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Tras cuatro meses de gestión de la nueva Asamblea Legislativa, ha quedado claro que existen dos grupos en el Parlamento. Por un lado, está la bancada oficialista de Pueblo Soberano, con 31 legisladores y, en el otro bando, están los cuatro partidos de oposición.
Esto ha hecho que la mandataria Laura Fernández se refiera al bloque opositor como “la bancada opositora comunista”, además de señalar que el líder del grupo no oficialista es José María Villalta, del Frente Amplio.
Sin embargo, Álvaro Ramos, excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), no está de acuerdo con esa denominación y asegura que, en la práctica, es el PLN el que lidera a los 26 diputados contrarios al Gobierno.
“Yo podría manifestar primero que ha sido muy clara la visión del bloque opositor, en donde el PLN suma 17 de los 26 votos. En ese sentido, a mí me parece más bien que el Frente Amplio ha asumido múltiples posiciones que históricamente eran más de Liberación”, afirmó Ramos.
Para el excandidato presidencial, esa dinámica también se refleja en algunas decisiones que han tomado los diputados frenteamplistas, quienes, según su valoración, se han acercado a posiciones que tradicionalmente fueron defendidas por Liberación Nacional.
Uno de los ejemplos que menciona es la reelección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un tema en el que, históricamente, el Frente Amplio había mantenido una posición contraria.
“Por ejemplo, la reelección de los magistrados, que era un punto en el que el Frente Amplio siempre se opuso mucho, ahora más bien, se acercaron a la posición de Liberación de que sí es necesario reelegir a los magistrados. Entonces, ahí yo no veo ese liderazgo del Frente Amplio”, señaló.
Ramos reconoce que las cuatro bancadas opositoras pueden coincidir en algunos temas y defender objetivos comunes frente al Gobierno de Fernández, pero considera que eso no significa que el Frente Amplio tenga el liderazgo del bloque.
En su criterio, existen coincidencias alrededor de temas como la defensa de las libertades, las oportunidades y la necesidad de contar con un Gobierno eficiente y al servicio de la población.
“Por otra parte, me parece que todos veníamos con un mensaje similar de defender la libertad, de defender las oportunidades, de defender un gobierno que funcione, que esté al servicio de la gente y en eso siempre concordaremos. Hay diferencias muy importantes y esas diferencias se mantienen”, agregó.
Sin embargo, desde que esta administración arrancó, ha sido notorio un cambio de dirección en el PLN.
La aprobación de las jornadas 4x3, la ley de armonización del mercado eléctrico y la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico son algunas de los temas en donde los verdiblancos dieron un giro de 180 grados.
En la práctica, esto se traduce en un bloqueo legislativo de las tres iniciativas que complica la aprobación al Gobierno de Fernández.
En el caso de las jornadas 4x3, que establece horarios laborales de 12 horas, a cambio de tres días de descanso consecutivos, los verdiblancos señalan que no apoyarán la iniciativa hasta que se garantice un balance que proteja a los trabajadores y a las madres trabajadoras.
Se trata de una iniciativa que ha impulsado el sector productivo durante años y que ahora enfrenta más de 4 mil mocionesdel Frente Amplio y el PLN.
“Los partidos políticos tienen derecho a revisar sus posiciones y los proyectos deben ser analizados con responsabilidad por cada nueva integración legislativa. Ciertamente, en el caso del PLN, los cambios de postura no son positivos, pero confiamos en que la urgencia de dotar a Costa Rica de estas reformas les haga reconsiderar su opinión”, dijo Maritza Hernández, presidenta de la UCCAEP.
En cuanto a la Alianza del Pacífico, los del PLN no están de acuerdo en firmar nuevos acuerdos comerciales y señalan la necesidad de defender al agricultor nacional, mientras que con la ley de armonización del mercado eléctrico, destacan que el plan le quitaría al ICE su papel de planificador del mercado eléctrico y lo pondría a competir con el sector privado. En ambos casos, están en contra.
“Cuando existe incertidumbre sobre reformas relevantes o los procesos legislativos se prolongan, es natural que algunas empresas opten por actuar con mayor cautela mientras se define el marco regulatorio. Esto no significa que la inversión se detenga, pero sí que algunos proyectos pueden reprogramarse o analizarse con mayor detenimiento. Costa Rica necesita consensos amplios que permitan avanzar responsablemente en materia laboral, energética y de integración comercial”, dijo Rodney Salazar, presidente de CRECEX.
