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A las 11:30 p. m. de ayer martes, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron positivamente el presupuesto del Gobierno central por ¢12,4 billones.
El plan de gastos para el Estado destaca por un recorte de ¢8 mil millones para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), además del establecimiento de varias normas de ejecución presupuestaria para el Poder Judicial, lo cual condiciona el gasto de esa institución por unos ¢30 mil millones, además de un recorte de ¢10 mil millones.
En este último caso, esa institución deberá contar con el aval del Ministerio de Hacienda y los diputados de la comisión señalada para acceder a esos ¢30 mil millones el próximo año.
Asimismo, los diputados de la comisión, encabezados por la bancada oficialista de Pueblo Soberano, trasladaron ¢250 mil millones de diversos programas sociales del IMAS, Avancemos, adultos mayores, niños y aborígenes, y los incorporaron al pago de pensiones no contributivas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El proyecto de presupuesto se aprobó con los votos de los seis legisladores oficialistas. Se trata de Nogui Acosta, Gréthel Ávila, Cindy Murillo, Gerald Bogantes, Kattia Ulate y Daniel Siézar, mientras que los restantes diputados de la oposición votaron en contra.
Debido a que el oficialismo tiene 31 votos, podrá validar en el plenario el presupuesto que dictaminó sin ningún cambio adicional.
Sin embargo, con el objetivo de frenar las normas presupuestarias por casi ¢30 mil millones, el Poder Judicial tomó la decisión de acudir a la Sala IV.
“La institución ha manifestado, en diversos espacios y comunicaciones públicas, incluida una comparecencia ante esa comisión legislativa, su rechazo a las normas de ejecución presupuestaria impuestas exclusivamente al Poder Judicial. Asimismo, ha advertido sobre sus posibles efectos en los servicios de justicia y la lucha contra el crimen, y ha señalado que estas disposiciones contravienen lo establecido en la Constitución Política”, dijo la Corte.
En ese sentido, la diputada del PLN Ángela Aguilar también acudirá a la Sala Constitucional.
Y es que, según el Poder Judicial, esto afectaría los recursos destinados a cubrir gastos operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y los tribunales.
“Las normas condicionan el uso de ¢29.843,8 millones del presupuesto judicial a una serie de requisitos y trámites adicionales. Entre ellos figuran la presentación de los estados financieros auditados del Fideicomiso de Infraestructura, certificaciones de la Contraloría General de la República, el conocimiento y la aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la aprobación del Plenario Legislativo y, finalmente, una orden al Ministerio de Hacienda para desbloquear los recursos”, dijo la Corte.
