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Fabio Hernández
Consultor. Economista e Ingeniero Civil de la Universidad de Costa Rica. Maestría en Gerencia de Proyectos (TEC) y Maestría en Economía Ambiental y Cambio Climático (LSE).
Una pregunta frecuente entre los costarricenses es: ¿cómo puede el país tener inflación baja y, al mismo tiempo, ser uno de los más caros de América Latina? Este cuestionamiento parte de una percepción cotidiana: pagar por alimentos, gasolina, electricidad o servicios profesionales en Costa Rica resulta costoso. Sin embargo, los datos macroeconómicos muestran que la inflación ha sido baja, e incluso negativa en algunos años recientes. ¿Es esto una contradicción? En realidad, no.
Lo primero es entender qué es la inflación. La inflación mide el cambio porcentual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es un promedio ponderado de los precios de los bienes y servicios más consumidos por los hogares. Es decir, mide cuánto aumentan o disminuyen en promedio los precios en un período determinado. Por tanto, la inflación no mide el nivel de precios absoluto, sino su variación. Un país puede tener precios muy altos, pero si estos no aumentan rápidamente año tras año, tendrá inflación baja.
El nivel de precios, por su parte, se refiere a cuánto cuestan las cosas hoy, sin importar cuánto subieron o bajaron recientemente. Es perfectamente posible que un país sea caro, pero mantenga estables esos precios altos en el tiempo. Aquí ya vemos que no hay contradicción entre ambos fenómenos: son conceptos distintos.
¿Por qué la inflación es un fenómeno principalmente monetario? El dinero, como cualquier bien, tiene un precio determinado por la oferta y la demanda. Cuando el Banco Central emite más dinero del que la economía necesita para realizar sus transacciones, el valor del dinero cae: necesitamos más colones para comprar lo mismo. Esto es inflación. Como explicó Milton Friedman en 1968, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario.
En países donde los gobiernos financian gasto público imprimiendo dinero, como ha sido el caso de Argentina por décadas, los ciudadanos ven cómo sus salarios pierden poder adquisitivo. Costa Rica, en cambio, ha tenido un manejo responsable de su política monetaria desde 2005, cuando el Banco Central adoptó el esquema de metas de inflación. Bajo este esquema, se fija una meta explícita de inflación anual (como 3%) y se ajustan las tasas de interés o se interviene en el mercado cambiario para cumplirla. Esto ha permitido mantener la inflación bajo control, incluso con episodios recientes de deflación. Este logro ha sido clave para mantener la estabilidad económica, favorecer la inversión, el comercio y el consumo.
Si el origen de la inflación está en la política monetaria, ¿de dónde viene entonces el alto costo de vida en Costa Rica? Aquí entran en juego otros factores estructurales: la falta de competencia en mercados clave, regulaciones ineficientes, monopolios estatales y cargas fiscales que elevan los costos de producción.
La OCDE ha señalado repetidamente que Costa Rica es uno de los países más caros de América Latina, no por inflación descontrolada, sino por ausencia de competencia. En el mercado del arroz, por ejemplo, los precios están regulados en favor de unos pocos productores, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos. Los colegios profesionales establecen tarifas mínimas que impiden que los profesionales ofrezcan servicios a precios más bajos. En electricidad, el ICE controla la mayoría del mercado, limitando la participación privada al 30% mediante contratos de licitación. RECOPE mantiene el monopolio por ley en el transporte de combustibles.
En la banca, los tres principales bancos públicos —Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular— concentran el 60% del mercado. Esto desincentiva la competencia de los bancos privados, que suelen adherirse a los precios establecidos por los grandes. Además, los bancos deben realizar aportes obligatorios a instituciones como CONAPE, INFOCOOP, la CCSS, la CNE y SINART, lo que encarece aún más sus servicios.
El sector de agua y saneamiento muestra un patrón similar. Aunque las ASADAS cubren cerca del 29% del mercado, deben suscribir convenios con el AyA, que en la práctica controla el 76%. Esta centralización genera rigideces e ineficiencias que se traducen en precios más altos para los usuarios.
Estos altos costos no son un detalle menor: afectan transversalmente a toda la economía. Insumos como electricidad, agua, transporte, servicios bancarios y combustibles son indispensables para producir cualquier bien o servicio. Por lo tanto, los sobrecostos se trasladan a lo largo de toda la cadena productiva, elevando los precios al consumidor final. Esto no solo golpea el bolsillo de las familias, sino que también limita la competitividad del país, encarece el turismo y frena el surgimiento de nuevos emprendimientos.
Es importante señalar que muchos de estos monopolios y barreras a la competencia van en contra del espíritu del artículo 46 de la Constitución Política, que prohíbe los monopolios privados y encomienda al Estado impedir prácticas monopolísticas que restrinjan la libertad de comercio.
Frente a esta realidad, ¿qué puede hacer Costa Rica?
Primero, abrir un debate serio sobre qué bienes y servicios deben producirse bajo control estatal y cuáles podrían abrirse a competencia. La experiencia de la apertura en telecomunicaciones en 2009 es un ejemplo exitoso: permitió la entrada de nuevos operadores bajo regulación de precios, mejorando la calidad del servicio y bajando costos para los usuarios.
Segundo, es urgente reformar los entes reguladores como ARESEP, SUGESE, SUGEVAL y SUGEF. A diferencia de SUTEL, que ha promovido competencia efectiva en telecomunicaciones, los otros reguladores no han logrado fomentar mercados más abiertos ni transparentes en los sectores que supervisan.
Tercero, simplificar el sistema tributario, eliminando cargas parafiscales que encarecen operaciones y distorsionan los precios. Esto permitiría reducir costos en sectores clave y haría a Costa Rica un país más competitivo para atraer inversiones y estimular la actividad económica.
Finalmente, es fundamental mantener la independencia y el buen manejo de la política monetaria por parte del Banco Central. La estabilidad de precios alcanzada en las últimas décadas ha sido un pilar importante para la economía costarricense, y debe protegerse de tentaciones políticas que puedan ponerla en riesgo.
En conclusión, no existe contradicción entre tener inflación baja y precios altos. Son fenómenos distintos, con causas diferentes. Mientras que en el frente monetario Costa Rica ha hecho la tarea, en el frente estructural tiene desafíos importantes pendientes. Si queremos dejar de ser percibidos como el país más caro de Centroamérica y mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses, necesitamos asumir reformas valientes que rompan los monopolios, abran mercados a la competencia y reduzcan las ineficiencias que hoy afectan el bolsillo de todos.
