El fin de una política arrocera empobrecedora

Juan Ricardo Fernández R.

Presidente

Asociación de Consumidores Libres

Un día en el 2002 un candidato presidencial, que en ese momento era diputado, dejó su campaña proselitista para retornar a la Asamblea Legislativa y votar favorablemente por el proyecto de Ley de la Corporación Arrocera (CONARROZ). Si bien el “proteccionismo” arrocero (y el consecuente desproteccionismo a los consumidores) es de larga data, es a partir de esa ley que toma fuerza una política pública específicamente diseñada para favorecer a unos cuantos a costa de toda la población consumidora.

Dicha ley constituye básicamente un oligopolio y, con el establecimiento de CONARROZ, crea un ente público no estatal para favorecer intereses puramente gremiales. En el 2003 la Asociación de Consumidores Libres presenta una acción de constitucionalidad a la ley por la evidente violación al artículo 46 y otros de la Constitución, la cual fue ganada parcialmente (por el hecho de no haber representación de los consumidores) pero no en lo medular, que era el oligopolio, y fue así como la Sala Constitucional falló en contra de los consumidores y avaló que número reducido de vendedores ejerciera control sobre el precio y el acaparamiento para la venta del arroz (Voto No. 16567 – 2008).

Aunque el artículo 46 de la Constitución es claro en que son prohibidos los monopolios y “es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora”, la redacción del voto por el magistrado Cruz nos pareció contradictoria con el artículo 50 de la Constitución que indica: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. La Sala Constitucional considera el artículo 50 como un cheque en blanco para que el gobierno —al mejor estilo de los Estados de planificación central— intervenga la economía a su gusto, lo que a mi juicio es un error.

En su momento se argumentó el daño económico y la pésima distribución de la riqueza que se generaría; sin embargo, fue insuficiente para llevar luz a los distinguidos magistrados. A pesar de esto, el tiempo siempre nos aclara las verdades y,como dice el dicho, “la jarana sale a la cara”. Y es que no existe ningún producto que haya sido objeto de tantos estudios, debates, señalamientos de organismos internacionales y controversias en el país, como la política arrocera.

Estudios del Banco Mundial, de los más serios y distinguidos economistas del país. Estudios técnicos del mismo MEIC recomendando eliminar la fijación de precios del arroz. Pronunciamientos de la Defensoría de los Habitantes y de la Comisión de la Competencia (COPROCOM). Informes de la Contraloría General de la República, el Instituto de Ciencias Económicas de la UCR y la OMC, e incluso un especial énfasis que hizo la OCDE en su informe país y el cual fue reiterado por su representante en su última visita al país.

Según estimaciones propias, con base en datos de COMEX(2001-2015) y varios estudios posteriores, se puede afirmar que la perversa política arrocera les ha costado a los consumidores más de USD 1.000 millones. Esto únicamente por la transferencia de consumidores (a productores) por obligarlos a pagar, mediante la fijación de precios mínimos, un precio mucho mayor al que hubieran podido acceder. Y sin contar lo que los economistas llaman “pérdida de bienestar”, y es que, con ese ahorro, los consumidores no solo habrían satisfecho su necesidad de arroz a un mejor precio, sino también otras necesidades.

Lo más perverso de esta política pública es que los estratos de más pobres de la población son los que consumen más arroz per cápita y la mayor parte del subsidio queda en manos de muy pocos arroceros. De acuerdo a Mata y Santamaría (2016): “El sobreprecio afecta a las familias más pobres ya que dedican el 10,7% de su ingreso a comprar arroz”. También: “Alta concentración de ganancias a una sola empresa; los grandes ganadores son los industriales”. Concluyendo que la fijación de precios no contribuye a la productividad ni favorece al consumidor.

El arancel del 35% al arroz (y en algunos casos alcanzó 60% por medidas de salvaguardia al arroz pilado en el 2015 y 47% al arroz integral en 2018) y la fijación de precios mínimos produjo una enorme ganancia a los industriales y arroceros de CONARROZ. Ellos no pagan el arancel y el precio les garantiza la ganancia. Los importadores de arroz (por fuera de CONARROZ) sí pagan el arancel e incluso podrían vender más barato; sin embargo, la fijación de precios mínimos lo impide. Es tan desmesurada la rapacidad de esta política que por mucho tiempo se prohibió el “bandeo”, que consiste en adherir a la bolsa del arroz otros productos o promociones para beneficiar al consumidor.

Por otro lado, hay que ver que la fijación de precios beneficia muy generosamente a los más grandes. El MEIC tenía que estimar los precios de manera que los arroceros cubrieran sus costos y obtuvieran una ganancia razonable. Es mayor el peso de los costos de producción de un pequeño o mediano productor que no cuenta con la maquinaria, la tecnología ni las economías a escala que tienen los grandes productores. Así las cosas, la fijación de precios les genera una ganancia moderada a los pequeños, pero una enorme a los más grandes.

No cabe la menor duda de que TODOS los presidentes, a lo largo de los últimos veinte años, han tenido conocimiento de la perversa política pública; sin embargo, no han tenido la voluntad ni la fortaleza de enfrentar a un grupo de interés (que a través del sobreprecio se beneficia en cientos de millones de dólares anuales) poderoso y con recursos suficientes para hacer muchas cosas como, por ejemplo, comprar conciencias, a pesar de que eso significara pasarles la factura a los más pobres de nuestra sociedad.

El presidente Chaves nos mostró que no hay que temer en hacer lo correcto, que es posible e incluso popular. Medidas como reducir sustancialmente el arancel, eliminar el oligopolio del fortalecimiento del grano, eliminar la fijación de precios y apoyar a los pequeños productores, no solamente son las más sensatas, sino además las más humanas. Las redes sociales revientan en agradecimientos al Presidente. Hay que agradecer a la ministra del MAG y al del MEIC por su valentía. También al licenciado Erick Ulate, de Consumidores de Costa Rica, quien ha levantado su voz a favor de los consumidores en este tema, y a muchas otras personas de bien que han escrito artículos y estudios y han realizado todo tipo de gestiones abogando por políticas públicas sensatas que beneficien a la mayoría de costarricenses, en especial a los consumidores de menos ingresos. ¡Gracias, Presidente, por comerse la bronca!