Consumo cuidado
| Sábado 06 octubre, 2012
Consumo cuidado
Todos somos consumidores, todos los días y de al menos un servicio o mercadería. Comprar un atún en la pulpería o tomar un bus nos vuelve consumidores. Aun quedándonos un día entero sin salir de casa, consumimos. Por eso la aprobación de las reformas a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor nos atañe, nos beneficia.
Consumir no es vivir, pero no se puede vivir sin consumir, aunque sean productos esenciales y básicos. Veamos algunos de los cambios más relevantes. Esta reforma amplía el ámbito de su aplicación a agentes de servicios públicos mediante concesión, por lo que estas reglas se aplicarán a líneas aéreas y distribuidores de gas, hasta ahora excluidos. Se introduce una nueva práctica monopolística: el acuerdo entre competidores para “rehusarse a comprar o a vender bienes o servicios”, con lo cual se previene que la gente resulte afectada por esos pactos. Además se tipifican prácticas prohibidas en la mayoría de legislaciones de competencia: la negativa de trato, la discriminación de precios y el incremento de costos a competidores.
Aumentan los poderes de la Comisión de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (en adelante la Comisión), facultada para visitar e inspeccionar establecimientos (previa autorización judicial) y lograr acuerdos para finalizar anticipadamente investigaciones; o sea, acciones más directas, enérgicas y rápidas para limitar y eliminar prácticas que perjudiquen a los clientes. El mercado, entendido como ese gran entramado de relaciones comerciales, de proveedores, compradores, vendedores y diversos agentes, por su complejidad, desarrolla distorsiones que se corregirán con estas reformas, pues ahora tenemos instrumentos contra las prácticas monopolísticas, abusos de poder, coerción y condiciones leoninas en los contratos entre proveedores, distribuidores y supermercados. Y entre los aspectos más sensibles: se fortalece la participación en el mercado de los pequeños y medianos productores industriales, y se dan mejores herramientas al consumidor para defenderse de monopolios.
La reforma busca que los consumidores tengamos mayores derechos, reglas claras, frente a los importadores de productos y al gran comercio, sin que sea un desestímulo para el comercio. Se trata de que el comercio honrado no afecte al consumidor de buena fe; así, se fortalece la capacidad institucional de la Comisión para promover la efectiva competencia y combatir prácticas monopolísticas. Estarán prohibidas conductas de empresas con poder de mercado en prejuicio de sus proveedores, generalmente pequeñas empresas, como la imposición de formas de pago diferentes a la costumbre comercial bajo amenaza de ruptura, o exigencia de modificar la marca comercial propia como requisito para comercializar bienes.
La reforma aprobada busca un mercado más justo, más limpio y sano. Que empresarios y consumidores tengan reglas claras y sensatas; porque la madre cabeza de familia que recorre el súper merece no solo un precio justo, además un mercado que la proteja y comprenda. Esta reforma es un paso cultural en un espacio comercial de intercambio de bienes, servicios y dinero, para no vivir en la jungla del más fuerte, sino en una civilización donde ganar más y obtener un lucro razonable, no sea sinónimo de dañar a los compradores. Porque por más que escuchemos frases como “guerra de precios” o disputas publicitarias, el comercio no es guerra, es convivencia.
Fabio Molina
Diputado
Jefe de Fracción del PLN
Todos somos consumidores, todos los días y de al menos un servicio o mercadería. Comprar un atún en la pulpería o tomar un bus nos vuelve consumidores. Aun quedándonos un día entero sin salir de casa, consumimos. Por eso la aprobación de las reformas a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor nos atañe, nos beneficia.
Consumir no es vivir, pero no se puede vivir sin consumir, aunque sean productos esenciales y básicos. Veamos algunos de los cambios más relevantes. Esta reforma amplía el ámbito de su aplicación a agentes de servicios públicos mediante concesión, por lo que estas reglas se aplicarán a líneas aéreas y distribuidores de gas, hasta ahora excluidos. Se introduce una nueva práctica monopolística: el acuerdo entre competidores para “rehusarse a comprar o a vender bienes o servicios”, con lo cual se previene que la gente resulte afectada por esos pactos. Además se tipifican prácticas prohibidas en la mayoría de legislaciones de competencia: la negativa de trato, la discriminación de precios y el incremento de costos a competidores.
Aumentan los poderes de la Comisión de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (en adelante la Comisión), facultada para visitar e inspeccionar establecimientos (previa autorización judicial) y lograr acuerdos para finalizar anticipadamente investigaciones; o sea, acciones más directas, enérgicas y rápidas para limitar y eliminar prácticas que perjudiquen a los clientes. El mercado, entendido como ese gran entramado de relaciones comerciales, de proveedores, compradores, vendedores y diversos agentes, por su complejidad, desarrolla distorsiones que se corregirán con estas reformas, pues ahora tenemos instrumentos contra las prácticas monopolísticas, abusos de poder, coerción y condiciones leoninas en los contratos entre proveedores, distribuidores y supermercados. Y entre los aspectos más sensibles: se fortalece la participación en el mercado de los pequeños y medianos productores industriales, y se dan mejores herramientas al consumidor para defenderse de monopolios.
La reforma busca que los consumidores tengamos mayores derechos, reglas claras, frente a los importadores de productos y al gran comercio, sin que sea un desestímulo para el comercio. Se trata de que el comercio honrado no afecte al consumidor de buena fe; así, se fortalece la capacidad institucional de la Comisión para promover la efectiva competencia y combatir prácticas monopolísticas. Estarán prohibidas conductas de empresas con poder de mercado en prejuicio de sus proveedores, generalmente pequeñas empresas, como la imposición de formas de pago diferentes a la costumbre comercial bajo amenaza de ruptura, o exigencia de modificar la marca comercial propia como requisito para comercializar bienes.
La reforma aprobada busca un mercado más justo, más limpio y sano. Que empresarios y consumidores tengan reglas claras y sensatas; porque la madre cabeza de familia que recorre el súper merece no solo un precio justo, además un mercado que la proteja y comprenda. Esta reforma es un paso cultural en un espacio comercial de intercambio de bienes, servicios y dinero, para no vivir en la jungla del más fuerte, sino en una civilización donde ganar más y obtener un lucro razonable, no sea sinónimo de dañar a los compradores. Porque por más que escuchemos frases como “guerra de precios” o disputas publicitarias, el comercio no es guerra, es convivencia.
Fabio Molina
Diputado
Jefe de Fracción del PLN