Laura Fernández defiende mayor presupuesto para la DIS y seguridad personal y de otros jerarcas

Tras aseverar que debe proteger a los jerarcas del gobierno y también su vida en medio de la guerra que libra el gobierno contra el narcotráfico y el crimen organizado, la presidenta Laura Fernández defendió un mayor presupuesto para el Ministerio de la Presidencia y varias dependencias de seguridad de esa cartera para el próximo año.

Y es que dicho ministerio tendrá un alza en su plan de gastos de ¢1.996 millones, al pasar de ¢11.886 millones en 2026 a ¢13.883 millones en 2027.

En esa institución, el aumento más alto en cuanto a la cantidad de recursos le corresponderá al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), cuyo plan de gastos crecerá en ¢1.453 millones; asimismo, se incrementará el presupuesto de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) en ¢252 millones.

El aumento destaca al presentarse el presupuesto 2027 del gobierno central, sobre todo al considerar que 15 institucionestendrán una rebaja, incluido el Poder Judicial.

En este último caso, la disminución será de ¢10 mil millones, pero la disminución total podría llegar a ¢40 mil millones, al considerar los recortes y las partidas presupuestarias congeladas hasta que la institución cumpla con una serie de requisitos vinculados con auditorías, infraestructura, remuneraciones y uso de plazas vacantes.

“Los aumentos son al servicio de enfrentar el crimen organizado y también para garantizar la protección de funcionarios que, obviamente, tenemos que hacerle frente y poner el pecho a las balas ante la situación del crimen organizado. Perdone la vehemencia. La gente pensará que a mí me encanta. No puedo ni siquiera hacer un semáforo. No puedo ir a comprar pan, no puedo ir a la feria del agricultor. Y lo asumo porque Costa Rica vale la pena y no me quejo”, dijo Fernández.

La molestia de la mandataria se debe a que una diputada del PLN cuestionó el aumento del gasto público para el Ministerio de la Presidencia.

“Mire, señora, ojalá que usted nunca en su vida tenga que recibir una amenaza como las que yo he recibido. Ojalá que usted nunca reciba la foto de la casa donde vive su mamá. Ojalá que usted nunca tenga que andar con perros, drones y policías para hacer su trabajo. Pero a mí nadie, nadie me va a desviar del cometido que es devolverle la paz a Costa Rica”, agregó Fernández.

Desde el 2023, el país vive una guerra entre bandas rivales del narcotráfico por territorio.

Esto ha hecho que las cifras de homicidio se disparen a niveles récord y que, además, varios medios internacionales den a conocer la situación de violencia que vive el país.

El último en hacerlo fue The Wall Street Journal, quien destacó el 27 de agosto pasado que la violencia narco “trastorna el sistema político del país”, para referirse a la lucha interna entre el gobierno y el Poder Judicial por recursos.

Fuerza de seguridad

Por otra parte, Fernández destacó que el ICD y la DIS colaboran con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado.

Esto, a través de operativos, información de inteligencia y otras labores.

“Se trata de unidades que dan soporte al Organismo de Investigación Judicial cuando tenemos una situación delicada. Son unidades donde también, debo decirlo, tenemos francotiradores. Es la única unidad en el país que está preparada para atender terrorismo. Es la única unidad especializada en el país que está capacitada para detener explosivos, para detener detonaciones, así que se requiere reforzar”, dijo la mandataria.

La presentación del presupuesto 2027 abrió un nuevo frente de batalla entre el gobierno de Laura Fernández y la oposición, en donde, básicamente, se invirtieron los papeles históricos en cuanto al gasto público.

Esto, porque Fernández propone un recorte de ¢393 mil millones para el próximo año, mientras que el Partido Liberación Nacional (PLN), Agenda Ciudadana y el Frente Amplio exigen abrir la llave del gasto público e invertir más recursos para enfrentar la crisis de seguridad, educación y salud.

En total, el Gobierno pretende gastar ¢12,4 billones, de los cuales, ¢4,6 billones corresponden a nueva deuda. Si se compara con el año en curso, hay un recorte del gasto que asciende a 3,1%.

El servicio de la deuda (40%) y las remuneraciones (24,7%) consumirán el 64,7% del presupuesto, mientras que las transferencias (28,2%) y otros gastos (7,1%) completan el plan de gastos.

“¿A qué le está dando prioridad este Gobierno? Mientras se recorta a la niñez, a las familias que necesitan vivienda y a las instituciones encargadas de combatir el crimen, sí aparecen recursos para otros gastos que deberían estar muy por debajo de esas prioridades”, afirmó Diana Murillo, diputada del PLN.