“Cerrar instituciones debe incluirse en Ley del Empleo Público”, empresarios

Cerrar instituciones duplicadas, o que ya cumplieron su ciclo, y establecer un salario único para todos los funcionarios estatales son acciones que deben incluirse en la nueva Ley de Empleo Público que presentará Carlos Alvarado al Congreso antes de terminar el año, según el sector empresarial.

La idea es que la normativa sirva para acabar con las disparidades salariales de hasta ¢3 millones que hoy reporta la Contraloría para puestos profesionales que cumplan una misma labor.

Con el cierre de dependencias que ya no se requieren, se ahorrarían miles de millones al año de manera inmediata, lo cual ayudaría al Estado a mitigar el déficit fiscal; o bien, a hacer más baratos los servicios que brinda el Estado.

En el caso del establecimiento de un mismo salario, se lograría un ahorro paulatino mientras se vayan pensionando los trabajadores con más anualidades, ya que no se podrían cortar los incentivos al tratarse de derechos adquiridos.

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Por otra parte, un sistema de evaluación eficiente que promueva la excelencia en el sector público es otra de las demandas, siempre y cuando se establezcan sanciones para las instituciones e individuos que no cumplan con la evaluación de desempeño, según Gonzalo Delgado, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada.

Las propuestas surgen varios días después de que los diputados decidieran congelar el proyecto inicial que presentó el Gobierno, al considerar que no acababa con las disparidades salariales, y que más bien se podrían complicar las cosas.

En ese sentido, el nuevo proyecto de ley llegaría al Congreso antes de finalizar el año, según comunicó el propio presidente.

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El plan inicial del Gobierno establecía un salario único, un sistema de evaluación estándar – no descrito en la ley – y la posibilidad de despedir a los funcionarios públicos que obtuvieran dos notas inferiores a 70 en su calificación de desempeño de manera consecutiva.

La intención era ahorrar unos ¢55 mil millones al año, al sustituir paulatinamente a los trabajadores actuales que se vayan pensionando -llenos de pluses y otros beneficios– por otros funcionarios sin tantos incentivos.

Sin embargo, ese ahorro se daría a partir del 2039, lo cual significaba poco avance si se considera que hoy día el presupuesto es de ¢10 billones.

Es evidente que un país que tiene un déficit fiscal importante, que una parte del presupuesto ordinario se financia mediante deuda pública y que debe destinar gran cantidad de los recursos del presupuesto al pago de intereses de deuda debe buscar la eficiencia en el sector público y evitar, a toda costa, la duplicación de funciones por parte de instituciones.

Por otra parte, se deben equiparar, en la medida de lo posible, los salarios de los funcionarios para puestos similares, dado que actualmente es posible encontrar grandes diferencias.

El monto del ahorro debe ser el máximo posible, pero sin atropellar los derechos adquiridos.

Enrique Egloff

Presidente

Cámara de Industrias

Lo que conviene es una reestructuración para evitar la duplicación y fomentar la productividad.

Existen varias áreas que han sido consideradas objeto de reforma institucional como lo son las referidas a la construcción de obra pública (Mopt, Conavi, CNC, Cosevi); por supuesto, toda el área de asistencia social con más de 23 instituciones manejando programas, también en el sector público relacionado con vivienda (Ministerio de Vivienda, Banhvi, INVU) y también se tendría que avanzar con posibles reformas institucionales en el apoyo de los sectores productivos, particularmente en el sector agropecuario (MAG, CNP, Incopesca, Inder).

Gonzalo Delgado

Presidente

Uccaep

Es importante proponer un salario único, evaluar el desempeño como requisito para la asignación de beneficios, reclutar con base en la idoneidad comprobada y el establecimiento de un tope máximo de salarios para jerarcas.

Sin embargo, es relevante establecer un adecuado sistema para medir la eficiencia en la función pública.

Establecer multas, procedimientos o sanciones asociadas al incumplimiento de la ley también es fundamental.

El objetivo de la ley debe ser regular la materia de empleo público y asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de bienes y servicios públicos, lo cual el sector privado productivo ve con buenos ojos, pues actualmente existen grandes diferencias entre las remuneraciones del sector público y las del sector privado.

Alonso Elizondo

Director ejecutivo

Cámara de Comercio

Una ley de empleo debe incluir la creación de las categorías de puestos y un salario global que debe estar relacionado con la productividad de cada trabajador. Además, debe hacer evaluación por desempeño y la eliminación de cualquier “plus” automático.

Los mayores impactos salariales, desde el punto de vista fiscal, provienen de instituciones que no están en el Gobierno Central.

En ese sentido, urge ordenar el régimen de empleo público, y que cuando las negociaciones con trabajadores impacten las finanzas públicas, se pase por el aval de Hacienda, y si impacta tarifas de servicios, deben ser publicadas antes.

Kattia Madrigal

Directora de Investigación y Desarrollo Técnico

Cámara de la Construcción

Deberíamos avanzar hacia un marco unificado, y que las únicas excepciones sean las instituciones descentralizadas que están en mercados abiertos a la competencia.

Es necesario promover una discusión más amplia de este tema, y con participación del sector privado, como usuario de los servicios que brindan los funcionarios públicos y teniendo en cuenta que los impuestos que financian esos salarios provienen del pago de impuestos.

Reformar las remuneraciones del empleo público para que correspondan a la realidad fiscal del país es un complemento indispensable.