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Por Bernal Rodríguez González
Economista y Presidente de CANABUS
El reciente boletín de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) sobre las rutas de autobús abandonadas revela una realidad que va más allá de los números: la descoordinación institucional tiene un costo social y económico que asumen los empresarios y las comunidades.
Según el informe, el 95% de las rutas abandonadas se ubican en zonas rurales, principalmente en las regiones Chorotega y Huetar Brunca. Allí, los servicios desaparecieron por falta de esquemas operativos actualizados, tarifas congeladas por más de 15 años y deterioro de la infraestructura vial. En el 67% de los casos, ARESEP no puede fijar tarifas porque el Consejo de Transporte Público (CTP) no ha renovado las condiciones de operación. En consecuencia, las empresas enfrentan un laberinto regulatorio que inhibe la inversión, castiga la eficiencia y deja sin servicio a miles de personas.
El costo del desorden
Cuando las instituciones no se coordinan, el costo no desaparece: simplemente cambia de manos. Lo pagan los empresarios, que deben sostener rutas con tarifas inviables y unidades envejecidas; y lo pagan las comunidades, que pierden su principal medio de conexión con centros de salud, educación y empleo.
ARESEP señala que los viajes en autobús se destinan principalmente a compras (31%) y servicios de salud (25%), evidencia de la dependencia del transporte público en la vida cotidiana rural. Sin embargo, ante el abandono de rutas, el 58% de los usuarios ha optado por vehículos propios o motocicletas, lo que aumenta los costos familiares y el impacto ambiental.
El desafío del futuro
El transporte público no puede seguir operando con reglas del pasado. El país necesita una arquitectura moderna de movilidad, basada en información, tecnología y coordinación interinstitucional. ARESEP ha dado pasos importantes al modificar su metodología tarifaria para reactivar rutas sin operador, pero ese esfuerzo será insuficiente sin la actualización de los esquemas operativos del CTP y sin la participación activa de los gobiernos locales.
El futuro del sistema depende de tres ejes:
- Gobernanza: articular a las instituciones bajo un mismo marco estratégico.
- Sostenibilidad financiera: crear tarifas que reflejen costos reales y promuevan eficiencia.
- Calidad de servicio: incorporar herramientas tecnológicas como el pago electrónico e indicadores de desempeño del sistema.
Hacia un nuevo pacto por la movilidad
Costa Rica necesita un pacto nacional por la movilidad, donde el transporte público deje de ser una suma de rutas dispersas y se convierta en un sistema integrado, planificado y transparente. Las comunidades rurales no deben seguir siendo víctimas del rezago, ni los empresarios los únicos que sostienen un servicio esencial con márgenes mínimos.
Si el país logra coordinar sus instituciones y alinear sus incentivos, podrá transformar el abandono en progreso, y devolverle al autobús su papel histórico: unir al país, impulsar la economía y conectar el desarrollo con la gente.
