Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Para 1940 en nuestro país, amplios sectores de la población habían visto deteriorarse su calidad de vida.
Un grave problema era el de los bajos salarios y la total desprotección de las clases trabajadoras.
La vivienda era una necesidad en ascenso.
Por ejemplo, en las zonas alrededor de la capital proliferaban los tugurios y la ausencia de condiciones higiénicas.
La salud era también un grave problema a inicio de la década de los 40.
Menos del 1% de la población recibía atención médica en el transcurso de su vida y las instituciones de salud eran muy limitadas.
Dichas instituciones estaban a cargo de juntas de caridad.
Se sobreentiende por los números que la salud no era una preocupación del Estado.
En la administración del señor León Cortés Castro, el ministro de Salud, doctor Antonio Peña Chavarría, consideraba que la desnutrición era la enfermedad que afectaba a más costarricenses.
Definitivamente, la realidad social costarricense en 1940, agravada por el contexto de la Guerra Mundial, demandaba reformas urgentes.
El doctor Rafael Ángel Calderón Guardia percibió esa necesidad social y desde el día en que asumió la presidencia en 1940 anunció su proyecto de reformas sociales.
Enfatizó que su gobierno promovería el desarrollo económico, social y cultural del país y que se realizaría una reforma tributaria sobre bases justas.
Dijo además que en el campo se atenderían las peticiones de tierras y de créditos por medio del Banco Nacional, así como el desarrollo de un programa de viviendas baratas.
Se comprometió a fundar una universidad capaz de impulsar el desarrollo nacional y un sistema de seguridad social semejante al que existía en Chile y México.
Así expresó el presidente Calderón Guardia su compromiso con las mayorías.
Dijo: “Con la mano en el corazón prometo solemnemente que lo fundamental de mis preocupaciones de gobernante será llevar la mayor suma posible de protección, de justicia y de consuelo a las familias pobres, porque para con ellas, en grado superior que con cualquier otras, tiene contraída el Estado la más sagrada de las obligaciones. Y de las palabras a los hechos, de los sueños a la realidad”.
