Rodrigo Chaves despeja fantasmas de supuesta ilegalidad de recorte presupuestario para el Poder Judicial

El recorte de ¢23 mil millones que pretende Laura Fernández para el Poder Judicial el próximo año, no tienen ningún vicio de ilegalidad, de acuerdo con Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda.

El jerarca, aclaró que la Constitución Política establece un mínimo del 6% de los ingresos ordinarios del Congreso y según los cálculos de hacienda, todavía hay espacio para disminuir unos ¢60 mil millones adicionales.

“La Constitución tiene una norma clarísima, que dice que el presupuesto del Poder Judicial, el aprobado por la Asamblea y propuesto por el humilde ministro de Hacienda, no debe ser menos de 6% de los ingresos del Estado; entonces, la Asamblea tiene un espacio de casi ¢60 mil millones más para cortar si así lo quisiera más dinero dentro de los límites de la Constitución”, dijo Chaves este miércoles durante la tradicional rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

La aclaración surge luego de que la Corte Plena acordara utilizar todas las herramientas legales a su alcance para evita el recorte.

Según los magistrados, la decisión del gobierno no se justifica, no solo por el momento de violencia que vive Costa Rica, sino porque al recortar recursos el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sería el más afectado con ¢9 mil millones, lo cual, afectaría las investigaciones y la presentación de pruebas para que los fiscales hagan su trabajo y encierren a los criminales peligrosos.

Paralelamente, el ministro Chaves criticó a la Corte por cuestionar las decisiones del gobierno, alegando que en ninguna parte del mundo, el Poder Judicial se autodefine el presupuesto.

“Métanse a Google, que es tal vez donde les da la capacidad, y pregúntenle a ChatGPT o a Google, a donde usted quiera, ¿qué Poder Judicial del mundo se define su propio presupuesto?. Solo aquí, la dictadura del Partido Poder Perjudicial de la República”, dijo Chaves.

Finalmente, el jerarca de Hacienda destacó que la Asamblea Legislativa es la única que tiene la autoridad de recortar o no el plan de gastos del Poder Judicial

“Yo no tengo autoridad para cortar el presupuesto de este año, ni para aprobar el presupuesto del año entrante. Es verdaderamente vergonzoso que un presidente de una Corte Suprema de Justicia no sepa, que lo único que puede hacer un humilde ministro de Hacienda como su servidor, es enviar una propuesta de presupuesto al Congreso. Nada más”, finalizó.

Defensa a ultranza

Con el objetivo de evitar una afectación a la administración de la justicia, la Corte Plena acordó, en la sesión de este lunes 24 de agosto, autorizar a Orlando Aguirre, presidente de la Corte, a realizar todas las acciones administrativas y legales pertinentes para impedir un recorte al presupuesto del Poder Judicial de ¢23 mil millones para el 2027.

La disminución que propone el gobierno de Laura Fernández asciende a unos ¢23.722 millones para el próximo año y, según el Poder Judicial, se trata de dinero fundamental para la administración de la justicia.

“Nos recortan entre más exitoso es el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, que pareciera que el mensaje que nos dan es que no se quiere combatir la seguridad ciudadana. Hacemos un esfuerzo para poder eliminar las bandas criminales para darle seguridad a Costa Rica, que no es la labor esencial del Poder Judicial. Eso le corresponde al Ejecutivo”, dijo la magistrada Patricia Solano de la Sala III.

Mientras tanto, la magistrada Damaris Vargas destacó el impacto que tendría el recorte en una justicia pronta y cumplida.

“Con este recorte que se está planteando habrá un rezago más significativo del que ya nosotros tenemos”, expresó la magistrada Damaris Vargas.

La reducción del presupuesto que impulsa el gobierno de Fernández se enmarca en un esfuerzo nacional para contener el crecimiento del gasto público, en momentos en donde la recaudación fiscal se reduce y la amenaza de la deuda pública resurge.

En ese sentido, la mandataria ha señalado en varias ocasiones que todas las instituciones del Estado se verán afectadas por el recorte, incluido el gobierno central, la Asamblea Legislativa, la Contraloría, la Defensoría y otras instituciones, por lo que no justifica que el Poder Ejecutivo quede exonerado.

¿Qué dice la ley?