Cuando solo 13 de 1.123 aspirantes aprobaron el examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el país recibió algo más que una noticia incómoda: recibió un diagnóstico. No se trata únicamente de una prueba difícil. Se trata de una señal nacional sobre la calidad de la formación profesional, la cultura de la preparación y la relación que Costa Rica está construyendo con la excelencia.
La reacción fue previsible. En lugar de preguntarnos con seriedad por qué más de mil personas graduadas no lograron superar un filtro profesional, muchos prefirieron dirigir la indignación contra el Colegio, contra el examen o contra la exigencia misma. Por supuesto, todo examen de alto impacto debe ser técnicamente sólido, transparente, apelable y sujeto a control. Nadie debe defender la arbitrariedad. Pero otra cosa muy distinta es convertir cada resultado adverso en una acusación contra el evaluador.
Cuando el termómetro marca fiebre, un país serio no rompe el termómetro. Atiende la enfermedad.
El Colegio de Abogados no existe para complacer aspirantes ni para repartir credenciales por presión social. Existe, entre otras funciones, para proteger a la sociedad. El propio marco reglamentario del Colegio establece el deber de vigilar la excelencia académica de los egresados, promover la actualización profesional y asegurar competencias mínimas para el ejercicio del Derecho. La incorporación profesional no es un trámite sentimental; es una autorización social para ejercer una función que puede afectar patrimonio, libertad, familia, empresas, derechos y confianza pública.
Por eso el foco no debe estar únicamente en los que no pasaron. El foco debe estar también —y con fuerza— en quienes sí pasaron. En los que estudiaron. En los que se prepararon. En los que asumieron que el título universitario no sustituye la competencia real. En los que ganaron.
Dedico esta columna a Daniela García, porque su aprobación representa algo que Costa Rica necesita rescatar: el mérito silencioso. En un país donde con frecuencia se sospecha del éxito y se justifica el fracaso, celebrar a quien logra superar una prueba exigente es también una declaración de principios. No se trata de elitismo. Se trata de responsabilidad. No se trata de humillar a quienes no aprobaron. Se trata de decirles la verdad: el camino no es bajar la barra, sino elevar la preparación.
Esto ya lo vivimos en Medicina. Cuando el Colegio de Médicos empezó a aplicar el Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica, también surgieron reclamos, resistencia e incomodidad. Pero la lógica de fondo era correcta: una sociedad tiene derecho a exigir que quien recibe una licencia profesional demuestre conocimientos suficientes para ejercer con seguridad. El propio reglamento del ECOM-CR indica que su finalidad es garantizar a la población que los médicos incorporados han certificado conocimientos para el ejercicio profesional.
Y la evidencia muestra que los filtros, cuando se aplican con seriedad, pueden mover el sistema. En la primera convocatoria de 2025 del ECOM-CR, 447 postulantes aprobaron y el promedio general de aprobación alcanzó 60,16%; el Colegio de Médicos reportó además que más de 1.100 médicos habían aprobado el examen desde su implementación en 2023. Es decir: cuando se mide, las universidades reaccionan, los estudiantes se preparan mejor y el estándar empieza a ordenar el sistema.
Costa Rica debe entender que la excelencia no es crueldad. La crueldad es permitir que una persona invierta años, dinero y esperanza en una carrera, se gradúe, y luego descubra que su formación no la preparó para ejercer. La crueldad es vender títulos sin garantizar competencias. La crueldad es confundir acceso a la educación con ausencia de exigencia. La verdadera inclusión no consiste en aprobar a todos; consiste en formar tan bien que más personas puedan aprobar con legitimidad.
El problema tampoco se limita al Derecho. La OCDE ha advertido que, aunque Costa Rica dedica una proporción elevada de recursos a educación, los resultados no son satisfactorios y el país necesita mejorar calidad, eficiencia y rendición de cuentas. En PISA 2022, solo 28% de los estudiantes costarricenses alcanzó al menos el nivel básico en matemática, frente a 69% promedio en países OCDE; además, casi no hubo estudiantes costarricenses en los niveles superiores de desempeño matemático. Esa es la tubería completa del sistema educativo hablando, no solo un examen profesional.
Las pruebas de incorporación profesional no deben diseñarse para castigar. Deben diseñarse para proteger. A nivel internacional, los exámenes de licenciamiento tienen precisamente esa función: identificar quién posee los conocimientos y habilidades mínimas para ejercer de forma segura y competente. En Estados Unidos, por ejemplo, la reforma del examen de barra busca evaluar conocimientos, habilidades y capacidades esenciales para la práctica jurídica moderna; en Medicina, el USMLE forma parte del camino hacia la licencia y exige demostrar aplicación de conocimiento médico, razonamiento clínico y habilidades centradas en el paciente.
La respuesta correcta, entonces, no es destruir el filtro. Es mejorar todo lo que viene antes del filtro.
Las universidades deben publicar y asumir sus resultados. Los estudiantes deben entender que un diploma no es una garantía automática de idoneidad. Los colegios profesionales deben asegurar pruebas válidas, transparentes, auditables y alineadas con competencias reales. El Estado debe fortalecer la acreditación, la supervisión y la rendición de cuentas. SINAES recuerda que la acreditación oficial supone un proceso riguroso de evaluación con estándares de calidad y pares evaluadores nacionales e internacionales; ese tipo de cultura debe dejar de ser excepcional y convertirse en regla.
El país no necesita más profesionales incorporados por presión, ni médicos generales “operando” cirugía plástica porque tampoco lograron pasar los exámenes de especialidad. Costa Rica necesita mejores profesionales. Mejores abogados. Mejores cirujanos. Mejores ingenieros. Mejores docentes. Mejores empleados públicos. Mejores ciudadanos.
Por eso, frente al dato de los 13 aprobados, mi posición es categórica: revisemos lo que haya que revisar, corrijamos lo que deba corregirse, exijamos transparencia técnica, pero no convirtamos la excelencia en sospechosa. No premiemos la excusa por encima del esfuerzo. No bajemos el estándar para evitar incomodidades.
Felicidades a Daniela. Felicidades a los 13. Ustedes no son una anomalía que deba esconderse; son el norte que el país debe recuperar y a las personas que debemos celebrar.
Costa Rica no saldrá adelante atacando a quienes miden. Saldrá adelante formando mejor, exigiendo más y celebrando a quienes demuestran que sí se puede.





































