Vivir según nuestra conciencia

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República

Todos queremos vivir en libertad. Todos aspiramos, tanto en nuestra vida privada como en público, a actuar de acuerdo con lo que consideramos mejor o más apropiado para nosotros y para quienes nos rodean. Nuestras ideas y conductas -aprendidas, adoptadas e interiorizadas a lo largo de nuestra vida- construyen nuestra propia identidad.

Todos tenemos derecho a que el Estado garantice esa libertad, protegiendo esa capacidad humana para vivir de acuerdo con los dictados de nuestra propia conciencia individual, esa prerrogativa de no ser obligados a proceder en contra de cómo hemos decidido ser y conducirnos.

Los diputados de la comisión legislativa de Gobierno y Administración nos dispusimos a preservar esas facultades, y con 6 votos a favor aprobamos el proyecto que tutela la objeción de conciencia para todos los habitantes del país. Este importante paso se da tras veinte meses de análisis y obedece a un profundo interés por proteger lo que la Sala Constitucional ha definido como un derecho humano fundamental.

De esta manera, buscamos que ninguna persona pueda ser forzada a realizar –y/o a omitir- alguna acción o tarea que implique renunciar a los principios, ideas, convicciones, creencias o filosofías sobre las que rige su vida, aspecto que está plenamente integrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Otro de nuestros objetivos es modernizar nuestra legislación, ajustarla a los cambios que nuestra sociedad ha experimentado en los últimos años; sienta las bases y ofrece reglas mínimas para facilitar la relación de los objetores de conciencia con el resto de los miembros de la comunidad, desde una perspectiva de los derechos humanos y de la armoniosa convivencia social.

Esta iniciativa ofrece una protección jurídica a ese núcleo íntimo que todos tenemos, sin importar si es de naturaleza religiosa o secular. De hecho, no trata de resguardar un concepto religioso, como se le ha querido encasillar; procura asegurar que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos, en todos los ámbitos, sin inconveniente alguno, sin experimentar menosprecio, burla o persecución. Pretende proteger el derecho que todos tenemos de ser, actuar, expresarnos o trabajar de acuerdo con lo que creemos es más conveniente.

Los legisladores buscamos un justo equilibro que promueva los derechos de todos y no solo de unos. Deseamos heredarles a las futuras generaciones una herramienta que impida la discriminación expresa y que evite que las personas se vean obligadas a renunciar a sus creencias más profundas.

Esto no implica bajo ningún aspecto un desmejoramiento en la calidad de los servicios públicos, pues la intención de este proyecto no es afectar a terceros ni interrumpir o dañar la atención de los costarricenses en las instituciones del Estado. El respeto a los derechos es parejo: tanto para los objetores como para quienes merecen recibir un servicio adecuado.

A instancias de este diputado, el proyecto de empleo público tutela la objeción de conciencia en temas relacionados con la capacitación de los empleados públicos, pero esta iniciativa amplía el rango de acción y de esta manera se constituye en la iniciativa más vanguardista en la protección de los derechos de todos los costarricenses.

Todos merecemos vivir en libertad y tener el derecho de actuar de acuerdo con nuestra propia conciencia, por eso esperamos que este proyecto sea aprobado en el Plenario.