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En 2009, la Sala Constitucional declaró ilegal la minería a cielo abierto otorgada a una empresa extranjera para extraer el oro de Crucitas.
Desde entonces, han pasado más de 15 años y el preciado metal que se encuentra en la zona ha sido robado por coligalleros y, más recientemente, por redes criminales ante el altísimo valor del oro en el mercado internacional.
Es por ello y ante el evidente daño ambiental en la zona que el Colegio de Geólogos de Costa Rica señala que ha llegado la hora de ponerle un punto final a esta historia.
Para ello, la solución no debe pasar por la Asamblea Legislativa, ya que partidos como el Frente Amplio y Liberación Nacional pueden frenar el avance de la extracción minera por años.
La única solución es que el país vaya a un referéndum, tal y como pasó en 2007, cuando los costarricenses salieron a votar para definir la incorporación de Costa Rica al Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
“Lo que estamos diciendo es que debe haber un referéndum para que esto no se siga dilatando, porque el país no puede permitir que se roben el oro y, al mismo tiempo, le hagan un daño; ahora, si la gente da la opción de que no importa, que no quiere extraer el oro, al menos el país lo decidió”, dijo Néstor Chamorro, presidente del Colegio de Geólogos de Costa Rica.
Para el experto en temas de minería, la ciudadanía tiene que tomar conciencia real de que los políticos “pueden seguir pateando la bola con sus tácticas dilatorias”.
“Tenemos que hacer algo y ese algo es apoyar la extracción de oro de manera técnica, que es la única responsable social y ambientalmente”, agregó Chamorro.
El problema es que Costa Rica ya está contra el reloj en esta materia.
Y es que la riqueza natural del país está siendo “saqueada”, a la vez que Costa Rica “pierde oportunidades económicas” por decisiones políticas.
“El tiempo para actuar se está agotando y no podemos permitirlo. Es nuestro compromiso mantener a Crucitas vigente en la agenda nacional y seguir recordándole al país que este problema no puede terminar olvidado en un escritorio de la Asamblea Legislativa. Las comunidades siguen esperando una respuesta y la presencia del crimen organizado representa un desafío cada vez mayor”, señaló Chamorro.
Para el experto, mientras en la Asamblea Legislativa las discusiones están varadas, cientos de personas que viven en la zona continúan esperando respuestas, el saqueo no se ha detenido, la contaminación aumenta, el crimen organizado crece y el problema social de la zona se incrementa cada vez más.
“No podemos esperar a que Crucitas sea otro expediente olvidado”, expresó el presidente de la institución.
La posibilidad de realizar un referéndum podría ser contemplada por la mandataria si persiste el bloqueo legislativo.
Para convocar un referéndum hay tres formas. Las primeras dos son con la firma del 5 % del padrón electoral o el voto positivo de 38 diputados. La última posibilidad es que el presidente solicite al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)hacer la consulta. En este caso, la decisión tiene que ser validada por 29 legisladores para que arranque el proceso.
En este último caso, Fernández tiene 31 legisladores, por lo que no habría inconveniente para convocar la consulta en el momento que ella considere oportuno.
Por otra parte, los referendos solo se pueden hacer una vez al año y únicamente seis meses antes o después de las elecciones presidenciales.
En los referendos, los costarricenses votan por un proyecto de ley, o incluso varios proyectos al mismo tiempo, y solo deben escoger entre “sí” o “no”.
A inicios de julio, la presidenta Fernández aseveró que ya estaba analizando un referéndum.
“La Asamblea no puede seguir pateando la pelota para adelante, así que el referéndum es una herramienta válida, yo la estoy considerando para temas que pueden ser trascendentales. Hay una gran cantidad de temas que podrían calificar para el referéndum, lo estoy considerando con nuestro equipo técnico, pero por lo pronto, reitero, la responsabilidad es de la Asamblea Legislativa. Sería el colmo que la Asamblea renuncie a legislar y que sea el pueblo de Costa Rica el que acometa esas responsabilidades”, agregó Fernández.
Pese a ello, reconoció que se trata de una herramienta compleja y, por ello, su análisis debe ser pausado.
“El referéndum es una herramienta que he estudiado y que conozco y que, tengo que decir, es compleja. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es el tema más importante de Costa Rica? ¿Cuál llevamos al referéndum? Puede ser armonización del mercado eléctrico, jornadas 4 x 3, reformas en materia de seguridad o Crucitas. Son una inmensa cantidad de temas los que podríamos llevar al referéndum, pero la ley no es lo suficientemente flexible como para presentar un paquete de varias leyes a la vez”, dijo la mandataria.
