De la Toga al Barro: La "Mano Dura" de 2026

Es un error peligroso creer que toda Costa Rica arde bajo el fuego del narcotráfico. El país sigue siendo, en su vasta mayoría, un refugio de paz, turismo y democracia que el mundo envidia. Sin embargo, negar que existen "zonas de sacrificio" donde el Estado ha perdido el pulso es una ceguera voluntaria que ya no podemos permitirnos. Lo que hoy ocurre en los callejones de La Carpio, León XIII o los sectores más olvidados de Limón y Puntarenas no es la realidad de todo el país, pero sí es el cáncer que está empezando a hacer metástasis hacia los cantones más tranquilos.

La política de "contención activa" de Rodrigo Chaves no es un capricho mediático ; es una intervención de emergencia para evitar que esos puntos críticos devoren la estabilidad nacional. Sin embargo, es vital despejar la neblina que rodea al término "mano dura" en el contexto costarricense de 2026. Para muchos, esta frase evoca fantasmas de otros países centroamericanos donde el Ejecutivo ha pasado por encima de las leyes, ignorando la división de poderes y pisoteando derechos humanos. En Costa Rica, la realidad es distinta: aquí la mano dura se ejerce con el Código Penal en la otra mano. No hay estados de excepción ni suspensiones de garantías; hay un uso intensivo de la fuerza policial y una vigilancia tecnológica agresiva, pero siempre bajo el microscopio de una Sala Constitucional que no perdona excesos. Es una "mano dura" institucional que intenta ser implacable sin dejar de ser democrática, un equilibrio que hoy está bajo máxima tensión.

En este primer trimestre de 2026, la intervención en La Carpio ha dejado una cifra fría: unos 35 nuevos presos efectivos. El brazo de la justicia ha alcanzado finalmente a figuras que se creían intocables. Entre los nombres que han sacudido los titulares este año destaca la captura de alias "El Patrón de la Cueva", líder logístico en La Carpio vinculado a la estructura de "Los Picudos", cuya detención en febrero fue posible gracias a drones térmicos de alta precisión. Asimismo, la extradición hacia Estados Unidos de Víctor "Vitico" Zúñiga, capturado en las costas de Limón, marcó un hito en enero de 2026 al ser identificado como el principal enlace local con los carteles de Nueva Generación. Estas capturas, sumadas al encarcelamiento de alias "La Reina del Sur de Pavas", demuestran que la policía no solo está barriendo las aceras, sino descabezando las estructuras que mueven los hilos desde las sombras.

Pero más allá de las cifras, la verdadera temperatura de esta política se mide en las aceras de los barrios intervenidos. "Por primera vez en años, mis hijos pueden ir a la pulpería después de las seis de la tarde sin que yo esté temblando por una balacera", afirma Doña María, vecina de la Tercera Etapa de La Carpio, quien apoya la presencia permanente de los grupos especiales. En la acera opuesta, el sentimiento es de sospecha: "Aquí la policía entra pateando puertas de gente trabajadora solo para decir que están haciendo algo, mientras los verdaderos dueños del negocio ni viven aquí", reclama Andrés, un joven universitario de la zona que critica lo que llama una "estigmatización policial". Esta dualidad refleja el dilema de la mano dura: la seguridad inmediata frente al costo de vivir bajo sospecha constante.

El problema es que el orden en estas zonas ya no se mantiene con diálogo. La narrativa desde la Presidencia es punzante, señalando que el Poder Judicial, con sus liberaciones constantes, podría estar permitiendo que el veneno de los barrios críticos se filtre hacia las zonas seguras. Esta desconfianza no nace de la nada; los casos documentados de funcionarios capturados por recibir sobornos para filtrar información o "perder" expedientes han confirmado que el narco no solo tiene gatilleros, sino también mensajeros con toga. Casos como el del exjuez penal de Limón, Mainor Valerín, arrestado por sus presuntos vínculos con el "Caso Shark", o la caída del fiscal auxiliar Andrey González, acusado de borrar evidencia crucial en expedientes de narcotráfico, han sido el combustible que alimenta la tesis de que el sistema está infiltrado.

