Universidades públicas, autonomía no es impunidad

La autonomía universitaria nació para proteger la libertad académica, no para blindar el dinero público detrás de una cortina de humo. La Constitución reconoce esa independencia funcional y de gobierno propio para la UCR y las demás universidades estatales (artículo 84) y también consagra el fondo especial de financiamiento de la educación superior estatal (artículo 85). Perfecto. Pero la misma arquitectura constitucional deja algo igual de claro, aunque a veces se “olvide” convenientemente: la Contraloría General de la República tiene el deber de fiscalizar la Hacienda Pública, incluyendo presupuestos de instituciones autónomas y su ejecución y liquidación (artículos 183 y 184).

Traduzco esto al idioma que entiende cualquier contribuyente, autonomía sí, cheque en blanco no.

Señales recientes que no se pueden barrer bajo la alfombra

La discusión no es teórica, es práctica y tiene hechos concretos que han llegado a la prensa y a comunicados oficiales.

En 2025, por ejemplo, el rector de la UCR se vio obligado a derogar una resolución sobre salarios de puestos de confianza, con montos reportados entre ₡3,4 millones y casi ₡4,1 millones mensuales, luego de que el escándalo llegó a la prensa. De haberse mantenido el esquema, el gasto adicional habría superado los ₡288 millones anuales por esos 22 puestos. El rector actuó, bien. Pero la pregunta incómoda que nadie responde es: ¿por qué ese diseño salarial existió en primer lugar, quién lo aprobó, y cuántos esquemas similares siguen operando sin que ningún periodista los haya encontrado todavía? Cuando la opacidad es la norma y la corrección es la excepción forzada por la presión pública, no estamos ante un tropiezo administrativo aislado. Estamos ante un patrón de gobernanza que funciona con el radar apagado hasta que alguien lo enciende desde afuera.

A esto se suma que Mideplan solicitó formalmente suspender el régimen salarial académico vigente en la UCR precisamente por ausencia de estudios técnicos, financieros y jurídicos que respaldaran su aprobación y sostenibilidad, según su propio comunicado oficial. Eso no es una opinión de oposición política ni una crítica de columnista: es el propio Estado señalando que una institución del Estado aprobó un régimen salarial sin los soportes mínimos exigibles a cualquier ente público. Que ese señalamiento no haya generado consecuencias inmediatas y verificables dice más del sistema que cualquier discurso sobre excelencia académica.

En el plano del FEES, la discusión ha sido áspera y reveladora. La contralora Marta Acosta calificó como “inalcanzable” el aumento del 4% pretendido por las universidades para 2025 (Informe DFOE-SAF-IF-00007-2024, CGR), en el contexto de una situación fiscal que no admite voluntarismos. Y según datos de la propia Contraloría General, las universidades no ejecutaron alrededor del 14% del FEES en los últimos cinco años, acumulando decenas de miles de millones en superávit, mientras simultáneamente solicitaban incrementos. La aritmética es implacable: quien subejecuta sistemáticamente y acumula excedentes no ejecutados no tiene autoridad moral ni técnica para pedir más. Reclamar ampliación presupuestaria sin rendir cuentas de lo ya recibido no es gestión pública, es descaro institucionalizado.

Pero hay un ángulo que merece ir al frente, no al final, porque es la contradicción más escandalosa del sistema: mientras la cúpula universitaria diseña pluses, escalas y “mecanismos de compensación” con la creatividad que no aplica a la rendición de cuentas, una proporción significativa de la docencia en la UCR se ejerce en condición interina, es decir, en precariedad laboral normalizada. Docentes que forman profesionales, que sostienen el prestigio académico de la institución, viviendo en la incertidumbre del contrato renovable. Si el sistema tolera y reproduce esa precariedad en el aula mientras protege los privilegios de la aristocracia universitaria (sí, esa), entonces el discurso de “excelencia” y “autonomía para la libertad académica” es, en el mejor de los casos, una pieza de marketing institucional. En el peor, una hipocresía con presupuesto estatal.

El marco correcto, rendición de cuentas con dientes

En gobernanza pública, esto tiene nombre y apellido. Mark Bovens define la rendición de cuentas como una relación donde un actor debe explicar y justificar su conducta ante un foro que puede preguntar, juzgar y generar consecuencias. Tres elementos: explicación, juicio y consecuencias. El problema en el caso universitario costarricense es que ese “foro” con capacidad real de juzgar y aplicar consecuencias prácticamente no existe: la Contraloría fiscaliza pero sus hallazgos se archivan, los consejos universitarios son parte del mismo sistema, y la sociedad civil no tiene acceso a información comparable y oportuna. El resultado es una accountability de papel, decorativa, que se activa solo cuando el escándalo ya estalló.

