Crece tensión entre magistrados y Laura Fernández por recorte de presupuesto de ¢23 mil millones para 2027

En un episodio más del enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Laura Fernández, el Poder Judicial anunció que presentará todas “las acciones administrativas y legales” a su alcance para evitar un recorte presupuestario de más de ¢23 mil millones para el próximo año.

El acuerdo fue tomado por la Corte Plena en la sesión de este lunes 24 de agosto, en donde se autorizó a Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, a realizar las acciones pertinentes.

La Corte no anunció los instrumentos legales que usará ni tampoco el destino de sus reclamos, pero es claro que corresponderá a los tribunales contenciosos administrativos o a la Sala IV tomar una decisión al respecto.

De hecho, ayer, los jerarcas del máximo tribunal prefirieron abstenerse a votar sobre esta decisión, con el posible objetivo de ir preparando el terreno para el debate en la Sala IV.

La disminución asciende a unos ¢23.722 millones para el próximo año y, según el Poder Judicial, se trata de dinero fundamental para la administración de la justicia.

“Nos recortan entre más exitoso es el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, que pareciera que el mensaje que nos dan es que no se quiere combatir la seguridad ciudadana. Hacemos un esfuerzo para poder eliminar las bandas criminales para darle seguridad a Costa Rica, que no es la labor esencial del Poder Judicial. Eso le corresponde al Ejecutivo”, dijo la magistrada Patricia Solano de la Sala III.

De acuerdo con la Corte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra la mayor reducción propuesta con unos ¢9.536,3 millones.

Por otra parte, el Poder Judicial se quejó de que el Ministerio de Hacienda plantea el recorte a partir de una estimación estadística elaborada con información disponible al 30 de junio de 2026 y con base en patrones históricos de ejecución presupuestaria.

Esta metodología permite proyectar cuánto podría ejecutarse al cierre del año, pero no determina cuánto dinero está efectivamente disponible para ser recortado.

En ese sentido, el Poder Judicial destacó que un estudio técnico elaborado por el Poder Judicial determinó que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por Hacienda presentan un disponible inferior al monto que se pretende rebajar.

Mientras tanto, la magistrada Damaris Vargas destacó el impacto que tendría el recorte en una justicia pronta y cumplida.

“Con este recorte que se está planteando habrá un rezago más significativo del que ya nosotros tenemos”, expresó la magistrada Damaris Vargas.

¿Esfuerzo nacional?

La reducción del presupuesto que impulsa el gobierno de Laura Fernández se enmarca en un esfuerzo nacional para contener el crecimiento del gasto público, en momentos en donde la recaudación fiscal se reduce y la amenaza de la deuda pública resurge.

En ese sentido, la mandataria Laura Fernández ha señalado en varias ocasiones que todas las instituciones del Estado se verán afectadas por el recorte, incluido el gobierno central, la Asamblea Legislativa, la Contraloría, la Defensoría y otras instituciones, por lo que no justifica que el Poder Ejecutivo quede exonerado.

“Yo estoy absolutamente segura de que el esfuerzo presupuestario que se le ha pedido al Poder Judicial es pequeño, no afecta labores sustantivas y, muy por el contrario (…) Cuando trabajamos unidos, cuando todos los cuerpos policiales del país se enfocan en hacer bien su trabajo, cuando construimos soluciones en equipo, esa es definitivamente la forma correcta de trabajar y de enfrentar el principal problema que enfrenta nuestro país”, dijo Fernández el pasado 24 de julio, cuando las autoridades policiales detuvieron a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

El problema entre el gobierno y el Poder Judicial tiene como telón de fondo la grave situación de inseguridad, los homicidios y la lucha entre bandas narco por el territorio.