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Cristina Sansonetti
Socia de impuestos y legal de KPMG
csansonetti@kpmg.com
Costa Rica enfrenta nuevamente una discusión relevante sobre el futuro de su sistema tributario. El proyecto de ley presentado por el Gobierno propone gravar con una tarifa del 15% determinadas rentas pasivas obtenidas en el exterior por residentes fiscales costarricenses.
El objetivo de fortalecer la recaudación y procurar mayor equidad tributaria es legítimo. Sin embargo, en una economía pequeña y abierta como la costarricense, cualquier reforma que afecte la inversión internacional debe analizarse también desde la perspectiva de nuestra competitividad regional.
El contexto centroamericano importa. Costa Rica compite por capital, talento, estructuras regionales y decisiones de inversión con jurisdicciones que mantienen un enfoque territorial para las rentas generadas fuera de sus fronteras, entre ellas El Salvador y Guatemala. De la misma manera Panamá recientemente aprobó una reforma para someter a gravamen únicamente las rentas pasivas que obtengan grupos multinacionales que no cumplan con sustancia, norma similar a la que hoy es de aplicación en Costa Rica.
Por ello, si la decisión legislativa es avanzar hacia la tributación de estas rentas pasivas con un enfoque ampliado, considero fundamental que el diseño preserve tres principios: seguridad jurídica, competitividad y ausencia de doble imposición.
El proyecto plantea deducir de la renta bruta el impuesto pagado en el exterior y aplicar posteriormente el 15% sobre la renta resultante. Este mecanismo no equivale a un crédito fiscal y puede generar una carga tributaria acumulada sobre una misma renta.
Una alternativa sería reconocer un crédito por el impuesto efectivamente pagado en el exterior, hasta el límite del impuesto costarricense correspondiente a esa misma renta. De esta manera, se evita la doble imposición y se mantiene como límite la tasa costarricense propuesta.
Además, el texto no permite compensar pérdidas obtenidas sobre bienes o capitales invertidos en el exterior contra futuras ganancias, lo cual agrava la carga tributaria de residentes fiscales costarricenses, respecto de residentes que opten por establecer estructuras en otras jurisdicciones.
También merece especial atención la definición de la base imponible respecto de las ganancias de capital, dado que la forma propuesta no es clara, dada la forma en que fueron redactados los artículos podría generar incerteza en la determinación del costo para efectos de las ganancias de capital.
Pero esta discusión debería llevarnos más lejos.
Costa Rica necesita avanzar hacia una reforma fiscal integral que responda a la economía que estamos construyendo, no únicamente a la economía que tuvimos. La inteligencia artificial, la digitalización de los negocios, las nuevas formas de generación de valor, los medios de pago electrónicos y la creciente movilidad del capital están transformando la manera en que se produce, se consume y se tributa.
Nuestro sistema fiscal debería aprovechar esa transformación para simplificar el cumplimiento, fortalecer la trazabilidad y utilizar mejor la información disponible. Los nuevos medios de pago y la digitalización pueden convertirse en aliados de la formalización y de una administración tributaria más eficiente, en lugar de limitarse a ser mecanismos de control.
Asimismo, los impuestos no deberían analizarse únicamente como instrumentos de recaudación. El sistema tributario también puede utilizarse para promover las conductas que queremos incentivar como país: mayor formalidad, inversión productiva, innovación, generación de empleo de calidad, sostenibilidad, desarrollo regional y crecimiento de pequeñas y medianas empresas.
La pregunta de fondo, entonces, no debería ser solamente cuánto recaudar, sino qué Costa Rica queremos construir y cómo nuestro sistema fiscal puede contribuir a ello.
La sostenibilidad fiscal y la competitividad no tienen por qué ser objetivos contrapuestos. Una reforma bien diseñada puede generar ingresos, reducir espacios de elusión, facilitar el cumplimiento y, al mismo tiempo, mantener a Costa Rica como un destino atractivo para la inversión.
Esta discusión puede ser una oportunidad para algo más ambicioso: modernizar nuestro sistema tributario con visión de futuro, reglas claras y los incentivos adecuados para el país que queremos construir.