Sin embargo, no toda la toga se opone a la firmeza. Voces como la del Fiscal General, Carlo Díaz, han sido enfáticas al señalar que, aunque se respete el debido proceso, la justicia no puede ser ciega ante la potencia de fuego de las bandas. Díaz ha declarado abiertamente que "el sistema debe dejar de ser un obstáculo para la policía", abogando por reformas que permitan mantener a sicarios reconocidos bajo prisión preventiva sin los excesivos miramientos técnicos actuales. En una línea similar, magistrados han admitido en foros públicos que la legislación actual es "un traje de los años 90 tratando de vestir a un monstruo moderno", respaldando tácitamente la necesidad de endurecer las reglas del juego para quienes portan armas de guerra.

Ante este panorama, la presidenta electa Laura Fernández ha dejado claro que su administración no solo heredará la "mano dura", sino que buscará blindarla legalmente para que deje de ser una política de choque y se convierta en una maquinaria de precisión. Fernández propone una reforma integral a la Ley de Armas y Explosivos y al Código Procesal Penal con un objetivo quirúrgico: agilizar las órdenes de allanamiento y endurecer la prisión preventiva. No obstante, el reto legislativo es monumental; el actual Código Penal es percibido como sumamente débil y su reforma integral requiere una mayoría calificada de 38 votos en la Asamblea Legislativa. Con una base proyectada de aproximadamente 31 votos a su favor, la gran incógnita es si Fernández logrará sumar los 6 apoyos restantes necesarios para concretar esta reestructuración y avanzar en la elección de nuevos jueces para las cortes. Habrá que esperar y ver si la aritmética política permite este cambio profundo mientras, paralelamente, ya se gestiona la construcción de una nueva cárcel para albergar al creciente número de delincuentes que el sistema procesa. Su propuesta busca, en teoría, eliminar los "portillos" técnicos que hoy permiten a los cabecillas volver a las calles horas después de ser capturados. Según la mandataria electa, la Fuerza Pública no puede seguir peleando una guerra del siglo XXI con una legislación diseñada para la paz de mediados del siglo XX; su meta es otorgar facultades extraordinarias a las unidades especiales para intervenir en flagrancia sin que la burocracia judicial se convierta en el mejor aliado del sicario.

Lo que realmente debería sacudir al ciudadano es la profundidad de la "asistencia" extranjera. La sombra de la DEA y el FBI en 2026 es más espesa que nunca. Los drones que patrullan Pavas y la inteligencia que marca los objetivos de la Fuerza Pública hablan de una soberanía que se ha vuelto pragmática ante la necesidad de supervivencia. El gobierno insiste en que no podemos llevar pupitres y parques a La Carpio si primero no sacamos a los sicarios a punta de bota, pero el costo es alto. Estamos aceptando una tutela técnica y una militarización táctica para contener focos de violencia que, si no se detienen, mañana estarán en la puerta de los barrios residenciales de Heredia o Curridabat.

El éxito de los escáneres en los puertos ha sido un golpe maestro a la logística de exportación, pero ha generado un efecto "olla de presión" interno. Al no poder sacar la droga, el narco la remata en el mercado local, inundando nuestras calles y disparando la delincuencia en oasis de seguridad que antes eran intocables. Costa Rica no es un narcoestado, pero está aprendiendo por las malas que la paz de la mayoría depende de la seguridad de los más vulnerables y de la limpieza profunda en las cortes. El debate no es solo si necesitamos a la policía y a la DEA ; la pregunta es si este modelo de orden institucional podrá salvarnos sin sacrificar la esencia civilista que nos hace únicos en una región acostumbrada a los regímenes de fuerza.

Acerca del autor: Jan Kozak Nacido en la República Checa, Jan Kozak es licenciado en Ciencias Políticas por el Macalester College y posee una maestría en Estudios Internacionales de la Paz por la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz. En 2003, recibió el Premio Hubert H. Humphrey-Walter F. Mondale de Ciencias Políticas del Macalester College. Jan Kozak es comentarista y analista político. Actualmente escribe sobre la disolución del orden global y sus paralelismos históricos en jankozak2026.substack.com.