La experiencia no puede convertirse en sospecha

En los últimos días ha surgido un debate nacional a raíz de una denuncia presentada ante la Procuraduría de la Ética Pública relacionada con la participación de la señora Pilar Cisneros Gallo como asesora ad honorem de la Presidencia de la República.

Como Periodista Colegiado, administrador de empresas, máster en educación y secretario de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras (ADASFRO), consideré oportuno remitir una carta a la Procuraduría de la Ética Pública, con copia a la Presidencia de la República y a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, con el propósito de aportar una reflexión que considero necesaria para este debate.

Más allá de las posiciones políticas que puedan existir sobre cualquier figura pública, resulta fundamental analizar este tema desde una perspectiva democrática, jurídica y humana.

Costa Rica enfrenta un proceso de envejecimiento poblacional que obliga a replantear la manera en que entendemos la participación social de las personas adultas mayores. Durante décadas hemos promovido políticas de inclusión, envejecimiento activo y participación ciudadana. Sin embargo, cuando una persona mayor continúa ejerciendo liderazgo, asesorando o aportando su experiencia, pareciera surgir la duda de si esa participación es legítima.

La experiencia acumulada por una persona a lo largo de su vida constituye un activo social invaluable. Ninguna sociedad inteligente desaprovecha el conocimiento de quienes han dedicado décadas al ejercicio profesional, académico, empresarial, sindical, comunal o periodístico.

Los gobiernos, independientemente de su orientación política, suelen consultar a especialistas, académicos, exfuncionarios, líderes sociales y profesionales de confianza. Esa práctica forma parte de la dinámica normal de una democracia y no debe confundirse automáticamente con el ejercicio formal de una función pública.

Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existe o no alguna situación que requiera análisis jurídico adicional. Para eso existen las instituciones y los mecanismos de control del Estado de Derecho.

No obstante, considero importante evitar que el debate público derive en una desvalorización de la participación de las personas adultas mayores o en la percepción de que su experiencia debe permanecer al margen de la toma de decisiones y de la construcción de políticas públicas.

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores reconocen el derecho de esta población a participar activamente en la vida social, política, económica y cultural de los países.

El conocimiento no pierde valor con los años. La experiencia no constituye una amenaza para la democracia. Por el contrario, cuando se aprovecha de manera transparente y responsable, fortalece las instituciones y enriquece el debate público.

Las personas adultas mayores no deben ser observadas como espectadoras pasivas del desarrollo nacional. Deben seguir siendo protagonistas, mentoras, asesoras, lideresas y constructoras de propuestas para las nuevas generaciones.

Como reflexión final, resulta oportuno recordar que en muchas democracias consolidadas las personas adultas mayores continúan ocupando espacios de liderazgo, asesoría, representación política y toma de decisiones. Presidentes, primeros ministros, parlamentarios, jueces, académicos y líderes sociales de avanzada edad siguen contribuyendo activamente a la conducción de sus países. Lejos de considerarse una limitación, la experiencia acumulada durante décadas es vista como una fortaleza que complementa la energía, creatividad e innovación de las nuevas generaciones.

Las sociedades más inclusivas comprenden que el desarrollo no se construye enfrentando a jóvenes y personas mayores, sino promoviendo la participación de ambos sectores en igualdad de condiciones y con respeto mutuo.

Recuerdo que en una actividad del Frente Amplio de Paraíso de Cartago, una persona adulta mayor expresó, quizá con humildad e incluso con cierta ingenuidad, que él ya había "jugado" y que ahora correspondía dar paso únicamente a los jóvenes. Sin embargo, la reacción de los asistentes fue inmediata: varias personas manifestaron que no debíamos olvidar el enorme valor de las personas adultas mayores y que una organización política comprometida con la justicia social no puede limitarse a representar únicamente a la juventud.

Se señaló que también debe escuchar, respaldar y atender las necesidades, aspiraciones y aportes de quienes han dedicado años de su vida a construir comunidad, defender derechos y fortalecer la democracia.

Aquella reflexión colectiva dejó una enseñanza importante: una sociedad verdaderamente inclusiva no sustituye una generación por otra, sino que construye puentes entre ellas para aprovechar la experiencia de quienes han recorrido el camino y el entusiasmo de quienes comienzan a transitarlo.

En una sociedad que aspira a ser inclusiva, accesible y respetuosa de los derechos humanos, la experiencia nunca debería convertirse en motivo de sospecha, sino en una oportunidad para construir un mejor futuro para todos.

Por Alberto Cabezas Villalobos

Periodista, Administrador de Empresas, Máster en Educación, Secretario de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras (ADASFRO)