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El reconocimiento facial y otras herramientas biométricas ya forman parte de distintos servicios y sistemas de seguridad en Costa Rica, pero su expansión ocurre mientras el país todavía no cuenta con reglas específicas para algunos de los nuevos riesgos que genera el uso de estas tecnologías.
La legislación nacional protege los datos personales y establece condiciones para su tratamiento, pero fue creada en 2011, antes de que la inteligencia artificial (IA) tuviera el alcance actual y de que los sistemas capaces de identificar, clasificar o analizar personas se utilizaran de manera más extendida.
Los datos biométricos, como el rostro, las huellas dactilares y la voz, pueden identificar de manera única a una persona, por lo que deben recibir un nivel especial de protección.
“La ley establece principios generales de consentimiento expreso, finalidad y seguridad en el tratamiento de datos, pero no desarrolla estándares técnicos ni obligaciones específicas cuando estos datos se procesan mediante sistemas de IA”, dijo Alejandra Peña, docente de Derecho de la Universidad Fidélitas.
En el caso del reconocimiento facial, uno de los principales retos aparece cuando las cámaras captan imágenes y las comparan de forma automática con bases de datos para determinar la identidad de una persona.
Este tipo de tecnología puede utilizarse en videovigilancia, seguridad, controles de acceso y otros servicios, pero también genera preguntas sobre quién puede recopilar la información, durante cuánto tiempo puede conservarla y para qué fines puede utilizarla.
La falta de reglas claras cobra mayor importancia cuando el sistema no solo identifica a una persona, sino que utiliza esa información para tomar decisiones sobre ella.
Un algoritmo, por ejemplo, podría participar en procesos relacionados con el acceso a determinados servicios o espacios, lo que plantea dudas sobre la posibilidad de conocer cómo se tomó la decisión y de cuestionarla cuando existe un error.
“Cuando se emplea reconocimiento facial sin lineamientos claros sobre base de licitud, almacenamiento, seguridad, acceso y auditoría, se genera una zona gris que puede afectar derechos fundamentales como la autodeterminación informativa y el debido proceso”, agregó Peña.
En Costa Rica, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
También existen pronunciamientos de la Sala Constitucional y resoluciones de la Prodhab que han reconocido el carácter sensible de los datos biométricos y la necesidad de aplicar medidas adicionales para su tratamiento.
Para las compañías que utilizan estas herramientas, el desafío no se limita a incorporar una nueva tecnología, sino a establecer controles que permitan demostrar que su uso respeta las normas de protección de datos.
Empresas de seguridad, bancos, comercios y desarrolladores tecnológicos pueden enfrentar reclamos o sanciones si recopilan o utilizan información biométrica sin cumplir con las condiciones aplicables.
La debida diligencia debería incluir una evaluación de impacto sobre la protección de datos, un análisis que determine si el uso de la tecnología es realmente necesario y proporcional, así como contratos claros con los proveedores que procesen la información.
Costa Rica cuenta con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, que incorpora principios relacionados con derechos humanos y uso responsable de esta tecnología.
Sin embargo, esa estrategia no reemplaza una legislación específica que determine cómo deben funcionar los sistemas biométricos basados en inteligencia artificial y qué derechos tienen las personas frente a decisiones automatizadas.
“No se trata de frenar la innovación, sino de gestionarla con gobernanza y transparencia. Costa Rica tiene la oportunidad de anticiparse y establecer reglas claras que equilibren desarrollo tecnológico y protección de derechos”, concluyó.