Y para quien prefiera la precisión de una fórmula, Robert Klitgaard sintetizó el problema del abuso institucional en una ecuación que no requiere doctorado para entenderse: C = M + D − A. Corrupción (o riesgo de abuso) equivale a Monopolio más Discrecionalidad, menos Accountability (Controlling Corruption, 1988). No es metáfora ni retórica: es un modelo de diseño institucional. Apliquémoslo sin romanticismos. Las universidades públicas tienen monopolio sobre ciertos servicios y sobre la administración de su propio presupuesto. Tienen amplísima discreción administrativa. Y exhiben, sistemáticamente, una rendición de cuentas insuficiente. La fórmula no miente, el ecosistema está configurado para el abuso, con o sin delito de por medio. Basta con la ineficiencia sistemática, la hipertrofia burocrática y la autoprotección corporativa que ya son visibles a plena luz del día.

Las universidades públicas, para ser precisos, son los feudos universitarios de los que hablaba.

Qué debe exigirse, sin destruir la autonomía

Aquí no se trata de “quitar autonomía”. Se trata de ponerla en su lugar, como instrumento para la libertad académica y el desarrollo nacional, no como escudo jurídico contra el escrutinio del erario público. Las instituciones serias no temen la transparencia. La practican. Lo que sigue es un paquete mínimo de sentido común institucional, inaplazable cuando el dinero que se administra es de todos.

Propongo un paquete mínimo, de sentido común institucional, que cualquier organización seria aplicaría si el dinero fuera propio, y con mayor razón si es de todos.

Primero, auditorías integrales y periódicas de desempeño, no solo de legalidad contable. La Contraloría ya tiene mandato constitucional para fiscalizar presupuestos y ejecución en instituciones autónomas. Lo que falta es sistematizar auditorías de valor público con métricas comparables, con hallazgos públicos y planes de mejora obligatorios.

Segundo, rendición de cuentas anual estandarizada institución por institución, con un formato único y verificable. No “memorias anuales” para la foto, sino tableros de gasto y resultados. Si la UCR y sus pares pueden publicar listados de pluses salariales en su portal de transparencia, también pueden publicar, sin drama, el costo total por programa, subprogramas y proyectos, el costo administrativo versus académico, y el impacto medible de proyectos y acciones.

Tercero, regla de oro, ningún régimen salarial nuevo o ajuste estructural sin estudios técnicos, financieros y jurídicos accesibles, revisables y replicables. Cuando Mideplan dice que faltan esos soportes, lo que está señalando es un vacío de gobernanza. Si el soporte existe, que se publique. Si no existe, que no se aplique.

Cuarto, una política explícita contra la burocracia expansiva. Toda plaza administrativa adicional debe justificarse por estudio de carga de trabajo, automatización disponible, y mejora de servicio, no por la lógica de “crezco porque puedo”. Si el país tiene que apretarse la faja, el sector universitario no puede vivir en la excepción perpetua.

Quinto, dignificación laboral del interinazgo, con metas cuantificables de reducción gradual y procesos concursales auditables y transparentes. No como favor, sino como obligación ética. Un sistema que negocia pluses millonarios para su estrato superior mientras normaliza la precariedad laboral de quienes efectivamente dan clases, no tiene autoridad moral para hablar de excelencia ni de equidad.

Sexto, congelar cualquier aumento del FEES mientras no exista evidencia pública, verificable y comparable de ejecución eficiente y retorno social medible. La contralora ya puso límites fiscales sobre la mesa con datos (Informe DFOE-SAF-IF-00007-2024). Si encima se confirman las subejecuciones y los superávits acumulados, pedir más presupuesto sin depurar primero el que ya se tiene no es una política pública: es un acto de desfachatez institucional disfrazado de reivindicación.

La universidad pública se defiende con transparencia, no con blindajes

La universidad pública es estratégica. Nadie serio discute su papel en movilidad social, ciencia, cultura y formación profesional. Precisamente por eso, el estándar de rendición de cuentas debe ser más alto, no más laxo. El privilegio que se financia con impuestos no se defiende con victimización, se justifica con resultados.

Autonomía sin transparencia se convierte en privilegio. Privilegio financiado con impuestos se convierte en irritación social. E irritación social sostenida termina, tarde o temprano, en recortes legislativos, controles externos impuestos y pérdida de legitimidad irreversible. No será la Contraloría quien destruya la universidad pública. Será la soberbia de quienes la administran como si fuera un “feudo heredado”, cosa que no lo es.

Si las universidades quieren defender el FEES y su autonomía, el camino no es la victimización corporativa ni el clásico “déjennos en paz, que somos muy complejos para que nos entiendan”. El camino es publicar, auditar, medir, corregir y explicar. Con datos reales. Con consecuencias reales. Con humildad institucional real. Como corresponde cuando el dinero no es de nadie en particular, porque es de todos. Exigimos cuentas y transparencia. Téngase claro, no es una petición, es una obligación constitucional.