El papel que desempeñan las entidades financieras en el desarrollo económico es incuestionable. A través del financiamiento de vivienda, capital de trabajo, consumo, infraestructura y proyectos productivos, movilizan recursos que impulsan la inversión, generan empleo y dinamizan la actividad económica.
Tradicionalmente, las entidades financieras han sido asociadas principalmente con indicadores como la rentabilidad, la solvencia, la eficiencia o las tasas de interés que ofrecen. Sin embargo, cada vez somos más conscientes, como sociedad, de que su función trasciende los resultados financieros: también están moldeando la economía del futuro. Las decisiones sobre qué proyectos, empresas o actividades reciben financiamiento generan efectos económicos, sociales y ambientales que repercuten en toda la sociedad.
Su impacto, además, va mucho más allá del crédito. Mediante la educación financiera, el acompañamiento a sus clientes y la promoción de una cultura de ahorro e inversión responsable, contribuyen a que las personas y las empresas adopten mejores decisiones económicas.
En esencia, eso es la banca ética o en sentido más amplio finanzas éticas.
Recientemente, durante la celebración del 60.º aniversario de Coopenae, tuve la oportunidad de escuchar a Joan Antoni Melé, uno de los principales impulsores de la banca ética y la economía consciente en Europa y Latinoamérica. Melé plantea una reflexión tan sencilla como poderosa: "¿A quién sirve mi dinero mientras yo no lo estoy utilizando?". La mayoría de las personas pregunta cuánto rendimiento obtendrá por sus ahorros; muy pocas se preguntan qué hace realmente la entidad financiera con esos recursos.
La banca ética parte precisamente de ese cambio de perspectiva. Las entidades financieras siguen y seguirán haciendo lo mismo: captan depósitos, administran riesgos y conceden créditos. La diferencia radica en un principio fundamental, la rentabilidad no puede ser el único criterio para decidir dónde se coloca el dinero pues están ayudando a construir el país y la sociedad del mañana.
En este modelo, los recursos se orientan hacia actividades que generan valor económico, social, cultural y ambiental, mientras se excluyen aquellas que deterioran el medio ambiente, vulneran los derechos humanos o provocan impactos negativos para la sociedad. A ello se suma un segundo principio igualmente relevante: la transparencia. Los ahorrantes deben conocer el destino de sus recursos, porque, al fin y al cabo, el dinero administrado por las entidades financieras pertenece a sus clientes y no a la institución.
La verdadera pregunta, entonces, no es si el sistema financiero influye en el desarrollo del país, sino qué tipo de economía está contribuyendo a construir.
En América Latina esta reflexión adquiere una relevancia aún mayor. La región enfrenta profundas brechas de desigualdad, elevados niveles de exclusión financiera y rezagos en educación financiera. Según la OCDE, en su informe Movilidad social y desigualdad en América Latina y el Caribe, la región continúa siendo la más desigual del mundo: en 2024, el 10 % de mayores ingresos percibía rentas doce veces superiores a las del 10 % más pobre.
En Costa Rica, la Encuesta Actualidades 2025 realizada por la UCR señaló que el 24,7 % de los hogares consultados se quedó sin dinero para cubrir gastos básicos en los últimos 12 meses y el estudio concluye que “hoy el endeudamiento en Costa Rica funciona como un sustituto del ingreso, y refuerza la vulnerabilidad de los hogares ante posibles aumentos en tasas de interés o cambios en las condiciones crediticias”.
La pregunta, entonces, ya no es si las entidades financieras deben actuar con ética. La verdadera pregunta es si una sociedad que aspira a un desarrollo sostenible puede permitirse un sistema financiero que ignore el impacto de sus decisiones. Porque, al final, la Costa Rica que tendremos mañana dependerá, en buena medida, de la Costa Rica que decidamos financiar hoy.
Anelena Sabater,
Economista





































