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El acuerdo anunciado por el presidente Trump y la presidente interina de Venezuela Delcy Rodríguez el 28 de agosto pasado fue descrito por Trump como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.
Si bien el texto completo del acuerdo petrolero aún no se ha dado a conocer al público ya han trascendido algunos rasgos básicos sobre sus alcances y características.
El acuerdo es suscrito por el gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno interino de Venezuela y tiene un plazo de vigencia de 25 años. Estados Unidos obtiene el control mayoritario sobre 17 campos estratégicos situados en la Faja Petrolífera del Orinoco y en la Cuenca del Lago de Maracaibo. El pacto abarca 65,000 millones de barriles de petróleo lo que representa aproximadamente el 21,4% de las reservas probadas totales de Venezuela. Es decir un quinto de las reservas totales.
Participan empresas estadounidenses tales como Chevron, BP, Shell, Repson, Eni, etc. aunque Venezuela conserva la propiedad y soberanía sobre los recursos. La inversión privada de tales empresas sería de 100,000 millones de dólares.
El acuerdo podría significar ventajas para ambos países involucrados.
Poco gana Venezuela con tener las mayores reservas petroleras del planeta si no las convierte en un producto exportable que le genere ingresos tanto a las empresas que inviertan como al estado venezolano y a sus ciudadanos.
Las ventajas para los Estados Unidos serían muchas: Control mayoritario sobre la operación y comercialización de 65,000 millones de barriles de crudo pesado. Reaprovisionamiento de la reserva energética y expansión para empresas estadounidense como Chevron y otras. Lograr un acceso privilegiado al petróleo venezolano y aumentar su influencia en el hemisferio americano.
Las ventajas para Venezuela serían: inyección masiva de capital para la reconstrucción de la infraestructura petrolera obsoleta. Venezuela obtendría más de 209,000 millones de dólares en tributos equivalentes a unos 19USD por barril de petróleo. Así también recuperación de la capacidad de producción.
El acuerdo modificaría el mapa energético del hemisferio occidental y recuperaría parte de la influencia de los Estados Unidos en la región. Venezuela se convertiría en el aliado estratégico principal de los Estados Unidos en la América Latina y el Caribe.
Para Trump el acuerdo no es meramente comercial, se trata de un instrumento de seguridad nacional y seguridad energética para los Estados Unidos. El Pentágono sería el garante estratégico y financiero del proyecto. Este es un tema muy delicado que habrá que estudiar con detenimiento. Cual será la participación del sector público estadounidense en el proyecto? Hay que ver el asunto con lupa porque por definición el estado no es buen empresario. Habrá que fortalecer las garantías y los mecanismos de transparencia, auditoria y competencia para mejorar el proyecto.
Respecto a los contextos del acuerdo hay que recordar que en Venezuela se inició una nueva etapa política a partir del 3 de enero de 2026, cuando el mandatario Nicolás Maduro fue extraído y conducido a una celda en la ciudad de Nueva York, por fuerzas militares de los Estados Unidos. A partir de entonces asume como presidente interina la Señora Delcy Rodríguez. Empieza entonces un proceso de transición bajo la tutela de los Estados Unidos, y más específicamente bajo la tutela del presidente Trump y su Secretario de Estado Marco Rubio. Desde entonces el gobierno de Venezuela ha venido siendo muy monitoreado e incluso conducido en varios temas por las autoridades estadounidenses. Y sin embargo la gran mayoría de las autoridades del gobierno chavista y madurista continúan en el poder y el régimen mantiene sus características autoritarias. Aunque se han liberado presos políticos y se eliminó a personeros del entorno más cercano a Nicolás Maduro, el régimen se mantiene. De manera que el acuerdo petrolero representa un pacto o alianza entre la administración Trump y el nuevo chavismo que ahora encabeza Delcy Rodríguez, junto con su hermano Jorge y Diosdado Cabello, y que no tiene inconveniente en suscribir el acuerdo petrolero mencionado. El giro ideológico y geopolítico del nuevo chavismo es monumental, aunque está por verse si es sostenible.
Por otra parte, en los Estados Unidos se vive un período de campaña electoral con vistas a las elecciones de medio término del próximo martes 3 de noviembre. Simultáneamente continúa la guerra en Irán y las tensiones en el Estrecho de Ormuz que se traducen en aumentos y volatilidad en los precios del petróleo. Tanto el precio de la gasolina como la tasa de inflación se han incrementado desde marzo pasado. En ese contexto, el acuerdo petrolero de Estados Unidos con Venezuela viene como anillo al dedo para que el presidente Trump aliente las esperanzas de los estadounidenses para obtener petróleo barato de un país cercano como es Venezuela y entonces lograr en el mercado estadounidense precios más bajos para el consumidor en la estación de gasolina.
En esos contextos el acuerdo petrolero se ha convertido también en un factor político electoral para movilizar a las bases del partido Republicano a votar el próximo 3 de noviembre.
Desde luego hay riesgos sobre la viabilidad del acuerdo. La autoridad que firma por Venezuela es la Señora Delcy Rodríguez quien es por definición interina, es decir que en cualquier momento puede ser cambiada. Además es ilegítima, pues su autoridad no proviene de una elección popular democrática, sino como heredera o segunda al mando de Nicolás Maduro.
Y también los artículos 12 y 13 de la Constitución venezolana sobre la soberanía de los recursos naturales podrían ser esgrimidos por un futuro gobierno para desconocer o impugnar el acuerdo petrolero. En ese marco la tradición venezolana de nacionalismo económico es muy fuerte y no solamente en el chavismo sino también en sectores de la oposición venezolana.
Por otra parte Venezuela tiene antecedentes de expropiaciones y nacionalizaciones de empresas petroleras estadounidenses y lógicamente los potenciales nuevos inversionistas reclaman seguridad jurídica. Y dicha seguridad jurídica depende mucho de la orientación política e ideológica de quienes están en el poder.
Y finalmente otro punto a considerar es la volatilidad, tanto de la política venezolana como de la política estadounidense.
En resumen que en el contexto de la campaña electoral en los Estados Unidos el acuerdo petrolero busca reactivar la industria petrolera en Venezuela, garantizar el suministro de petróleo barato a los ciudadanos de los Estados Unidos a mediano plazo, así como generar ingresos por tributos al estado venezolano pero existen dudas sobre la viabilidad política del acuerdo.
En Venezuela el acuerdo petrolero y la transición democrática deben marchar juntos, simultáneamente, hacia la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos.
El acuerdo petrolero no debe verse como contradictorio u opuesto a la verdadera transición democrática en Venezuela que va a empezar con la realización de elecciones libres, justas y competitivas que permitan la formación de un gobierno con legitimidad de origen, es decir un gobierno elegido democráticamente.
Por su parte el acuerdo petrolero puede abrir espacios de libertad económica que fortalezcan las posibilidades de la libertad política. Las libertades y la democracia junto con el acuerdo petrolero pueden abrir caminos de prosperidad para los venezolanos.
