INCOFER: ¿Hasta Cuándo Vamos a Seguir Ignorando la Salud?

Por Lradmin Feb 28, 2025

Alberto Cabezas

Periodista y Presidente de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras

En Costa Rica, las instituciones públicas deben ser un ejemplo de compromiso y responsabilidad para con los ciudadanos. Sin embargo, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), encargado de velar por el transporte ferroviario, está demostrando una alarmante indiferencia ante la salud pública y el bienestar ambiental de una comunidad en Cartago. La situación en el ex Barrio Managuita, en la Joya, ha llegado a un punto crítico.

Tras la demolición de viviendas en la zona, los escombros se han acumulado descontroladamente, generando una verdadera crisis ambiental y sanitaria. A pesar de las claras resoluciones emitidas tanto por la Sala Constitucional como por el Ministerio de Salud, que ordenaban la remoción urgente de los escombros, INCOFER ha hecho caso omiso de estas directrices, dejando a los habitantes del sector expuestos a riesgos inimaginables.

El problema es evidente: la acumulación de concreto, madera, plásticos y metales está generando condiciones de insalubridad extrema, donde plagas como ratas, cucarachas y mosquitos proliferan, llevando consigo enfermedades como el dengue. Las autoridades no han intervenido de manera eficaz, lo que deja a la comunidad desprotegida y desamparada.

La Ignorancia de la Ley y la Falta de Responsabilidad

INCOFER está violando las resoluciones judiciales que le exigen actuar. La Sala Constitucional emitió un fallo claro y preciso, al igual que el Ministerio de Salud, pero la inacción de INCOFER demuestra no solo una falta de voluntad política, sino también un desacato a la ley. Esta situación no solo es una muestra de negligencia institucional, sino también de un desdén por la salud de los ciudadanos.

Es inaceptable que una entidad pública, cuyo deber es proteger a los costarricenses, ignore el sufrimiento de cientos de familias que ahora se enfrentan a un ambiente insalubre, peligroso y contaminado. No estamos hablando de una falla menor, sino de un delito ambiental que pone en riesgo a toda la comunidad. Las autoridades han emitido órdenes claras y no se puede permitir que se sigan ignorando.

La Responsabilidad de INCOFER y la Urgencia de la Acción

El llamado a la acción es claro. INCOFER debe ser responsable y cumplir con las órdenes que la ley le exige. No solo es su obligación moral, sino también legal. El daño que esta negligencia está causando es irreparable en muchos aspectos. No solo se está contaminando el suelo y el aire, sino que se está comprometiendo la salud de quienes viven allí, especialmente en un contexto en el que enfermedades como el dengue y las infecciones respiratorias son una amenaza real.

Lo que está ocurriendo en Paraíso, Cartago, es un claro recordatorio de que el bienestar de la gente debe ser una prioridad para todas las instituciones, sin importar su naturaleza. El cumplimiento de la ley no es opcional, y el respeto por la salud pública debe ser la norma.

¿Por Qué Seguir Permitiendo la Inacción?

Este caso es solo la punta del iceberg. La falta de acción por parte de INCOFER refleja un patrón de desinterés que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos, y lo más grave es que no parece haber consecuencias para quienes incumplen la ley. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que instituciones públicas se salten las normativas y se burlen de las personas que dependen de ellas? Las autoridades competentes deben exigir que INCOFER actúe de manera inmediata, y si no lo hace, debe haber sanciones.

Un Llamado a la Acción

Este es un llamado no solo para INCOFER, sino para todos nosotros como sociedad. La salud, el bienestar y el futuro de nuestras comunidades no deben estar en manos de la indiferencia institucional. Las autoridades deben actuar ahora, antes de que el daño sea irreversible. Exigimos que INCOFER se haga responsable de su inacción, y que todos los organismos correspondientes tomen las medidas necesarias para garantizar que la ley se cumpla, que el medio ambiente sea respetado, y que la salud pública no siga siendo un tema secundario en la agenda de las instituciones.

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