Costa Rica está en cuenta regresiva. El principal relleno sanitario del país, Uruka, advirtió en 2024 que su vida útil se agotaría en pocos meses. El segundo en importancia, Aczarrí, redujo su proyección a apenas tres años y medio debido a la sobrecarga de residuos que recibe. Con este escenario ya de por sí crítico, la aplicación del decreto que limita el traslado de basura a un máximo de ochenta kilómetros no solo no alivia la presión sobre el sistema, sino que deja a muchos municipios sin opciones viables para manejar sus desechos. El caso de Jiménez, donde el servicio de recolección colapsó en junio pasado tras quedarse sin un destino autorizado para la disposición final, es una muestra clara de lo que puede ocurrir en otros cantones si no se actúa a tiempo.
Lo que vivimos ya no es una advertencia, es una crisis sanitaria en marcha. El llamado que hicieron catorce municipalidades del Gran Área Metropolitana para suspender el decreto de regionalización y convocar una mesa técnica de emergencia nacional es una señal inequívoca de que el sistema está al borde del colapso. Los municipios de San José, Alajuelita, Desamparados, Moravia, Santa Ana, Heredia, Barva, Belén, San Rafael, San Isidro, Tibás, Curridabat, Goicoechea y Montes de Oca advirtieron que la medida desconoce la realidad territorial, afecta la autonomía municipal y no cuenta con el respaldo técnico ni financiero necesario para su aplicación. Sin embargo, también es cierto que esa misma autonomía municipal ha generado que no se aprueben nuevos sitios de disposición, tan necesarios hoy en esta situación.
Desde CAMGESA, organización que agrupa a gestores de residuos, lo decimos sin rodeos: no podemos seguir reaccionando, debemos planificar y anticiparnos. Aunque no sea popular, todo debe empezar por trasladar a quienes generan residuos el costo real de su gestión municipal; porque seamos honestos, ¿quién sabe realmente cuánto cuesta gestionar los cientos de kilogramos anuales que nuestros hogares producen? Solo si dejamos de politizar el tema y establecemos tarifas basadas en costos reales podremos impulsar una verdadera responsabilidad extendida de los productores, con reglas obligatorias, y fortalecer sistemas locales para el aprovechamiento de los materiales reciclables y orgánicos. Hoy, más del 80% de los residuos se entierran sin que eso implique un costo visible para la población, cuando en realidad deberían aprovecharse, compostarse o reutilizarse.
Un sistema moderno y trazable de gestión de residuos que evidencie el costo real de su tratamiento en función de lo que cada uno genera no solo va a impulsar empleo y dinamizar las economías locales, sino también reducirá emisiones, aliviará las finanzas municipales y nos acercará a una verdadera economía circular. Para lograrlo se necesita valentía política, coherencia técnica y un liderazgo capaz de unir a todos los actores. Es hora de corregir errores municipales históricos, de dejar atrás los conflictos interinstitucionales que frenan las soluciones y que no permiten avanzar hacia una gobernanza eficiente y responsable.
Por eso, desde CAMGESA hemos iniciado un proceso de diálogo con personas candidatas a la Presidencia de la República. Nuestro mensaje es claro: quien aspire a liderar este país debe asumir la gestión de residuos como un tema de seguridad sanitaria, justicia territorial y política ambiental prioritaria. No se trata de un asunto que pueda dejarse para después. Les pedimos que pongan el tema sobre la mesa, que se nutran con quienes trabajamos cada día en la gestión de residuos y que incluyan propuestas concretas en sus planes de gobierno. Si no se actúa ahora, muy pronto el país se quedará sin espacio, ni físico ni político, para seguir postergando la solución.
Adrián Castro
Vicepresidente de la Cámara de Gestores Ambientales (CAMGESA)





































