Pilar Cisneros es asesora en comunicación ad honorem de la mandataria Laura Fernández. Cortesía/La República
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La emisión de una alerta migratoria en contra de la exdiputada Pilar Cisneros fue considerada por la presidenta Laura Fernández como “la más baja de las vergüenzas que hemos visto recientemente del Poder Judicial”.
Para Fernández, el Ministerio Público instrumentaliza sus potestades para perseguir a figuras cercanas al Gobierno.
Cisneros no es funcionaria pública, pero sí asesora ad honorem de la mandataria en materia de comunicación.
“Sobre lo que ocurrió con doña Pilar Cisneros, es la más baja de las vergüenzas que hemos visto recientemente del Poder Judicial, es la politización de la justicia, es un ataque injustificado por completo, es ganas de amedrentar y es una vergüenza nacional”, dijo Fernández al Semanario Universidad.
La mandataria aprovechó la oportunidad también para señalar que le encantaría que Cisneros fuera parte del Gobierno de manera formal, pero ella no aceptaría.
“Para mí sería un privilegio que doña Pilar fuera mi ministra de Comunicación o que doña Pilar fuera mi ministra de cualquier cartera, porque es una mujer de un talento y de un amor por Costa Rica incalculable, pero ni aunque yo quisiera nombrarla me aceptaría un cargo público”, dijo la mandataria.
¿Qué pasó?
El jueves se dio a conocer que el Ministerio Público emitió una alerta migratoria contra Cisneros Gallo. La alerta implicaba que la Fiscalía debía enterarse de inmediato si la exlegisladora trataba de salir del país por cualquier puesto fronterizo.
Esto, ante la supuesta dificultad de notificar a Cisneros para que participe de una audiencia indagatoria por el supuesto delito de financiamiento ilegal de la campaña electoral del 2022.
No obstante, tras darse a conocer la noticia, el Ministerio Público fue capaz de notificar a Cisneros mientras daba una conferencia de prensa, por lo que se levantó la alerta migratoria el jueves. Un día después, Cisneros fue al Ministerio Público para participar de la indagatoria, pero esta quedó fijada para octubre.
A la comunicadora, la Fiscalía la investiga por supuestamente afectar “la pureza del Sistema Electoral” durante la campaña electoral del 2022, cuando Rodrigo Chaves fue electo como mandatario y ella como legisladora.
La Fiscalía investiga a varias personas por el aparente delito de recepción de contribuciones privadas ilegales, lo cual se castiga con una pena de cárcel que oscila entre dos y seis años.
