Llegó la hora de la verdad en Venezuela, y para el gobierno de Costa Rica

Ahora se decreta que la recolección de firmas para convocar el referéndum —que se había venido injustificadamente retrasando— no se efectuará

DISYUNTIVAS

Llegó la hora de la verdad en Venezuela, y para el gobierno de Costa Rica

El chavismo paró el referéndum revocatorio en curso en Venezuela. Para los días 26 a 28 de octubre estaba fijado el proceso para recabar la aprobación a la convocatoria del referéndum de un 20% de los votantes, mediante la recolección de su firma.

Por meses el Consejo Nacional Electoral y el gobierno de nuestra hermana nación, le han venido poniendo obstáculos y retrasándolo para que no se efectúe este año, y así —si como lo predicen todas las encuestas su aprobación se da apabullantemente— no tenga como resultado convocar a elecciones presidenciales, sino que el Presidente puede llamar a ejercer esa presidencia al vicepresidente que desee nombrar. Esta es la maniobra final que elimina los últimos vestigios de democracia que tenía el gobierno venezolano, que ahora se une a Cuba como los gobiernos autocráticos del continente.

Desde que el pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre eligió una Asamblea Nacional integrada por dos tercios de diputados de la oposición, en forma continuada se han venido destrozando los rasgos democráticos del gobierno venezolano.

Primero atropelladamente se integró un poder judicial por la saliente Asamblea Nacional con partidarios sumisos al Poder Ejecutivo. Después se les arrebató la credencial de diputados a tres personas que habían sido confirmadas en sus cargos por el órgano electoral. Luego se le arrebataron las atribuciones legislativas a la Asamblea Nacional. Posteriormente se atribuyó el ejecutivo el poder de legislar.

Se encarceló a diputados y periodistas por motivos políticos. Hace pocos días el Poder Judicial increíblemente transfirió al Poder Ejecutivo la facultad de aprobar el presupuesto, el acto esencial del órgano legislativo. A lo largo de todo el año se venido amenazando con que el referéndum revocatorio no se efectuaría este año para salvarle su puesto al presidente Maduro no exponiéndolo a una votación que destacará la voluntad popular de que abandone el cargo. Y ahora se decreta que la recolección de firmas para convocar el referéndum —que se había venido injustificadamente retrasando— no se efectuará.

Ya no es hora de vacilaciones.

El gobierno de Costa Rica está moralmente obligado por la tradición y la vocación democrática de Costa Rica a denunciar estos hechos, invocar la Carta Democrática Interamericana y pedir la imposición de sanciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela que —después de la ola democrática de América Latina en los ochentas— ahora pretende revertir la historia y destruye su democracia.

Se aprobó —con empuje entre otros de nuestro gobierno— la Carta Democrática Interamericana (CDI) porque "la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas" (artículo 1° CDI), "es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos" (artículo 7º CDI) y resulta esencial "para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región" (considerando 1º CDI y Carta de la OEA).

Se hizo porque, como señala la CDI "uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del principio de no intervención".-

Impulsar la aplicación de los artículos 19, 20 y 21 de la CDI es tarea a la cual el gobierno de Costa Rica no debería rehusarse. Ciertamente intereses por favores del petróleo y de otro tipo de Venezuela pueden afectar la voluntad democrática de otros estados, pero no la de Costa Rica.