¿Por quién votar? Elecciones en Costa Rica; Una decisión pragmática

Entrando a la recta final de la decisión electoral, tanto para la escogencia presidencial, así como para diputaciones del órgano legislativo, no es de extrañar el surgimiento de diferentes distorsiones de corte populista y emocional, que intentan evitar, o al menos entorpecer aquel elemento fundamental que debiese regir este tipo de procesos, entiéndase la decisión racional, informada y analítica, tanto en función de la atinencia propia hacía cada candidato, así como las propuestas mismas que cada partido pudiese presentar.

En esta dinámica y de una manera que refleja una realidad nacional ideológicamente fragmentada, se presenta al electorado una papeleta con una oferta elegible de veinte aspirantes a la presidencia, e incluso con una mayor cuantía para diputaciones, en especial al considerar agrupaciones de alcance regional únicamente. En esta palestra de votación surgen todo tipo de propuestas ideológicas, económicas, semánticas, sociales y sociológicas hacia el electorado, contando con partidos que proponen temas tan descabellados como la expropiación de la empresa privada, el apoyo a una ideología de género extrema más por conveniencia que por convicción, extremos religiosos rigurosos, o discursos de odio y ataques sin prueba alguna, esto sin dejar de lado agrupaciones con una corrupción casi institucionalizada.

Claramente, ante una oferta de está amplitud, surge el paradigma de la eficiencia y la equidad, en el cual se señala una relación ambivalente, donde y a medida que el espectro de posibilidades de elección aumenta, la efectividad real de atinencia en la decisión es menor, tema que ante una papeleta de estas características es evidente. Surge acá la interrogante ¿por quién votar? donde primeramente, llama poderosamente la posición de algunos electores que señalan que no hay opciones para ejercer el sufragio, lo cual y a la luz de la dispersión de opciones en los comicios electorales, no parece ser una posición lógica, puesto que al analizar la palestra de partidos posibles, todas las ideologías del espectro político económico se ven reflejadas, entiéndase desde el estatismo, el socialismo, el conservadurismo y el liberalismo, cada uno de ellos en sus cuatro posibilidades, extremo, económico, romántico y moderado.

Con base en esto, evidentemente puede señalarse que no es de recibo la visión referente a que no hay alguna opción que represente las ideas de una posición personal, pues claramente la gama de ideologías y postulados políticos es casi absoluta, entonces más bien, acá la interrogante debe ser dada hacia cual es la opción pragmática que más parece beneficiar al país en su mayoría de contenido social y económico, tema para el cual es necesario analizar la estructura y el funcionamiento mismo de la economía y la dinámica social y organizacional del país.

A estos efectos debe señalarse que Costa Rica es un país donde la amplísima mayoría de la actividad productiva se genera en el sector privado, con un parque empresarial compuesto en su gran mayoría por empresas pequeñas y medianas de naturaleza familiar, indicando que es absurdo tan siquiera considerar partidos políticos que busquen la expropiación de la actividad empresarial o el traslado al aparato estatal. Adicionalmente, el país ya cuenta con una carga impositiva superior al promedio de la OCDE, estando en los estratos más altos de cancelación de impuestos, de forma que aquellas propuestas que se enfoquen en la creación de más cédulas tributarias por encima de mejorar la efectividad de cobro, tampoco parecen ser una opción adecuada.

Un punto adicional a considerar es el tamaño del aparato estatal, el cual consume solamente en salarios una cuantiosa proporción del presupuesto de la república, denotando un compromiso de recursos públicos bastante rígido, revelando poca seriedad en aquellas ideas que propongan la creación de nuevas instituciones o la generación funciones adicionales para el Estado, esto en especial, al no indicarse de donde provienen los recursos para hacerlo, siendo que las ideas ligadas al crecimiento estatal no señalan un camino coherente tampoco. A estos efectos, debe recordarse que el país ya cuenta con un aparato burocrático con duplicidad de funciones en el mejor de los casos, por lo que las ideas que refieran a la ampliación de la actividad estatal son ilusorias.

En adición, en términos ideológicos, siendo Costa Rica por definición constitucional una república pluricultural, con libertad de credo, pero con valores basados en la filosofía cristiana y la ética, se observa un punto medio en materia de las ideas fundamentales relacionadas a los mínimos de convivencia, donde temas como la prerrogativa de creencias, el respeto a la intimidad y la expresión de una creencia particular deben ser respetados. En este punto parece que los extremos religiosos o su contraparte ateísta completa y absoluta no señalan ser vías adecuadas para el país, pues en esencia la norma prima de la república establece una ideología balanceada y de respeto.

En línea de lo anterior y como punto de especial relevancia, parecen no ser viables aquellas opciones que llamen a un constante ataque, el uso de tonos burlescos o peyorativos, o bien, donde su principal actuación es la acusación a otras agrupaciones y a terceros sin contar con pruebas o acusaciones formales, recurriendo al sarcasmo, los discursos calcados de burla, así como el irrespeto a contrincantes, la institucionalidad, o incluso a la prensa misma, siendo esta línea de pensamiento lesiva para el ambiente electoral y el funcionamiento mismo de la vida en convivencia social, creando un clima de violencia política que en poco o nada ayuda a la nación, y que camufla la falta de propuestas detrás de falacias verbales.

En este orden de ideas, tampoco resulta lógico ni coherente la elección de un partido político con un historial marcado de corrupción y condenas históricas a sus candidatos, donde simplemente traten de minimizarlas, en especial aquellas agrupaciones que se han visto involucradas en casos fidedignos de actividad delictiva. Claro está, si el partido ha actuado de forma correcta y de forma evidente ha asumido su responsabilidad, sin endilgarla a testaferros expiatorios, pues pudiese ser un punto por considerar, sin embargo, si el discurso y la respuesta radica en cambiar el nombre a la agrupación en aras de intentar olvidar la carga de consciencia, o la justificación de falta de pruebas, es pertinente obviar estas opciones.

Ahora bien, ¿Por quién votar? claramente esta respuesta es de extrema dificultad, pues aunque exista un análisis pragmático y objetivo, factores como la emoción, la tradición y hasta le euforia ideológica tienden a influenciar la decisión, no obstante, las respuesta parece ser dada hacia aquella propuesta que denote un enfoque balanceado en materia de valores pero sin extremos religiosos, un abordaje claro de impulso al sector productivo privado, una intervención en materia de la eficiencia estatal, y preferiblemente con un planteamiento a su reducción en aquellas instituciones duplicadas o ineficientes. Debiendo contar con un enfoque de eficiencia en lo social, no con retórica, sino con acciones que puedan aplicarse aún sin necesidad de contar con una mayoría absoluta de diputados, y con especial importancia, un partido que no denote tener antecedentes de corrupción, siendo este quizás el punto de mayor dificultad de precisión.

Siendo así, aquello que puede asegurarse es la diversidad y pluralidad de la oferta política dada en las papeletas de elección popular, no siendo consecuente el esconderse como votante amparado en la idea de que no existe una opción viable, pues claramente ante esta diversificación de propuestas partidarias, resulta muy dificultoso no encontrar, al menos en primera ronda, un candidato o candidata que represente la ideología y creencias propias. Por lo tanto, el llamado es a informarse de forma responsable, valorar las opciones, y en especial, hacer uso del pragmatismo racional para la decisión que más convenga al país y a la mayoría de los habitantes.

Dr. Juan Diego Sánchez Sánchez, Ph.D

Asesor y analista financiero, abogado, profesor e investigador