Eurobonos deben acompañarse de un ajuste fiscal, según economistas

Para evitar que la deuda pública se salga de control, Costa Rica debe aprobar el financiamiento estatal con los eurobonos, de acuerdo con los economistas de la Universidad Nacional (UNA).

Sin embargo, la medida sería insuficiente si el país no avanza con una propuesta de ajuste fiscal.

La advertencia la hicieron los expertos a finales de la semana pasada durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa, en donde resaltaron la reducción de la recaudación tributaria de los últimos meses, aparejada a una mayor demanda de recursos para atender situaciones puntuales como la inseguridad.

“Nuestra opinión es que esta autorización debería ser parte de un plan de mediano plazo, para que a la par de este refinanciamiento de nueve años de plazo, se presente un plan para atender los problemas fiscales del país, así que se debería pensar en un planteamiento de la situación fiscal con un horizonte similar”, dijo Fernando Rodríguez, economista de la UNA.

Los eurobonos son certificados de deuda que emite el Gobierno, con la característica especial de que se venden fuera del país en mercados internacionales como Nueva York o Londres.

En principio, sirven para conseguir dinero a plazos más largos y tasas de interés más baratas de las que se consiguen en el mercado nacional.

El gobierno de Fernández desea colocar $13.500 millones durante un período de nueve años, lo cual implicaría también una decisión financiera para las próximas dos administraciones. Según el proyecto, se estaría colocando alrededor de $1.500 millones al año.

El experto agregó que, a pesar de tener una inflación baja, el endeudamiento de Costa Rica sigue siendo muy alto.

Panorama complejo

De acuerdo con la ley, son los diputados, con 38 votos, quienes autorizan los eurobonos, por lo que Fernández deberá negociar en el parlamento con el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio su aprobación.

Precisamente, esos dos partidos están poniendo condiciones para dar sus votos.

Reconocer públicamente el monto exacto de la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, más importante aún, establecer una forma de pago es el punto de partida que estableció el PLN para negociar el proyecto de eurobonos que pide la presidenta Laura Fernández.

Mientras tanto, los legisladores del Frente Amplio demandaron al Gobierno descartar cualquier intento por quitar la exoneración de los bienes y servicios de la canasta básica y así “ponerles impuestos al arroz y los frijoles”.

Los dos partidos también exigen descartar cualquier recorte al presupuesto del Poder Judicial para el 2027.

Ambos partidos señalan que no darán “un cheque en blanco” al Gobierno. Paralelamente, los dos grupos opositores exigen negociar un monto menor a los $13.500 millones que pretende el Gobierno, además de metas de cumplimiento.

En estos momentos, se estima que la deuda del Estado con la CCSS asciende a los ¢4 billones, mientras que los bienes de la canasta básica tienen un 1% de impuesto, pero el Gobierno quiere cobrar el 13% a las familias de mayores recursos al eliminar la exoneración.

“No vamos a permitir que el Gobierno siga endeudando al país sin controles ni metas claras. El monto solicitado es excesivo y Liberación Nacional no va a otorgar un cheque en blanco a esta administración”, señaló Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN.

Preocupación

A finales de julio, la mandataria Fernández dio a conocer 24 acciones, entre decretos, decisiones administrativas y proyectos de ley para controlar la deuda pública.

La idea es cobrar bien los impuestos que ya existen, además de eliminar las exoneraciones que no se justifican.

Una de las iniciativas, por ejemplo, busca eliminar la impunidad en materia aduanera y tributaria, ya que, hoy día, un 80% de las infracciones carece de una sanción efectiva en el marco legal vigente, dijo Víctor Carvajal, viceministro de Hacienda.

Otro proyecto de ley busca frenar la emisión de facturas falsas para la declaración de impuestos, ya que hoy día, empresas pequeñas, medianas y grandes aprovechan los portillos legales existentes para ahorrarse miles de millones de colones en el pago de tributos.

Asimismo, se presentó un proyecto de ley para que Hacienda pueda ejecutar embargos, sin la autorización de un juez.

La relación deuda/PIB se ubicó en 60,5% al cierre de mayo, ligeramente por encima del 60,4% registrado al finalizar el 2025.

Esto significaría que, de mantenerse la tendencia, el Gobierno tendrá que frenar el crecimiento del gasto público, lo que implica menos dinero para educación, salud y seguridad, además de congelar los aumentos para el sector estatal.

En cuanto a la recaudación fiscal, las autoridades del Ministerio de Hacienda dieron a conocer una nueva caída en los ingresos. El descenso se reflejó en términos nominales y como proporción del PIB.

Los ingresos totales alcanzaron ¢3.056.747 millones a mayo de 2026, lo que representó una disminución acumulada equivalente a 0,1% del PIB de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

Al comparar la relación de los ingresos y el PIB, estos pasaron de 6,0% en 2025 a 5,7% en 2026, lo que representó una reducción de 0,2 puntos porcentuales.