Laura Fernández cierra la llave del gasto y desata fuerte crítica opositora

La presentación del presupuesto 2027 abrió un nuevo frente de batalla entre el gobierno de Laura Fernández y la oposición, en donde, básicamente, se invirtieron los papeles históricos en cuanto al gasto público.

Esto, porque Fernández propone un recorte de ¢393 mil millones para el próximo año, mientras que el Partido Liberación Nacional (PLN), Agenda Ciudadana y el Frente Amplio exigen abrir la llave del gasto público e invertir más recursos para enfrentar la crisis de seguridad, educación y salud.

En total, el Gobierno pretende gastar ¢12,4 billones, de los cuales, ¢4,6 billones corresponden a nueva deuda. Si se compara con el año en curso, hay un recorte del gasto que asciende a 3,1%.

El servicio de la deuda (40%) y las remuneraciones (24,7%) consumirán el 64,7% del presupuesto, mientras que las transferencias (28,2%) y otros gastos (7,1%) completan el plan de gastos.

“La administración Fernández Delgado presentó su primer presupuesto, el cual, es una continuidad de un deterioro sostenido de las finanzas públicas desde la administración anterior (…) Vemos una reducción de casi ¢400 mil millones en relación con el presupuesto anterior. Salta a la luz que es un gobierno que no tiene un verdadero compromiso con la seguridad, puesto que hay una disminución, siendo lo más significativo el recorte del Poder Judicial y, en especial, del OIJ”, dijo Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana.

Mientras tanto, los verdiblancos lamentaron el enfoque fiscalista del gobierno y la reducción del gasto estatal en materia social.

Asimismo, hicieron un llamado especial por lo que consideran una mala decisión en torno a la seguridad, ya que el país vive una guerra entre bandas narcotraficantes por el territorio y la venta de drogas.

Entre las reducciones se encuentran ¢40 mil millones a los CEN-CINAI, ¢30 mil millones al BANHVI, ¢6.825 millones al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y más de ¢35.000 millones recortados al Poder Judicial durante 2026. Para 2027, además, se pretende aplicar, de momento, un nuevo recorte de ¢23.000 millones al Poder Judicial, de los cuales más de ¢9.500 millones corresponden al OIJ.

“¿A qué le está dando prioridad este Gobierno? Mientras se recorta a la niñez, a las familias que necesitan vivienda y a las instituciones encargadas de combatir el crimen, sí aparecen recursos para otros gastos que deberían estar muy por debajo de esas prioridades”, afirmó Diana Murillo, diputada del PLN.

País obligado a amarrarse la faja

Mientras tanto, Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, explicó que el país está obligado a amarrarse la faja y contener el gasto público.

Esto, porque el pago de la deuda pública se lleva cuatro de cada diez colones del presupuesto, a la vez que los ingresos del Estado se han reducido.

En ese sentido, Chaves manifestó que el país requiere de 38 diputados valientes para tomar las decisiones que se requieren en cuanto al gasto público de aquí en adelante.

El jerarca se refiere a revisar las exoneraciones que alcanzan los ¢2 billones al año, además de reducir la cantidad de instituciones, revisar las transferencias a las universidades públicas, recortar los gastos de alquileres y aprobar los eurobonos, entre otras medidas. La bancada oficialista de Pueblo Soberano apenas tiene 31 diputados.

Debido a que el oficialismo tiene mayoría simple en el Congreso, puede aprobar en comisión y en el plenario el presupuesto que fue presentado sin hacerle una sola modificación, pero para las reformas profundas requiere del apoyo opositor.

“La prioridad de este presupuesto es administrar el dinero del pueblo con mucho celo. Buscamos proteger el futuro de Costa Rica, deshipotecar al país, cuidar el bolsillo de los costarricenses y crear condiciones para que el país crezca y genere empleo”, dijo Chaves al mediodía.

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La presidenta Laura Fernández ordenó recortar el gasto público. Cortesía/La República.