Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Para el próximo año, cuatro de cada diez colones que gaste el Gobierno Central se usarán para pagar la deuda pública y sus intereses.
Se trata de ¢4,6 billones que limitarán la inversión del Estado en educación, salud y seguridad, entre otras áreas.
Ante esta situación, Nogui Acosta, jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, insistió en que el país debe avanzar cuanto antes en el plan de eurobonos para así reducir el pago de la deuda pública.
“El 40% de este presupuesto está financiado con deuda. Nuestra responsabilidad desde la Asamblea Legislativaes asegurar que este financiamiento sea al menor costo posible. Eurobonos es la gran oportunidad que tiene el país de poder ir al mercado internacional”, dijo Acosta.
Los eurobonos son certificados de deuda que emite el Gobierno, con la característica especial de que se venden fuera del país en mercados internacionales como Nueva York o Londres.
En principio, sirven para conseguir dinero a plazos más largos y tasas de interés más baratas de las que se consiguen en el mercado nacional.
La idea es que el Gobierno use ese dinero para pagar deudas que tienen condiciones menos ventajosas para el erario público.
El gobierno de Fernández desea colocar $13.500 millones durante un período de nueve años, lo cual implicaría también una decisión financiera para las próximas dos administraciones. Según el proyecto, se estaría colocando alrededor de $1.500 millones al año.
Eso sí, corresponde a la Asamblea Legislativa autorizar la emisión de deuda con 38 votos en el plenario, por lo que Fernández deberá negociar en el Parlamento con el PLN y el Frente Amplio su aprobación.
El problema es que la oposición no quiere dar los votos al plan de eurobonos hasta que se cumplan varias demandas, incluida la negativa a recortar la inversión en seguridad.
Tal y como se esperaba, el presupuesto del próximo año será austero, incluso, menor a lo gastado en 2026.
Este martes, Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, presentó el plan de gastos del Gobierno Central para el 2027.
En esencia, el presupuesto incluye una reducción de ¢393 mil millones en el gasto, lo que implica un retroceso de 3,1% en relación con el plan de gastos actual.
En total, el Gobierno pretende gastar ¢12,4 billones, de los cuales, ¢4,6 billones corresponden a nueva deuda, es decir, el 37,7%.
“La prioridad de este presupuesto es administrar el dinero del pueblo con mucho celo. Buscamos proteger el futuro de Costa Rica, deshipotecar al país, cuidar el bolsillo de los costarricenses y crear condiciones para que el país crezca y genere empleo”, dijo Chaves.
Durante su mensaje, Chaves aseveró que los ingresos del Estado no alcanzan y, por ello, es necesario hacer un recorte presupuestario que abarca a prácticamente todo el Gobierno Central.
El servicio de la deuda (40%) y las remuneraciones (24,7%) consumirán el 64,7% del presupuesto.
En ese sentido, Chaves manifestó que el país requiere de 38 diputados valientes para tomar las decisiones que se requieren en cuanto al gasto público de aquí en adelante.
El jerarca se refiere a revisar las exoneraciones que alcanzan los ¢2 billones al año, además de reducir la cantidad de instituciones, revisar las transferencias a las universidades públicas, recortar los gastos de alquileres y aprobar los eurobonos, entre otras medidas.
Debido a que el oficialismo tiene mayoría simple en el Congreso, puede aprobar en comisión y en el plenario el presupuesto que fue presentado sin hacerle una sola modificación.
Por otra parte, el Poder Judicial tendrá una disminución de -1,9%, según Hacienda.
No obstante, el recorte a enfrentar en 2027 sería de ¢40.000 millones menos, al considerar las rebajas y las partidas presupuestarias congeladas.
Se trata de ¢10 mil millones en recortes y una propuesta a la Asamblea Legislativa para congelar otros ¢30 mil millones vía normas de ejecución presupuestaria, hasta que la institución cumpla una serie de requisitos vinculados con auditorías, infraestructura, remuneraciones y uso de plazas vacantes.
La presentación del presupuesto 2027 abrió un nuevo frente de batalla entre el gobierno de Laura Fernández y la oposición, en donde, básicamente, se invirtieron los papeles históricos en cuanto al gasto público.
“La administración Fernández Delgado presentó su primer presupuesto, el cual, es una continuidad de un deterioro sostenido de las finanzas públicas desde la administración anterior (…) Vemos una reducción de casi ¢400 mil millones en relación con el presupuesto anterior. Salta a la luz que es un gobierno que no tiene un verdadero compromiso con la seguridad, puesto que hay una disminución, siendo lo más significativo el recorte del Poder Judicial y, en especial, del OIJ”, dijo Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana.
Mientras tanto, los verdiblancos lamentaron el enfoque fiscalista del gobierno y la reducción del gasto estatal en materia social.
“¿A qué le está dando prioridad este Gobierno? Mientras se recorta a la niñez, a las familias que necesitan vivienda y a las instituciones encargadas de combatir el crimen, sí aparecen recursos para otros gastos que deberían estar muy por debajo de esas prioridades”, afirmó Diana Murillo, diputada del PLN.
