Nueva crueldad venezolana: abundancia de productos inaccesibles

Luego de años de escasez hasta de los artículos más básicos, las estanterías de las tiendas de alimentos vuelven a estar llenas de productos importados, tales como margarina y mayonesa de Brasil o arroz y café de Colombia. Esa nueva abundancia, sin embargo, tiene su precio. Son muchas las personas que no pueden permitirse comprar esos productos.

“Hay aceite y pan, pero es imposible pagar esos precios”, dijo Verónica Parra, una maestra que hacía compras en la zona este de Caracas. “Gano más que el salario mínimo, pese a lo cual tengo que limitar lo que compro”.

Sin anunciar ningún cambio formal de política, el gobierno venezolano ha empezado a renunciar a los controles de precios en los comercios privados, cuyos dueños dicen que no han visto inspectores desde julio. En lugar de ello, el gobierno ha ordenado a los proveedores vender la mitad de sus productos al sistema de distribución estatal conocido como CLAP, que distribuye alimentos subsidiados destinados a los ciudadanos pobres. El resto puede venderse al precio que se quiera.

“Ha habido una corrección de precios a través de un ajuste sucio que lleva a cabo el gobierno”, dijo Asdrúbal Oliveros, director de la consultora económica Ecoanalítica, que tiene sede en Caracas. “Sucio en el sentido de que no ha habido una reforma económica, sino que el gobierno ignora los controles que aplicaba antes a la importación de productos no esenciales”.

En el país hay un doble sistema de compras. El gobierno aprovisiona la red CLAP y los comercios estatales regulados con productos que adquiere por medio de un tipo de cambio preferencial de sólo 10 bolívares por dólar. Al mismo tiempo, el sector privado llena sus estanterías a través de dólares adquiridos a un tipo de cambio secundario, conocido como Simadi, de alrededor de 660 bolívares por dólar o en el aún más caro mercado negro, dijo Oliveros.

El alivio al ver nuevamente productos en los comercios podría no durar mucho a medida que suban los precios, dijo José Antonio Gil, director de la firma encuestadora Datanálisis.

“Va a ser una política efímera porque menos del 20% de la población puede comprar a precios internacionales”, dijo Gil. Para el gobierno, significa “otra pérdida de popularidad, más presión para cambiar al Presidente y más empobrecimiento”.

En Santa Cruz del Este, un suburbio del sudeste de Caracas, Carmen Hurtado, un ama de casa de 72 años, se muestra complacida y también preocupada al volver a encontrar insecticida en un comercio.

“Es muy caro, pero lo necesito”, dijo mientras comparaba precios. De todos modos, “he tenido que reducir el gasto en alimentos. Ya no puedo comer como antes”.

“Esta nueva oferta de productos no está al alcance de los más necesitados”, dijo Marco Ponce, director del Observatorio de Conflictos Sociales de Venezuela. “La situación de inseguridad alimentaria persiste porque Venezuela no ha resuelto el problema básico, que es la parálisis de la producción local”.