Presión contra Melvin Jiménez se desinfla
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 30 enero, 2015
Mucho ruido y pocas nueces. Tras un novelón legislativo, los diputados concluyeron ayer que no tienen pruebas para exigirle a Luis Guillermo Solís la salida de Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia.
En su lugar, tan solo pidieron “un contundente” llamado de atención, con el objetivo de que en venideras situaciones, Jiménez actúe con mayor celeridad e imponga normas de conducta para sus subalternos.
Tres sesiones legislativas que se convirtieron en un circo mediático, terminaron ayer solo con recomendaciones anecdóticas.
Esto, a pesar de que durante la previa, los diputados de oposición señalaron a Jiménez como el autor intelectual del supuesto ofrecimiento de una embajada a Ana Lorena Brenes, procuradora general, a cambio de que renunciara al cargo.
El único legislador que pidió la salida de Jiménez fue Johnny Leiva, del PUSC; sin embargo, su petición fue rechazada por el resto de la comisión de ingreso y gasto.
A pesar de las buenas noticias para el Ministro de la Presidencia, esto no significa que haya salido indemne de la comisión legislativa.
Varios partidos de oposición como el PLN, el PUSC, Alianza Demócrata Cristiana y el Movimiento Libertario, siguen cuestionando la idoneidad de Jiménez como interlocutor con la Asamblea Legislativa.
Algunos diputados como Antonio Álvarez, de Liberación, consideran que Jiménez “no tiene credibilidad, ni espacio político”.
Además de solicitar una reprimenda contra Jiménez, el informe de mayoría señala como culpable a Daniel Soley, exviceministro de la Presidencia, a quien acusan por supuestamente haber ofrecido una embajada a Brenes.
En ese sentido, los legisladores Ottón Solís y Epsy Campbell del PAC, así como Antonio Álvarez y Maureen Clarke del PLN, recomendaron que Soley no vuelva ocupar un cargo público en los próximos tres años.
Aparte del informe de mayoría, hubo otros tres dictámenes que fueron rechazados.
Por ejemplo, Otto Guevara del Movimiento Libertario, recomendó pasar la investigación a la Fiscalía, con el objetivo de que esta dependencia del Poder Judicial determinara quién mintió.
