Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 3 Abril, 2017

La democracia, Venezuela y el sistema interamericano

Ya no quedan ni vestigios de democracia en la República Bolivariana de Venezuela.
Poco a poco el chavismo fue destruyendo la democracia. Se fueron violando las libertades de empresa y de prensa. Se fue derrochando la riqueza natural agigantada por el gran aumento de los precios del petróleo, al tiempo que se endeudaba sin recato el país. Impunemente se corrompieron militares y funcionarios y se entregaron al narcotráfico. Se armó a pandillas criminales y la delincuencia y la violencia contra vida y propiedad de las personas se desató. Se encarceló a los adversarios políticos. Si un gobernador o alcalde era electo por la oposición, se creó una estructura paralela dominada por el gobierno a la cual se le otorgaban los recursos públicos. Se depuso de sus cargos de elección popular a diputadas y diputados que estorbaban al oficialismo. Se irrespetaron las sentencias que en defensa de los derechos humanos y en contra del gobierno de Venezuela dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Vino la elección parlamentaria de diciembre de 2015 y se reconoció el apabullante triunfo de la oposición, pero se le fueron vaciando funciones a la Asamblea Nacional.
Se aprovechó el periodo antes de la toma de posesión de los nuevos diputados y diputadas para apoderarse descaradamente del Tribunal Supremo de Justicia nombrando personas totalmente sometidas al chavismo. Y se usó a este poder para suspender sin juicio a los diputados de la Amazonía y disminuir la mayoría de dos tercios de la oposición. Luego se le fueron cercenando a la Asamblea Nacional las facultades de emitir leyes, decretar una amnistía en favor de los presos políticos, aprobar los decretos de emergencia y los presupuestos. El desastre económico se convirtió en emergencia humanitaria por el desabastecimiento de alimentos y medicinas.
Se impidió la ejecución de un Referéndum Revocatorio convocado por la oposición y se continuó encarcelando a opositores, distrayendo a la oposición con negociaciones que no condujeron a nada. Se impidió efectuar las elecciones de gobernadores y alcaldes que estaban previstas para el año pasado. A los diputados ilegítimamente suspendidos en sus funciones ni se les juzga ni se permite realizar elecciones para sustituirlos.
Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia con su ilegitima integración, decidió la noche del miércoles 29 de marzo dejar sin competencias a la Asamblea Nacional por estar en desacato de órdenes de ese Tribunal. La sentencia número 156 ordena que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia asuma el rol del Parlamento para garantizar el “Estado de derecho”. De esta manera los poderes ejecutivo y judicial se dan un auto-golpe de estado. Terminó así, cualquier apariencia de democracia que haya pretendido disfrazar a la dictadura chavista.
Este cierre de hecho del Poder Legislativo es similar al que provocó el Presidente Fujimori en Perú, y que dio origen —años después— a la Carta Democrática Interamericana por iniciativa de mi gobierno, entre otros.
Nuestra tradición republicana, de defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos, obliga al gobierno de Costa Rica a asumir un liderazgo en América ante estos hechos lamentables. Esta destrucción de la democracia se da en una nación hermana, que cuando era democrática colaboró siempre con nuestro país frente a peligros a su vida pacífica y democrática, y colaboró al desarrollo de nuestra vida política.
Pero además están en juego la vida de los habitantes de Venezuela. Si no se pone coto a este embate dictatorial, ¿por qué podríamos creer que habrá elecciones presidenciales libres en 2018 o que se respetarán sus resultados? Es claro que ya se está estableciendo un gobierno dictatorial de partido único al estilo del de los hermanos Castro en Cuba.
Y si el sistema interamericano no tiene capacidad para tomar acciones drásticas frente a las violaciones a los derechos humanos, ¿qué pertinencia tiene su existencia? ¿Para qué mantenerlo si ante la más evidente necesidad es totalmente inoperante? El debilitamiento del sistema interamericano es especialmente negativo para nuestra desarmada Costa Rica, por lo que nuestro interés en protegerlo es aún mayor.
Para evitar que la dolorosa situación de Venezuela acabe en una dictadura castro-comunista o en un baño de sangre se necesitan acciones drásticas y contundentes de la comunidad internacional. Una suspensión de la compra de petróleo a Venezuela puede forzar al gobierno a de verdad negociar. Pero si una medida como esa es tomada unilateralmente por los Estados Unidos más bien sería contraproducente para el caso venezolano y muy perjudicial para las relaciones hemisféricas.
Cuando se dio el golpe militar en contra del gobierno —democrático entonces— del presidente Hugo Chávez, actuaba yo como Presidente de Costa Rica y del Grupo de Río, reunido ese abril del 2002 en San José. Invoqué entonces la Carta Democrática Interamericana en defensa del gobierno del presidente Chávez.
No se puede pretender eufemísticamente seguir propiciando negociaciones que durante casi todo el año pasado se intentaron por UNASUR, la OEA y hasta la Santa Sede. Ya desde diciembre de 2016 el Secretario de Estado del Vaticano indicó que no conducían a nada. No se aprobó ningún proceso electoral y más bien aumentó el número de presos políticos. La única consecuencia de promover esa vía es fortalecer la dictadura.
Con la fuerza moral que me da esa actuación y por respeto a la investidura que tuve de Secretario General de la OEA, me siento obligado a pedir a la Asamblea Legislativa adicionar a su rechazo al golpe de estado ocurrido en Caracas, un llamado a todos los parlamentos de América para que condenen esos hechos; a solicitar al gobierno el retiro del personal diplomático destacado en Venezuela y liderar sin medias tintas la iniciativa del Secretario General de la OEA, don Luis Almagro, para pedir la suspensión de Venezuela de ese organismo en aplicación de la Carta Democrática Interamericana.