Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Hay dos puntos de partida difíciles de evadir: nada es perfecto y de un hecho nacen varias historias o interpretaciones. En Costa Rica, esa regla aplica también al Gobierno, cualquiera que sea. Sin embargo, para la retórica oficial actual, ese reconocimiento solo vale para el pasado. Esa selectividad, teñida de arrogancia, distorsiona la lectura pragmática.
La candidata oficialista cae en la misma trampa. La diputada del partido también. El mandatario la reproduce. Y es justamente este discurso, que se proclama dueña exclusiva de la razón, la que intenta eclipsar el peso de los hechos cuando estos resultan incómodos.
Pero los datos son los datos. Y en la lógica oficialista, lo factual es incómodo y motivo para atacar al mensajero. Esa narrativa vertical contaminó incluso muchas figuras, hoy encapsuladas aún en el ritual de campaña de 2022, un guión donde la épica populista reemplaza a la evidencia.
El mensaje oficialista es tozudo y constante. Desnudado en el Informe Estado de la Nación 2025. Datos: la economía costarricense pasó de la recuperación pospandemia a una fase de estabilización macroeconómica. Lo hizo gracias a disciplina fiscal, acuerdos con organismos multilaterales y el uso de instrumentos precautorios como la Línea de Crédito Flexible del FMI aprobada en 2025, que fortaleció el blindaje de liquidez externa.
Más datos: pero bajo esa superficie ordenada yace una estructura frágil. La mejora reciente no resuelve los problemas estructurales ni corrige las debilidades históricas en productividad, empleo y sostenibilidad fiscal. Esa es la parte del diagnóstico que el Gobierno prefiere ignorar mientras perpetúa el dedo acusador.
Es cierto que la deuda pública comenzó a descender —del 61% del PIB en 2023 a 59,8% en 2024 y 57,7% en mayo de 2025, según el Ministerio de Hacienda—. Lo que el discurso omite es que, el servicio de la deuda sigue consumiendo más de un tercio de los ingresos del Gobierno Central.
Sigamos con los datos: la Contraloría señala que los intereses representaron un 4,3% del PIB en 2024, uno de los niveles más altos de América Latina. Esa camisa de fuerza limita la inversión en infraestructura, educación y reformas laborales clave para elevar la productividad.
La tensión fiscal no es opinable; es un límite operativo. No obstante, la respuesta oficial repite el libreto de siempre: culpar al pasado, minimizar lo urgente y sugerir una conspiración de críticos malintencionados. La pregunta es inevitable: si el presente no ha cambiado, ¿qué diferencia a este Gobierno de los anteriores?
Otros datos. El desempleo abierto cayó a 6,9% a finales de 2024, según el INEC. Pero la sombra es profunda: el 38% de los ocupados continúa en la informalidad, un nivel que Costa Rica arrastra desde hace más de una década. Esa informalidad erosiona la base tributaria, debilita la protección social y perpetúa trabajos de baja productividad.
El Estudio de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup (4T-2025) aporta otra alarma: la tendencia neta de empleo cayó a 35%, seis puntos menos que el trimestre previo. Y la ironía pesa: Limón y Puntarenas —fieles al oficialismo— exhiben las expectativas de contratación más débiles del país, con 22%.
Costa Rica mantiene ventajas competitivas claras —talento en servicios globales, turismo dinámico, alta tecnología—, pero su productividad por hora se mantiene rezagada frente a la OCDE. El Banco Mundial, la OCDE y el Estado de la Nación coinciden: sólo un salto en inversión en capital humano, innovación y encadenamientos permitirá cerrar brechas salariales y reducir desigualdad.
La inversión social, sin embargo, ha tomado la dirección contraria: cayó de 24,2% del PIB en 2021 a 20,7% en 2024, según el Estado de la Nación y el Cinpe. Educación y salud sufrieron recortes, mientras aumentaron las pensiones y transferencias. El Cinpe advierte que el gasto en salud está por debajo del 6% del PIB recomendado por la OMS, con riesgos evidentes para infraestructura y tiempos de espera.
Costa Rica opera hoy en un entorno donde la evidencia compite contra una política “megapolarizada”. El Ejecutivo ha mostrado habilidad para tejer alianzas tácticas —como frenar el levantamiento de la inmunidad presidencial—, pero no para construir acuerdos técnicos capaces de atender lo estructural.
Mientras tanto, Laura Fernández insiste en revivir el libreto de 2022: responsabilizar al pasado, evitar la autocrítica y suponer que la fórmula populista funcionará de nuevo. Pero ese pasado al que señala ya incluye tres años de su propio gobierno.
En plena campaña, el ruido domina. La economía, en cambio, exige claridad. Las decisiones sobre reasignar recursos hacia inversión productiva determinarán si la reciente mejora es un punto de inflexión o un espejismo.
La evidencia está ahí. Lo que falta es voluntad para verla.
Cristian Leandro
Periodista
