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Las empresas que operan en Costa Rica ya no pueden considerar los delitos como un asunto que corresponde únicamente a las personas que los cometen.
Desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 9699, las compañías también pueden enfrentar responsabilidad penal cuando determinadas conductas ocurren en su nombre, por su cuenta o en su beneficio.
Esto hace necesario que las organizaciones conozcan los riesgos de su actividad y establezcan medidas para prevenir situaciones que puedan terminar en investigaciones, multas u otras sanciones.
Ahí entra el compliance penal, un conjunto de medidas que ayuda a una empresa a identificar posibles problemas, establecer reglas claras y actuar cuando se detecta una irregularidad.
No se trata simplemente de tener un reglamento o un código de conducta, sino de integrar estas medidas en las actividades diarias de la compañía, de manera que los colaboradores conozcan las reglas, los responsables supervisen su cumplimiento y existan mecanismos para reportar e investigar posibles faltas.
La Ley N.° 9699 aplica a personas jurídicas privadas costarricenses y extranjeras que tengan presencia u operaciones en el país, así como a determinadas empresas públicas y otras organizaciones con capacidad jurídica.
Algunas compañías pueden estar más expuestas que otras, especialmente aquellas que trabajan con instituciones públicas, participan en contrataciones, utilizan intermediarios o mantienen relaciones con numerosos proveedores y socios comerciales.
Los riesgos tampoco se limitan a lo que haga el dueño o representante legal. Dependiendo de las circunstancias, una empresa puede enfrentar responsabilidad por acciones de personas que toman decisiones en su nombre, tienen funciones de control o trabajan bajo su autoridad.
Por eso, las medidas de prevención deben adaptarse a cada negocio.
Una constructora, un banco, una empresa tecnológica o una compañía exportadora no enfrentan necesariamente los mismos riesgos ni necesitan los mismos controles.
El primer paso consiste en identificar cuáles son las situaciones que podrían generar problemas.
A partir de ahí, la empresa puede establecer reglas y procedimientos específicos.
Entre las medidas que puede implementar están los códigos de conducta, controles sobre pagos y registros contables, canales para presentar denuncias, revisiones internas, capacitación de los colaboradores y procesos para conocer mejor a proveedores, socios e intermediarios.
También es importante que estas medidas se revisen periódicamente.
Tener documentos que nadie conoce o aplica no garantiza que la empresa esté preparada para prevenir una conducta irregular.
La legislación contempla además posibles beneficios para las compañías que hayan adoptado y aplicado un modelo de prevención.
En determinadas circunstancias, contar con estas medidas puede ser considerado como un factor que reduzca la pena hasta en un 40%.
Esto no significa que tener un programa de compliance evite automáticamente una sanción.
Su objetivo es reducir las posibilidades de que ocurra un delito y demostrar que la empresa tomó medidas para prevenirlo, detectarlo y actuar ante una alerta.
Una infracción puede tener consecuencias importantes, ya que la ley contempla multas de entre mil y diez mil salarios base, además de otras sanciones que dependerán de cada caso.
A esto se pueden sumar costos derivados de investigaciones, afectaciones a las relaciones comerciales y daños a la reputación de la compañía.
Para las empresas, prevenir estos escenarios también puede significar una mejor organización interna.
En este contexto, el cumplimiento deja de ser únicamente una tarea del área legal y pasa a formar parte de la gestión cotidiana del negocio.
Con el objetivo de integrar estas medidas a la operación y convertirlas en una herramienta de protección frente a posibles riesgos, la firma PARTNER brinda acompañamiento a empresas en el diseño, revisión e implementación de modelos de prevención penal.
“Hoy las empresas no pueden limitarse a reaccionar cuando el problema penal ya se presentó. El verdadero valor del compliance penal está en anticiparse al riesgo, ordenar la estructura interna y demostrar que la compañía cuenta con una cultura real de legalidad, transparencia y control”, dijo Ricardo Murillo, socio y director del Departamento de Litigio de PARTNER.
