momento más delicado de cambio tecnológico.

Cuarta realidad: la infraestructura escolar sigue siendo una alerta sanitaria, no un “detalle operativo”. El curso lectivo 2026 inicia con 872 órdenes sanitarias activas en centros educativos, según confirmó el MEP: 101 en condición roja (urgente), 622 amarillas y 149 verdes.

Una economía que aspira a sofisticación productiva no puede normalizar que miles de estudiantes aprendan (cuando logran hacerlo) en espacios que el propio aparato estatal cataloga como riesgosos.

Quinta realidad: la exclusión educativa crece y se vuelve un riesgo país (económico y social).

Costa Rica cerró 2025 con 18.969 estudiantes fuera del sistema educativo público, equivalente a 1,9% de la matrícula inicial (980.127).

Y, con datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo, entre 2022 y 2023 la población de 15 a 17 años sin educación pasó de 337 a 817 adolescentes (un incremento de 142%).

En la economía de la inteligencia artificial, dejar jóvenes fuera del sistema no solo es una tragedia social: es una fábrica de dependencia económica, informalidad y vulnerabilidad.

Ahora bien, aquí viene la parte que a todos nos conviene, … bueno, excepto a quienes viven de lo contrario.

La educación no solo abre oportunidades laborales: crea independencia económica y capacidad de juicio. En un país con ciudadanía educada, las promesas se auditan, las cifras se contrastan y el populismo tiene menos espacio. Por eso la discusión educativa no puede reducirse a propaganda: es una discusión de poder. El poder de crear valor, de competir, de emprender, de no depender del favor político ni del subsidio eterno. El poder de pensar.

Y la crisis tecnológica no espera. El World Economic Forum advierte que 6 de cada 10 personas trabajadoras requerirán capacitación antes de 2027, pero solo la mitad tendría acceso adecuado hoy. Además, ubica el pensamiento analítico y el pensamiento creativo como prioridades de capacitación, y coloca el entrenamiento en IA y big data como una prioridad relevante para una proporción significativa de empresas.

Eso significa que el país que no garantice lectura comprensiva, matemática funcional y pensamiento crítico a tiempo, no solo perderá empleos: perderá soberanía económica.

¿Qué hacer sin caer en el “todo o nada”?

Primero, un pacto mínimo de gestión con evidencia (no de discurso). Publicar y sostener un tablero nacional de indicadores educativos verificables (aprendizajes, asistencia, exclusión, infraestructura, inversión por estudiante, brechas territoriales) con metodología estable y trazabilidad. Si la narrativa es “datos”, el dato debe estar disponible, comparable y auditado.

Segundo, recuperación acelerada de aprendizajes con lo que sí funciona a escala. La evidencia internacional es consistente: las tutorías bien diseñadas (1 a 1 o en grupos pequeños, con frecuencia y dentro de la jornada) producen impactos relevantes. Un meta-análisis del National Bureau of Economics Research reporta un efecto promedio agregado de 0,37 desviaciones estándar en resultados de aprendizaje para programas de tutoría, con efectos mayores en modelos con docentes o paraprofesionales y cuando se ejecutan durante el horario escolar.

Esto abre un marco de oportunidad inmediato para alianzas con universidades, sector privado y organizaciones sociales: “servicio país” remunerado o acreditado para tutorías, focalizado en escuelas con mayores rezagos, con seguimiento mensual y objetivos por cohorte.

Tercero, enseñar al nivel real del estudiante, no al nivel “administrativo” del grado. Enfoques como Teaching at the Right Level (TaRL) han mostrado mejoras fuertes en lectura y matemática fundacional al agrupar temporalmente por nivel de aprendizaje y usar herramientas simples con seguimiento del progreso; J‑PAL resume evidencia de múltiples evaluaciones aleatorizadas y lo presenta como estrategia costo-efectiva.

Costa Rica no necesita “importar” un modelo: necesita adoptar el principio (diagnóstico rápido, agrupamiento por nivel, materiales simples, seguimiento) y pilotearlo con rigor en regiones prioritarias.

Finalmente, tecnología sí, pero en secuencia correcta. La IA puede multiplicar productividad… para quien entiende lo que lee, sabe razonar con números y puede verificar fuentes. Para quien no, se vuelve una máquina de copiar, desinformarse y depender. La “creación de valor” en la Costa Rica que conviene exige base académica, habilidades digitales y ética: no una app para maquillar estadísticas.

La pregunta, entonces, no es si creemos en la educación. Eso lo dice todo el mundo. La pregunta es si vamos a dejar de usarla como eslogan y empezar a tratarla como el activo estratégico número uno del país.

Porque si el “gobierno basado en datos” va en serio, el primer acto de coherencia sería reconocer que la educación no está mejorando por decreto… y que la evidencia, hoy, está pidiendo liderazgo de verdad.