Haciendo trampa legalmente

Hablando Claro

Haciendo trampa legalmente

Me fui a Golfito con dos amigas y nuestros hijos menores. La idea era comprar dos electrodomésticos en el Depósito Libre Comercial y aprovechar el viaje para pasear por los parajes de la Costanera Sur, estación incluida —ida y regreso— en Uvita de Osa, uno de mis refugios preferidos no solo por la belleza natural del paisaje sino por la calidez cultivada de amigos del corazón. Ayudaron estupendamente a la expectativa del plan, un maravilloso fin de semana y una vía San José-San Isidro-Dominical-Costanera–Golfito, en casi inmejorables condiciones (aunque usted no lo crea).

Lo que no estaba en nuestros planes era convertirnos en parte de un articulado sistema de engaño que se ha consolidado al amparo de una legislación absurda y miope que se cumple rigurosa pero relativamente. Veamos: lo primero es que usted no puede adquirir lo que necesita, así no haya visitado el depósito en años. Por eso, mi primer balde de agua fue que no podía comprar la refrigeradora que quería porque el costo superaba la autorización de compra de $500. Ni modo, al mal tiempo buena cara; entonces compremos la cocina. Pero de nuevo la decepción. La que se ajustaba a mis necesidades excedía en ¢10 mil (vea bien, en diez mil colones) la famosa autorización y sin importar que con el descuento quedara por debajo de esa suma, no había forma alguna de comprar algo que excediera un peso más de lo permitido por la rigurosa ley. Empecé a considerar la idea de que después de pagar transporte, hotel, alimentación y cumplir con los requisitos formales, tenía que despedirme de uno de los objetivos de mi viaje, pues de nada servía que mis amigas estuvieran dispuestas a regalarme sus cuotas de compra, porque según la ley ninguna de ella era mi hermana como para que pudiéramos unir nuestros respectivos pequeños poderes de compra en los $1.000 que se permiten a los parientes en primer grado de consanguinidad. Y aquí empieza la trampa legal.

Hay todo un sistema de intermediarios que están ahí para convertir en exitosos los planes a punto del fracaso. Ellos lo enlazan a uno con los humildes poseedores de la cédula y el vínculo civil de esposos, hermanos o padres e hijos que permite entonces concretar la ansiada compra. Así es como uno termina siendo parte de una “irregularidad legal”. Confieso que terminé exhausta física y emocionalmente. Me sentí mal por pagar a cuatro personas (dos jóvenes matrimonios del lugar sin poder de compra propio) para que adquirieran mi cocina y mi refrigeradora, aunque Maritza —con seis meses de embarazo— me asegurara con una afable sonrisa en el rostro que “el sistema nos permite ganar a todos” y ellos salieran contentos del depósito después que terminaron los trámites.

Y por supuesto, todavía mi hijo de 11 años no termina de comprender por qué unos humildes desconocidos “nos compraron” la refri y la cocina….

¿Que esta columna es una admisión de culpa? No hay duda. ¿Que lo que hice es ilegal? No para nada. Ahí está el detalle, es absolutamente legal...