El costo psicológico del exilio latinoamericano.

La humanidad ha sido testigo constante de innumerables procesos migratorios. Migrar constituye una condición innata y consustancial al ser humano; un fenómeno inseparable de su expansión, presencia y poblamiento de cada rincón del planeta.

En lo que hoy denominamos América, la migración constituyó la semilla de su población originaria.

El poblamiento americano no debe entenderse como un acontecimiento único y lineal, sino como una compleja red de migraciones, adaptaciones ecológicas e interacciones humanas desarrolladas a lo largo de milenios. Constituye uno de los mayores procesos de expansión humana de la historia y el origen de una inmensa diversidad cultural y civilizatoria, de la cual emergieron pueblos como los mayas, mexicas, incas, taínos, chibchas y cientos de otras sociedades originarias.

Posteriormente, nuevas migraciones de origen europeo transformaron y amalgamaron gran parte de nuestras sociedades contemporáneas. Desconocer lo anterior equivale, en cierta medida, a desconocer lo que somos: cómo pensamos, nos alimentamos, nos relacionamos, reímos y lloramos.

Nada de ello nos resulta ajeno. Y la migración, dentro de nuestras propias realidades, jamás ha cesado.

Muchos regímenes autoritarios —a lo largo de nuestra historia común— han reivindicado incesantemente narrativas ancestrales cargadas de retórica y dirigidas a manipular al “pueblo” en beneficio de intereses profundamente personalistas. Rara vez se detienen a considerar las consecuencias humanas que sus políticas producen sobre sus propios nacionales. El anhelado triunfo de revoluciones y proyectos políticos, tanto de derecha como de izquierda, frecuentemente termina subordinado a los beneficios personales de dirigentes y estructuras militares, mientras incontables vejaciones recaen precisamente sobre aquellos pueblos que insistentemente dicen defender.

Me refiero particularmente a la salud mental de quienes, empujados por estructuras políticas de vocación autoritaria, se ven obligados a emprender nuevas migraciones en procura de preservar la vida, la dignidad y la posibilidad de un futuro que permita el desarrollo pleno e integral del individuo.

Vikram Patel, profesor de Harvard Medical School y una de las voces más influyentes en salud mental global, sostiene que la salud mental no consiste únicamente en la ausencia de trastornos, sino también en la capacidad de vivir con dignidad, mantener relaciones funcionales y desarrollar un propósito dentro del contexto social y económico de la persona. Su trabajo ha mostrado ampliamente cómo la desigualdad, la exclusión y la violencia estructural deterioran profundamente la salud mental de poblaciones desplazadas.

En particular, las migraciones motivadas por persecución política, dictaduras, violencia estatal, guerras o colapsos institucionales generan efectos psicológicos de enorme profundidad. El sufrimiento no proviene únicamente del hecho traumático inicial o del tránsito hacia lo desconocido, sino también de la incertidumbre prolongada: el miedo a la deportación, la imposibilidad de retornar, la pérdida del patrimonio, de la profesión, de la identidad y de los vínculos afectivos.

Incluso, hoy se habla de “trauma político” o “trauma psicosocial”, conceptos desarrollados especialmente en América Latina tras las dictaduras del Cono Sur y los conflictos armados centroamericanos. Ignacio Martín-Baró sostenía que ciertas heridas mentales son inseparables de la violencia política y social que las produce. Sobre ello dejó una reflexión profundamente vigente: “no basta con tratar individuos; hay sociedades enteras heridas”.

Pienso en haitianos, cubanos, venezolanos, colombianos, salvadoreños, nicaragüenses, argentinos, chilenos y tantos otros latinoamericanos que emprendieron una diáspora forzada hacia Norteamérica, Europa, Australia y otros rincones del mundo. Pienso también en las migraciones africanas que, para sobrevivir a gobiernos carniceros y estructuras estatales devastadas por la corrupción, la violencia y la guerra, se han visto obligadas a atravesar nuestra América en busca de una posibilidad mínima de vida digna.

Pero, ¿dimensionamos realmente el sufrimiento inmediato que implica un viaje a pie desde Venezuela hasta Estados Unidos? ¿Comprendemos cómo inicia un sufrimiento de semejante magnitud, cómo se agrava durante el peligroso y trágico trayecto emprendido y cómo se procesa cuando finalmente se arriba a un destino incierto, solo para descubrir que el padecimiento no termina? Máxime cuando el arribo coincide, precisamente, con el inicio de otra batalla: procurarse sustento, sobrevivir, evitar perecer en el intento y reconstruir, desde casi la nada, una vida emocional, familiar y material profundamente fracturada.

