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Sala IV tiene un mes para dar su posición

Gobierno ahorraría ¢52 mil millones si se pusiera un tope a pensiones de lujo

La propuesta del Gobierno es frenar el gasto desmedido en este rubro

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong [email protected] | Viernes 19 octubre, 2018

Carlos Alvarado
“La situación crítica en que se encuentran las finanzas públicas hace insostenible la preservación de estos odiosos privilegios”, aseguró Carlos Alvarado, presidente de la República. Cortesía Casa Presidencial/La República


El Gobierno ahorraría ¢52 mil millones anuales si se llegara a aprobar el tope a las pensiones de lujo por parte de la Sala Constitucional dentro de 30 días.

Ese monto es el estimado por el Ministerio de Trabajo e incluye el régimen del Magisterio Nacional y todos los demás, por concepto de pensión, aguinaldo y seguro.

Lea más: Carlos Alvarado defiende recorte a pensiones de lujo del Poder Judicial

La intención del Gobierno es que esto sea una realidad y que se les ponga un tope de ¢2,6 millones mensuales a las pensiones, cuando muchas de ellas llegan al monto máximo de ¢10 millones.

Lea más: Guerra a pensiones de lujo

Durante una audiencia oral, este tipo de beneficios fueron calificados como “privilegios odiosos” por parte de Carlos Alvarado, presidente de la República, solicitándole a la Sala Constitucional que se les pusiera fin a estos beneficios.

“Existen suficientes razones jurídicas, financieras, técnicas y éticas que respaldarían la decisión de la Sala IV. Lo hago en representación de millones de costarricenses que no aceptan la permanencia de este tipo de pensiones de privilegio cuando muchas familias la están pasando mal, pues sus ingresos no les permiten una adecuada calidad de vida”, dijo Alvarado a los magistrados.

La medida se aplicaría a través de una directriz del Ministerio de Trabajo, basada en la ley 7858. Esta define que si los ingresos por cotizaciones estatales, obreras y patronales son menores que los egresos derivados del pago de los beneficios, se establecerá como tope máximo la suma de diez veces el salario base más bajo pagado en la Administración.

Sin embargo, los pensionados que se vieron afectados por la medida en 2014 vienen presentando recursos de amparo.

Cuatro de los accionantes hablaron durante la intervención del mandatario ayer ante los magistrados. Álvaro Valerio, Alejandro Abellán, Jorge Bagnarello y Óscar Pizarro alegaron, que quitarles las pensiones que superaban los ¢3,5 millones, era una violación a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad e igualdad.

En el Congreso, también se manejan varias propuestas para poner un tope a las pensiones de lujo y una de ellas es promovida por la Unidad Social Cristiana, que establece un máximo de ¢1,5 millones y así equipararlas al monto más alto que otorga la Caja, sin embargo, existen dudas legales sobre esta iniciativa.

Tanto los diputados como las autoridades del Gobierno afirman que estos montos no se pueden mantener en momentos de grave estrechez fiscal.

“El Gobierno gasta un 2,9% del PIB en pensiones y esto representa un 22% de los ingresos totales del Estado, por lo que se requiere un sistema más justo, más equitativo y que no golpee el déficit fiscal que rondará este año el 8%”, aseguró Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.

Como pensión de lujo se entiende aquella que recibe una persona que no cotizó lo suficiente por ese monto, pero que lo recibe por circunstancias del sistema.

Unas 9.600 personas reciben sumas por encima de ¢1,5 millones, sin haber cotizado por ese monto, lo que hace insostenible el régimen, según datos de la Superintendencia General de Pensiones.


Acciones de Carlos Alvarado


Una serie de medidas tomó Carlos Alvarado, presidente, para frenar las pensiones de lujo y aquí se detallan algunas por fechas.


2006

Implementó como titular de Trabajo una ley para eliminar el incremento del 30% anual a un grupo de exdiputados

2007

Tomó acciones para la aplicación de medidas de tope a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, amparadas a la Ley 7858 de diciembre 1998


2018

En enero, siendo candidato presidencial planteó a la Sala IV resolver la acción de setiembre de 2014 y en abril pasado como Presidente volvió a solicitarlo





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