La peligrosa tentación de la centralización: El caso de las telecomunicaciones

Recientemente ingresó a la corriente legislativa el Proyecto de Ley denominado “Programa Nacional de Alfabetización Digital”, el cual se tramita en el Expediente N. 22.206. Dicho proyecto pretende entre otras cosas -por medio de una serie de reformas y adiciones a la Ley General de Telecomunicaciones- obligar a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a transferir los recursos dinerarios del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) al Ministerio de Educación Pública (MEP) o Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, para que sean dichas instancias las que se encarguen de definir los mecanismos de ejecución de dichos recursos, según sea el caso.

Evidentemente una lectura somera del Proyecto de Ley, en especial de su exposición de motivos, difícilmente pueda encontrar discusión en contra de la necesidad que tiene el país de cerrar la brecha digital que aqueja a los sectores menos favorecidos, máxime en el contexto de la presente pandemia; valga señalar, esto algo que se comparte. Sin embargo, tan loable finalidad no debe dar pie al desmantelamiento del andamiaje en materia de regulación de telecomunicaciones creado a raíz de su apertura en el año 2008, como precisamente sucedería de aprobarse tal cual está redactado el proyecto bajo análisis y en evidente contradicción al contenido del DR-CAFTA.

• ¿Cuál es la razón de ser de la descentralización administrativa? La descentralización administrativa no solo surge a fin de evitar que la Administración Centralizada (Ministerios en este caso) colapsen en razón de su diversidad de competencias, sino también a raíz de la importancia de especializar técnicamente determinadas instituciones en materias concretas. Esto es específicamente lo que sucede con la SUTEL, la cual fue conceptualizada en su creación vía Ley, como un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la cual a su vez es una institución autónoma no sujeta a los lineamientos del Poder Ejecutivo. Por lo expuesto, SUTEL nace con una competencia especializada en el sector de las telecomunicaciones, con la finalidad de no estar vinculada al vaivén político y poco especializado técnicamente de algún Ministerio en particular.

• ¿Por qué es importante un Regulador Sectorial robusto e independiente? La necesidad de independencia del regulador, tal y como lo es SUTEL, no solo reviste relevancia desde la perspectiva de los operadores, sino que dicha virtud debe ser también defendida a lo interno de la Administración Pública, a fin de no colocar a dicha institución en una situación de subordinación, que le impida ejercer sus funciones especializadas de forma plena. La importancia de dicha independencia, radica en que la SUTEL ejerce no solo una función arbitral en el mercado, sino también de garante del servicio universal.

Ahora bien, una Ley que obligue a transferir los fondos de FONATEL a dos Ministerios, a fin de que sea esas instancias las que definan los mecanismos de ejecución de dichos recursos, es simplemente un retroceso de doce años en materia de apertura de mercado y a su vez un salto al vacío en materia de consolidación de servicio universal, al poner dichos recursos en una mesa de apuestas sin saber su resultado.

El manejo de FONATEL claramente siempre puede ser mejor, pero, eso es muy distinto a que vía ley se pretenda dar este fondo a un Ministerio, en este caso el MEP, el cual debería ser beneficiario y no ejecutor, al no tener la especialidad técnica para ello. Del mismo modo, la opción de que el MEP “delegue” la ejecución de los dineros en Fundaciones, por ejemplo, sencillamente podría poner en riesgo el control de esos fondos públicos. Por su parte en el caso del MICITT, estaría coincidiendo el papel de rector con el de ejecutor, lo cual redunda de nuevo, en una concentración desmedida de competencias y poder.

Por lo expuesto, la tentación en la concentración del poder, en este caso en el manejo de recursos públicos, debe ser combatida por los legisladores a diario, pero en especial en tiempos como los actuales donde una pandemia podría mover los cimientos del Estado de Derecho, debemos ser aún más vigilantes de tales ideas, que podrían traer consecuencias nefastas para las personas que están esperando la concreción de esos recursos, en proyectos tangibles.