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La reciente entrada en vigor del Tratado para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Zonas Fuera de Jurisdicción Nacional —conocido como Tratado de Alta Mar (BBNJ)— ha sido celebrada como un paso histórico en la gobernanza oceánica. Países como Chile y Costa Rica se aprestan a presentar propuestas de áreas marinas protegidas en aguas internacionales, como el Domo Térmico del Pacífico Oriental Tropical liderado por Costa Rica y, de manera paralela, la Dorsal de Salas y Gómez impulsada por Chile. Estas iniciativas han sido destacadas como los primeros casos latinoamericanos en activar las herramientas del nuevo tratado.
La narrativa oficial enfatiza beneficios ecológicos y herramientas jurídicas inéditas para la protección y la cooperación científica en vastas áreas del océano que superan la jurisdicción estatal. Sin embargo, la euforia diplomática oculta tensiones profundas y vicios estructurales en la relación entre conservación, economía y soberanía marina. La literatura crítica sobre la llamada economía azul —que impulsa el crecimiento económico en el mar mediante industrias como la pesca industrial, la bioprospección genética, la minería profunda y servicios tecnológicos— documenta cómo discursos de sostenibilidad pueden entrelazarse con prácticas de acaparamiento oceánico: la apropiación de bienes comunes oceánicos por intereses corporativos y geopolíticos bajo la bandera del desarrollo “verde”.
La experiencia costarricense en aguas bajo jurisdicción nacional ofrece un antecedente ilustrativo de estos riesgos. En el caso de la propuesta de ampliación del Área Marina de la Isla del Coco (IC), análisis técnicos independientes han señalado inconsistencias científico-técnicas, enfoques reduccionistas y sesgos disciplinarios que priorizan criterios de conservación biológica sin integrar adecuadamente dimensiones socioeconómicas y pesqueras. En particular, se ha documentado la exclusión sistemática de expertos en ciencias pesqueras y la ausencia de evaluaciones robustas sobre impactos en el esfuerzo pesquero, la renta por unidad de área y la redistribución espacial de las flotas.
Este ejemplo resulta clave para el debate sobre la alta mar. Tal como ocurre en la ampliación de la IC, la planificación marina fragmentada y sectorial puede producir “áreas protegidas en el papel” que trasladan conflictos en lugar de resolverlos. En el caso costarricense, se ha advertido que el cierre de zonas sin considerar la dinámica espacial de especies altamente móviles —como atunes, dorados, picudos y tiburones— puede generar congestión del esfuerzo pesquero en áreas más reducidas, exacerbar conflictos entre flotas y provocar pérdidas socioeconómicas sin beneficios ecológicos claros.
La transición desde una lógica nacional hacia una internacional de protección en alta mar corre el riesgo de reproducir estos mismos patrones, ahora amplificados por asimetrías de poder a escala global. El Tratado BBNJ introduce mecanismos avanzados de gestión —como evaluaciones de impacto ambiental y disposiciones sobre el reparto de beneficios derivados de recursos genéticos marinos— pero deja abiertas preguntas críticas sobre quién define las prioridades, quién controla el conocimiento científico y quién asume los costos de la conservación. Cuando la gobernanza oceánica se apoya predominantemente en conocimiento técnico especializado y capital-intensivo, las comunidades y prácticas tradicionales tienden a quedar marginadas, aun cuando dependen directamente de esos ecosistemas.
A nivel local, críticos costarricenses han señalado que la planificación marina ha sido históricamente reactiva, con débil coordinación interinstitucional y escasa integración de criterios de justicia social y equidad en la distribución de costos y beneficios. En iniciativas como el proyecto Grúas II o la ampliación de la IC, no se establecieron cláusulas claras que garantizaran el respeto a los derechos de acceso y uso de pescadores artesanales ni mecanismos de compensación frente a pérdidas económicas potenciales, pese a advertencias técnicas formales presentadas a las autoridades.
Si estos déficits persisten en aguas bajo jurisdicción nacional, resulta legítimo cuestionar cómo se evitará que, en alta mar, las reglas se impongan desde fuera sin mecanismos robustos de rendición de cuentas hacia los actores que dependen de esos recursos. El riesgo es que las nuevas áreas marinas protegidas internacionales se conviertan en espacios de control técnico y geopolítico, donde algunos actores concentren capacidad de investigación, monitoreo y acceso privilegiado al conocimiento, mientras otros quedan excluidos en nombre de la conservación.
Además, la retórica conservacionista suele superponerse con intereses económicos emergentes como la pesca industrial en zonas adyacentes, la bioprospección genética o incluso la minería submarina, cuya regulación efectiva aún está por verse. La experiencia costarricense sugiere que, sin objetivos ecológicos claros, indicadores verificables y evaluaciones integrales de impacto socioambiental, la protección en alta mar corre el riesgo de reproducir formas de acaparamiento oceánico disfrazadas de progreso sostenible.
Helven Naranjo-Madrigal, Ph.D
Científico Pesquero, Investigador Interdisciplinario, Egresado de Programa Postdoctoral, School of Aquatic and Fisheries Science, University of Washington, Seattle, USA / Consultor Lynker-University of Washington / Auditor MSC
