Sobre la autonomía de gobiernos cantonales

La semana pasada la Sala IV dictaminó que los gobiernos municipales no pueden cobrar impuestos territoriales a las empresas ubicadas en las zonas francas. La ley estableciendo estas zonas exonera por diez años de toda carga impositiva y los contratos firmados por las empresas y el gobierno nacional reafirman esa situación. Hace más o menos cinco años algunos alcaldes se pusieron “vivos” y comenzaron a cobrar lo que la ley no permite; las empresas pagaron “bajo protesta.”

Ahora estos gobiernos cantonales tienen que devolver lo pagado por las empresas y, desde luego, cubrir todos los costos de los procesos judiciales que terminaron siendo negativos para ellos. Varios anunciaron que “no tienen la plata.” Menos mal si hubieron usado el dinero cobrado ilegalmente para mejorías en sus territorios. Pero por lo menos parte fue a lo de siempre en los municipios; más nombramientos de amigos, más aumentos de salarios, y más gollerías.

Peor todavía, presupuestaron el dinero que ya no les va a llegar, y si era para salarios no tienen para pagar. ¿Cómo se embarcaron tanto? ¿Quién les asesoró? Esto de “matar la gallina de los huevos de oro” se nota tanto en el país que da lástima.

Las empresas en las zonas francas normalmente no venden nada en Costa Rica. Pero contratan más de 150 mil trabajadores y compran muchos insumos de todo tipo localmente. El dinero fluye en una sola dirección-- hacía la economía nacional. ¡Qué desafortunado para el país sería si se fueran!

¿Cómo van estos alcaldes a pagar lo cobrado ilegalmente? Finalmente tendrán dos opciones—subir los impuestos a todos que viven en el cantón o llegar arrodillados a rogar a la Asamblea Legislativa un aporte. Lo último es más probable. La gran mayoría de los gobiernos cantonales sub ejecutan sus presupuestos cada año. Sencillamente no tienen la capacidad técnica para construir carreteras nuevas, a mejorar los parques y en general a hacer más eficientes sus servicios; el superávit puede pagar lo debido a las zonas francas.

Lo que sí tienen la capacidad de hacer es pagar salarios espléndidos a los alcaldes. Muchos ganan más que sus homólogos en ciudades europeas y norteamericanas.

Cobrar lo que no les corresponde, contratar personas sin capacidad para realizar las funciones de su puesto, y subejecución de los presupuestos es más la norma que lo contrario – lamentablemente. Cuando llegaron a la Asamblea Legislativa para presionar parar no ser incluidos en la Ley de Empleo Público estaban pensando en los salarios jugosos que reciben las autoridades locales. Recibieron el apoyo de un exalcalde sirviendo actualmente en la Asamblea y logró este sacar de comité una exención para sus excolegas; afortunadamente el plenario rechazó esta iniciativa equivocada. ¡Ya no es secreto el problema con los gobiernos cantonales!

Se anuncia la llegada de más empresas a las zonas francas; el país ha ganado fama por ofrecer mano de obra inteligente y bien educada y por el imperio de la ley. La decisión de la Sala IV demuestra que al final aquí prevalece la justicia.