Lo que Costa Rica entendió sobre sostenibilidad antes que el resto

Samuel Rojas Fernández

Estudiante de Relaciones Internacionales

samyrofer@gmail.com

Costa Rica repite con orgullo que es un país verde, líder en sostenibilidad y ejemplo mundial de protección ambiental. Lo mencionamos en discursos oficiales, lo vendemos en ferias turísticas y lo celebramos como parte de nuestra identidad nacional. Sin embargo, pocas personas entienden realmente por qué el país logró recuperar sus bosques y posicionarse como referente global. La respuesta no está en la casualidad histórica, ni en una conciencia ecológica “innata”, ni en campañas políticas inspiradoras. La verdadera base del modelo ambiental costarricense se encuentra en el derecho, no en el discurso: la protección ambiental se convirtió en una obligación constitucional exigible, no en una promesa gubernamental dependiente del período electoral.

Desde la reforma de 1994, el artículo 50 de la Constitución Política declara que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y obliga al Estado a garantizar, defender y preservar ese derecho. La reforma marcó un punto de inflexión jurídico y político. Esto cambió la forma en que el país entiende la sostenibilidad, pues dejó de ser un ideal administrativo y pasó a convertirse en una responsabilidad permanente y vinculante de las instituciones públicas. En otras palabras, la protección del ambiente dejó de ser un acto de buena voluntad y pasó a ser un deber de Estado.

Este cambio ocurrió en un contexto crítico. Durante décadas, Costa Rica enfrentó niveles alarmantes de deforestación. Para la década de 1980, el país había perdido gran parte de su cobertura boscosa, llegando a niveles apenas superiores al 20% del territorio nacional. El país parecía encaminarse hacia un deterioro irreversible. Sin embargo, la reforma constitucional sembró las bases para actuar con urgencia y con herramientas legales contundentes. No fue únicamente un cambio de texto, sino un cambio de destino.

A partir de esa nueva obligación constitucional, el Estado diseñó una respuesta institucional concreta: la aprobación de la Ley Forestal de 1996 y la creación del mecanismo de Pago por Servicios Ambientales (PSA), administrado por FONAFIFO. Este instrumento partió de una premisa disruptiva: el bosque no debía ser protegido por prohibición o miedo a sanción, sino por un incentivo económico legítimo que reconociera su valor real. El país decidió compensar económicamente a quienes conservaran, reforestaran o gestionaran sus tierras bajo criterios sostenibles. De esta manera, proteger comenzó a ser tan rentable como destruir.

La lógica detrás del PSA fue innovadora y profundamente estratégica. En lugar de mantener la clásica postura estatal basada en castigos, el país optó por estimular la conservación mediante un enfoque de mercado. El bosque pasó de ser un obstáculo productivo para las comunidades rurales a convertirse en un activo económico. Esto permitió que pequeños y medianos propietarios, muchas veces situados en zonas con pocas oportunidades laborales, lograran ingresos estables sin talar. Se trata de una transición ejemplar de política pública: el Estado no solo reguló, sino que también financió. No solo pidió, sino que pagó.

Los resultados son ampliamente conocidos. Costa Rica pasó de estar al borde del colapso ambiental a duplicar su cobertura forestal y posicionarse como el único país tropical del mundo que ha logrado revertir la deforestación de manera sostenida. Hoy, más de la mitad del territorio nacional se encuentra cubierto por bosques y el país es citado en estudios, foros y cumbres como un laboratorio de éxito ambiental. El modelo costarricense se convirtió en referencia, especialmente en una región donde la destrucción ambiental avanza de la mano de la expansión agrícola y la debilidad institucional.

Sin embargo, el elemento más valioso del modelo no es el resultado ecológico en sí mismo, sino la estructura política que lo respalda. Otros países han implementado programas similares sin obtener los mismos resultados. La razón es simple: carecen de un mandato constitucional, de financiamiento estable y de instituciones técnicas especializadas. En gran parte de América Latina, las políticas ambientales dependen de la voluntad del ministro de turno o de la agenda económica de cada gobierno. En Costa Rica, en cambio, la protección del ambiente no es un regalo político, sino una responsabilidad constitucional que se puede exigir incluso en tribunales.

Esto no significa que todo está resuelto. El modelo costarricense sigue mostrando vulnerabilidades importantes. El PSA depende en gran medida de ingresos vinculados a combustibles fósiles, algo que resulta contradictorio en tiempos de transición energética global. La justicia ambiental también requiere mayor especialización, pues muchos casos tardan años en resolverse y las sanciones no siempre reflejan el verdadero daño ecológico. Además, la conservación marina y costera no ha sido integrada con la misma fuerza que la terrestre, pese a su enorme valor ambiental y económico.

El país no necesita desmontar su modelo, sino blindarlo y modernizarlo. La sostenibilidad costarricense fue construida a partir de una decisión jurídica inteligente, pero su continuidad depende de un fortalecimiento institucional y financiero más sólido. No se trata únicamente de cuidar lo logrado, sino de expandirlo, actualizarlo y prepararlo para un contexto global completamente distinto.

Costa Rica debe recordar que su mayor triunfo ambiental no fue recuperar los bosques, sino convertir ese objetivo en un proyecto de Estado respaldado por la Constitución. Esa es la verdadera razón por la que la sostenibilidad nacional ha sobrevivido a distintas administraciones, crisis políticas y transformaciones económicas. Si el país mantiene este compromiso, no solo seguirá siendo una excepción positiva, sino también un referente que demuestra que el ambiente puede protegerse no por moda, sino por ley