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Miércoles 11 Enero, 2012

Las multas del tránsito

En una sociedad en la cual más del 80% de la población económicamente activa gana al mes salarios menores a los ¢400 mil, se confecciona una ley del tránsito con multas que sobrepasan los ¢200 mil. Habiendo multas que son mayores que el sueldo mensual de los oficiales de tránsito, lo cual es un ambiente favorable para alimentar la cultura del chorizo. Máxime ahora con el aumento de más de un 10% por el mero hecho de que algunos empleados del Poder Judicial (salarios de referencia en la ley de esta materia), en el 2012, ven incrementados sus salarios al mes, al menos en ese porcentaje, cuando en el sector privado esos aumentos al año no llegan al 5%.
Sin duda las sentencias que la Sala Constitucional ha venido elaborando desde años, sobre los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, han sido un límite importante, entre otros aspectos, a la arbitrariedad de las multas fijadas en la ley del tránsito, por diputados que, en su momento, no leyeron ni conocieron la ley citada que votaron irresponsablemente.
Algunos de los empleados del MOPT, ligados a CONAVI, han criticado las sentencias de la Sala Constitucional, cuando resuelven las impugnaciones de las cuales conocen usando esos criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Primero, sería bueno que buscaran (porque en sus escritorios no lo tienen) un libro que se llama diccionario de la lengua española y leyeran qué significan esas palabras.
Segundo, es conveniente que leyeran algunas de las sentencias en materia de tránsito de ese Tribunal Constitucional, en donde se emplean esos conceptos, con el fin de que se informen sobre su alcance y contenidos, en el marco del derecho constitucional y de los derechos de los administrados, bajo un Estado social y democrático de Derecho, guiado entre otros por el principio de legalidad, que precisamente nace con la Revolución Francesa de 1789, para ponerle freno y límite a la arbitrariedad de la Administración Pública, que es el pan cotidiano en el país.
El Estado de Derecho y los derechos de las personas son atacados frontalmente por funcionarios públicos del MOPT y CONAVI que hablan, de un modo fascista y totalitario, del ordenamiento jurídico como si se tratara de una herramienta a su servicio.
La mueca del Estado sujeto al derecho los lleva a fabricar un sistema en el cual se impugnan los partes ante la misma administración que los impone, lo que no da ninguna garantía de objetividad y de respeto a la legalidad, pues esas oficinas que “resuelven” las impugnaciones a los partes están en el MOPT.
Los diputados tienen la obligación de fabricar una ley de tránsito sujeta a derecho y a los principios jurídicos que deben regular el ordenamiento jurídico. Todavía a comienzos del 2012, las necesarias reformas a la ley de tránsito siguen esperando.
Como es costumbre en Tiquicia, estos diputados faltan a sus deberes ciudadanos con la democracia y el pueblo costarricense. Y no pasa nada. Los indignados siguen ausentes.

Jorge Enrique Romero Pérez
Profesor Universidad de Costa Rica
[email protected]