Una enorme proporción de migrantes y refugiados desarrolla síntomas importantes de ansiedad, depresión, estrés postraumático o duelo migratorio; sin embargo, solo una minoría recibe atención profesional efectiva. La Organización Mundial de la Salud reconoce que refugiados y migrantes presentan tasas significativamente más altas de trastornos mentales que las poblaciones receptoras, especialmente cuando han experimentado persecución, violencia política, desplazamiento forzado o travesías extremadamente peligrosas.

Una revisión sistemática sobre el uso de servicios de salud mental entre inmigrantes en Estados Unidos encontró que, entre migrantes con diagnóstico psiquiátrico, solo una proporción muy reducida logra acceder a atención especializada. En poblaciones latinas migrantes, la situación suele ser aún más compleja debido al miedo migratorio, la pobreza, las jornadas laborales extenuantes, las barreras idiomáticas, el estigma cultural, la ausencia de seguro médico y el temor constante a exponerse ante las autoridades.

Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York se reportó que solamente tres de cada diez latinos con depresión reciben tratamiento. Y aun esas cifras probablemente subestiman la verdadera dimensión del problema, porque innumerables migrantes jamás reciben un diagnóstico formal. Continúan trabajando, sobreviviendo y aparentando normalidad mientras cargan silenciosamente insomnio, ansiedad, depresión, culpa, miedo crónico y una profunda sensación de desarraigo. Eso es precisamente lo que algunos autores han denominado “normalización del sufrimiento migratorio”: el dolor psicológico termina percibiéndose como una consecuencia inevitable del trayecto y no como una herida humana que merece atención, dignidad y reparación.

Cabe preguntarse —siguiendo el ejemplo de la migración venezolana— sí, ante la eventual restauración de un gobierno democrático que restituya a dicha nación un verdadero régimen de derechos humanos y libertades civiles, sus nacionales migrantes podrían reclamar del propio Estado una reparación integral por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del exilio forzado y de la necesidad de abandonar su patria para preservar la vida, la dignidad y la posibilidad misma de un futuro?

Puede pensarse en litigios individuales; sin embargo, atendiendo a la magnitud de las debacles y fracasos de ciertos proyectos políticos contemporáneos, perfectamente resulta posible concebir acciones colectivas orientadas a vindicar innumerables lesiones, tanto en el plano material como en el ámbito de la salud mental y la integridad personal.

En términos generales, los presupuestos necesarios para la interposición de acciones reparatorias de esta naturaleza exigen la existencia de un daño cierto y evaluable, un nexo causal, la violación de derechos humanos reconocidos, la posibilidad jurídica de reclamar y la existencia de un hecho ilícito atribuible al Estado. El análisis de tales requisitos adquiere particular relevancia cuando resulta prácticamente evidente que, como consecuencia del profundo sismo sociopolítico experimentado, millones de personas pueden acreditar no solo el padecimiento sufrido, sino también su vinculación directa con políticas impulsadas por sucesivos gobiernos de vocación autoritaria.

Las actuaciones de dichos proyectos políticos obligan además a examinar contextos en los que innumerables nacionales han debido enfrentar persecución política, represión sistemática, desplazamientos forzados masivos e incluso posibles crímenes de lesa humanidad. Como puede apreciarse, no resulta menor el derecho que asiste a sociedades enteras para reclamar la reparación de graves daños a la integridad personal, psicológica, familiar y patrimonial, ocasionados por el quebrantamiento consciente y sostenido del pacto social y democrático que daba legitimidad al propio Estado.

En Latinoamérica millones de personas se han visto obligadas a abandonar su patria para preservar la vida, la libertad o la mera posibilidad de un porvenir. No estamos únicamente ante un fenómeno migratorio ni frente a simples estadísticas demográficas. Nos encontramos ante sociedades heridas, generaciones fracturadas y proyectos de vida interrumpidos por estructuras de poder que, al erosionar deliberadamente la dignidad humana, terminan comprometiendo no solo la responsabilidad política de un régimen, sino también su eventual responsabilidad histórica, moral y jurídica frente a quienes fueron expulsados de su propia tierra.

“La pérdida de un hogar significa la pérdida de la textura de la vida”, nos recordará siempre Hannah Arendt.

Raúl Alexánder Camacho Alfaro

Abogado