Municipios temen que plan del gobierno para habitantes de calle sea una “puerta giratoria”
9 alcaldes piden incorporarse a mesa nacional de diálogo sobre este tema
Diego Miranda, alcalde de San José. Cortesía/La República.
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Para enfrentar de manera adecuada la problemática de los habitantes de calle, necesariamente el gobierno de Laura Fernández debe hacer equipo con las municipalidades afectadas; de lo contrario, se corre el riesgo de fracasar en la lucha contra esta problemática social.
La advertencia la hicieron nueve alcaldes esta semana al Poder Ejecutivo por medio de una carta, en donde solicitan información sobre la estrategia que está implementando el gobierno para atender la situación, pero, más importante aún, reclamar un espacio en una mesa de diálogo nacional para colaborar y buscar soluciones conjuntas.
Y es que, a casi un mes de que Zapote diera a conocer una iniciativa formal en esta materia, los municipios se quejan de que no conocen el plan denominado “Puertas Abiertas”.
“Es importante señalar que, a la fecha, los gobiernos locales no tienen conocimiento de un documento oficial y escrito que contenga el contenido integral, los objetivos, el alcance, la metodología, las instituciones participantes, entre otros aspectos relevantes. La información disponible para los municipios sobre las nuevas acciones ha trascendido principalmente a través de publicaciones y declaraciones difundidas en medios de comunicación nacionales”, explica la carta enviada a Fernández.
“Puerta giratoria”
Entre las preocupaciones planteadas por los gobiernos locales se encuentra la posibilidad de que el asistencialismo genere una especie de “puerta giratoria” para los habitantes de calle, al ofrecerles alimentación, barbería, ropa y valoraciones médicas, pero sin contar con un plan articulado de seguimiento para las personas que requieren tratamiento por adicciones, enfermedades crónicas o padecimientos de salud mental.
“Queremos que esta mesa nacional escuche a los municipios. Somos quienes convivimos diariamente con esta realidad y quienes conocemos las diferencias entre un cantón y otro. Necesitamos una política pública que defina claramente quién hace qué, con qué recursos y cómo vamos a medir los resultados. La respuesta no puede limitarse a atender la emergencia; tenemos que generar rutas que permitan que las personas salgan de la situación de calle y recuperen su autonomía. Los municipios hemos venido haciendo nuestra parte desde los territorios, pero necesitamos que esta problemática sea abordada con una visión nacional, con liderazgo y coordinación del Gobierno Central y con el respaldo institucional necesario para lograr resultados sostenibles”, señaló Diego Miranda, alcalde de San José.
El pasado 12 de agosto, Francisco Gamboa, primer vicepresidente de Costa Rica, dio a conocer el plan nacional sobre esta problemática.
En el acto, Gamboa explicó la labor articulada del Gobierno Central en esta materia, pero no mencionó la coordinación con los municipios.
El plan parte de un registro de 7.132 personas en situación de calle en Costa Rica, de las cuales 3.590 se encuentran en San José.
La idea es que las diferentes instituciones públicas trabajen de manera coordinada y acompañen a las personas durante las distintas etapas del proceso, desde la atención inicial hasta su eventual recuperación e incorporación a la sociedad.
“La decisión de comenzar en Merced responde a la concentración de personas en situación de calle, el consumo problemático de sustancias, los problemas de convivencia y las preocupaciones manifestadas por el sector comercial de la zona”, explicó Gamboa ese miércoles durante una conferencia de prensa.
Es por ello que las municipalidades consideran necesario que la mesa nacional tenga una participación territorial más amplia e incorpore a cantones con alta concentración de personas en situación de calle, entre ellos el cantón Central de Heredia, cantón Central de Alajuela y los cantones de la provincia de San José, como San José, Desamparados, Alajuelita, Goicoechea, así como otros territorios que enfrentan una alta incidencia de esta problemática.
La misiva fue firmada por esos y otros alcaldes.
“Esta articulación la hemos venido trabajando desde hace dos años porque tenemos claro que la habitabilidad de calle no es un problema que pueda resolver una sola municipalidad ni una sola institución. Los gobiernos locales estamos en el territorio, conocemos la realidad de nuestras comunidades y hemos desarrollado acciones concretas, pero no podemos trabajar solos. Necesitamos el apoyo, la coordinación y el compromiso del Gobierno Central para construir soluciones de fondo y sostenibles”, concluyó Miranda.
