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Costa Rica se encuentra en un punto de inflexión histórico donde la macroeconomía y la realidad social parecen viajar en vías distintas. Tras cuatro años de una gestión que devolvió el orden a las finanzas públicas, el país enfrenta el reto de traducir indicadores de crecimiento en paz social tangible para las familias de Limón, Puntarenas y las barriadas del Gran Área Metropolitana. La administración actual, y la continuidad proyectada bajo la visión de Laura Fernández, se cimienta sobre logros económicos incuestionables, pero lidia con un asedio legislativo que pone en jaque la seguridad y la salud del ciudadano. El legado económico comparativo con la administración de Carlos Alvarado es el primer pilar de este análisis. Mientras Alvarado gestionó el costo político de la reforma fiscal de 2018 y la crisis de la pandemia, la gestión de Rodrigo Chaves ejecutó esa disciplina con una agresividad técnica que permitió reducir la deuda pública al 61,1% del PIB y alcanzar un superávit primario histórico. Este ordenamiento, sumado a una inflación cercana al 0%, ha permitido que Costa Rica abandone la categoría de riesgo crediticio y atraiga inversiones récord por más de $3.900 millones, apalancadas por 68 multinacionales que ya comprometen su presencia en el país hasta el año 2033.
La meta de Laura Fernández para el periodo 2026-2030 no es simplemente sostener estos números, sino romper la estructura de una economía de dos velocidades mediante la creación de hasta 30.000 empleos anuales. Para lograrlo, la estrategia operativa de seguridad contempla un incremento agresivo de la presencia policial sostenida con la incorporación de 1.130 nuevos oficiales de la Fuerza Pública a partir de enero de 2026, enfocados en un modelo de gestión preventiva que prioriza el llamado Top 20 de distritos con mayor incidencia delictiva. Este despliegue técnico del Ministerio de Seguridad y el OIJ busca recuperar el control territorial en puntos críticos como León XIII en Tibás, La Carpio en La Uruca, y los sectores de Pavas que incluyen Lomas del Río y Finca San Juan, donde se implementarán operativos de inteligencia para desarticular bandas de sicariato y narcotráfico mediante el rastreo de transacciones financieras complejas. La vigilancia permanente se extiende a Goicoechea en Los Cuadros y Purral, así como en Desamparados con Los Guido y San Rafael Abajo, utilizando una clasificación de zonas rojas, amarillas y verdes para evitar el desplazamiento del crimen hacia comunidades vecinas como Tejarcillos y La Aurora en Alajuelita, o los barrios de Hatillo 8, 25 de Julio y Sagrada Familia en el sur de San José.
La urgencia de intervención se agudiza en el Paso de la Vaca y la Zona Roja de San José Centro, así como en Guararí y La Milpa de Heredia, El Infiernillo y El Erizo de Alajuela, y los sectores de Llanos de Santa Lucía y Los Diques de Cartago. En estas zonas, el plan de gobierno propone incluso la posibilidad de solicitar estados de excepción y la suspensión de garantías individuales en perímetros específicos de máxima delincuencia para permitir operativos de limpieza profunda sin las trabas procesales ordinarias. En las costas, la seguridad se reforzará con radares de largo alcance para cortar el suministro de droga que alimenta la violencia en la Vertiente del Caribe en Limón, impactando positivamente a Cieneguita, Limón 2000, Barrio Los Lirios, Envaco, Pueblo Nuevo y Corina. Paralelamente, en la Vertiente del Pacífico en Puntarenas, se busca estabilizar la paz en Chacarita, Fray Casiano, Barranca, El Roble y La Camboya mediante una combinación de fuerza policial y programas de prevención que arrebaten a los jóvenes de las garras del narco.
Finalmente, el acceso a la salud pública y la prosperidad económica dependen de quebrar la parálisis legislativa que frena proyectos como las Jornadas 4x3 y la reforma a la prisión preventiva. Para Laura Fernández, construir una nueva gobernabilidad implica forzar un Pacto Nacional que use la solidez financiera recuperada para dotar a la policía de tecnología de punta y declarar la inopia de especialistas médicos como emergencia nacional. Costa Rica tiene el motor encendido y la confianza del capital internacional; ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa decidir si será el combustible de este progreso o el freno que condene a una generación a la exclusión. La administración de la continuidad se prepara para liderar esta transición con el rigor técnico como escudo y la paz social como única bandera de éxito, garantizando que el bienestar no sea un privilegio de pocos, sino una realidad en cada rincón del territorio nacional.
Costa Rica Decide 2026: Laura Fernández explica propuesta en seguridad
Este video es fundamental para comprender de primera mano cómo la presidenta electa planea utilizar mapas de inteligencia y reformas legales para intervenir específicamente en los barrios mencionados.
Jan Kozak – (20 de febrero del 2026)
Sobre el autor
Nacido en la República Checa, Jan Kozak posee una licenciatura en Ciencias Políticas por Macalester College y una maestría en Estudios Internacionales de Paz por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Jan Kozak fue galardonado con el Premio Hubert H. Humphrey–Walter F. Mondale en Ciencias Políticas, Macalester College, en 2003.
