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La modernización de la regulación profesional es una discusión que debe darse en Costa Rica, pero sin debilitar los controles que protegen a la ciudadanía, según varios colegios profesionales.
La advertencia surge luego de que Marta Esquivel, diputada de Pueblo Soberano, presentara un proyecto de ley que eliminaría las tarifas mínimas que se cobran por los servicios profesionales, por lo que la oferta y la demanda definirían los montos a cobrar en el mercado; asimismo, desaparecerían los timbres y cuotas obligatorias.
El problema es que la iniciativa también elimina el control disciplinario que hoy tienen los gremios sobre los profesionales, desapareciendo de un plumazo los códigos de ética y la posibilidad de sancionar, y solo crea un registro de profesionales acreditados en el Ministerio de Economía, dejando, a su vez, sin ningún órgano especializado de vigilancia a las profesiones que dejan de colegiarse.
Es por ello que varios gremios profesionales han advertido de graves consecuencias para el país, incluso algunas que podrían poner en riesgo a las personas.
“La colegiatura obligatoria, la fiscalización ética y los parámetros técnicos como el Código Sísmico y el Código Eléctrico son instrumentos necesarios para garantizar que los servicios profesionales sean responsables, seguros y de calidad. Tenemos disposición al diálogo técnico y constructivo en la Asamblea Legislativa para impulsar reformas que fortalezcan el desarrollo del país sin comprometer la seguridad, la responsabilidad profesional ni el bienestar de las personas”, expresó Fernando Escalante, presidente de la junta directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
Mientras tanto, Miguel Arias, presidente del Colegio de Abogados, señaló que lo que está en juego es el modelo mediante el cual Costa Rica garantiza la idoneidad, la ética y la responsabilidad de quienes ejercen profesiones que inciden directamente sobre los derechos, el patrimonio, la salud, la seguridad y las libertades de las personas.
Ante esta situación, es claro que el tema no puede tomarse a la ligera.
“Los colegios profesionales no responden a fines corporativos, sino a un modelo que garantiza la idoneidad, la ética y la responsabilidad en profesiones que impactan directamente a la ciudadanía. Gracias a ello, el país cuenta con mecanismos especializados de control y protección que fortalecen la confianza social, la seguridad jurídica y el desarrollo profesional en beneficio de Costa Rica. Su razón de ser responde, fundamentalmente, a la protección de la sociedad frente a los riesgos derivados de un ejercicio profesional carente de competencia, responsabilidad o ética”, expresó Arias.
Finalmente, Jorge Arturo Sáenz, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, expresó que una decisión de este tipo, como la que pretende Esquivel, tiene consecuencias directas sobre la vida y los derechos de las personas.
De esta manera, la calidad de los servicios no puede depender únicamente de las reglas de la oferta y la demanda.
“Las personas que ejerzan sin colegiatura obligatoria podrían no estar sujetas al Código de Ética Profesional, generando un vacío en los mecanismos de fiscalización de la práctica profesional; asimismo, es fundamental preservar la independencia técnica de quienes elaboran informes y dictámenes sociales, particularmente en procesos judiciales, situaciones de violencia intrafamiliar, adopciones y otros casos en los que se requiere objetividad, rigor metodológico e imparcialidad”, explicó.
La propuesta que ha hecho la legisladora oficialista se basa en recomendaciones técnicas hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión para Promover la Competencia.
Sin embargo, en ninguno de los casos se recomendó eliminar los controles sobre los profesionales que ejercen, ya que se podría dar el caso de que personas sin conocimiento técnico decidan ofertar servicios y no ser sancionados por ello, sin importar que pueden poner en riesgo a sus clientes.
La propuesta, eso sí, apenas arranca su discusión en el Congreso, por lo que todavía faltaría más de un año para que alcance un nivel de mayor madurez política.
